Metales Pesados
Tryno Maldonado
En el sureste mexicano tiene lugar desde hace años una guerra de baja intensidad. Existe una estrategia sistemática de contrainsurgencia contra las comunidades originarias que construyen otros modos de vida digna, que trabajan en el desarrollo de sus autonomías y ejercen su libre determinación.
En mayo de 2019, a escasos cinco meses de iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se hizo pública la denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos sobre el aumento de la militarización en territorios zapatistas, especialmente en la región de la Selva Lacandona. Recién habían transcurrido cinco años de la ejecución extrajudicial del maestro zapatista Galeano en la comunidad de La Realidad durante una incursión paramilitar armada. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) responsabilizó de dicho ataque a grupos vinculados con el entonces partido en el gobierno estatal, el Verde Ecologista de México (PVEM).
El Frayba, mediante la documentación en campo permanente que realizan las Brigadas Civiles de Observación, registró que “desde fines de 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército Mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno zapatista Hacia la Esperanza, en el caracol La Realidad (municipio oficial de Las Margaritas)”. Las Brigadas Civiles de Observación registraron 19 patrullajes terrestres “con soldados armados con metralletas” y cinco sobrevuelos de helicópteros de enero a abril de 2019; todo esto ya en los primeros meses de la administración de López Obrador. Esto representa un aumento considerable en las movilizaciones militares en ese último mes, según el mismo centro de derechos humanos.
“Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los pueblos originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población”, a decir del Frayba.
El 23 febrero de este año, tanto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron en un comunicado que compañeros y compañeras del CNI del municipio de Chilón, Chiapas, “fueron violentados, reprimidos y secuestrados” por autoridades ejidales de San Antonio Bulujib pertenecientes a los grupos paramilitares de los Chinchulines, la Orcao e integrantes del partido Morena en la región.
Y apenas el pasado 22 de agosto, una comunidad autónoma zapatista nuevamente fue blanco de ataques paramilitares. El centro de comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris en el crucero de Cuxuljá, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, fue saqueado e incendiado. El ataque estuvo a cargo de un grupo de paramilitares pertenecientes a la Organización de Cafeticultores de Ocosingo, conocido como Orcao. Este reciente atentado se inscribe en un contexto de constantes agresiones contra las comunidades zapatistas.
La apuesta de las comunidades zapatistas ha sido desde siempre por modos de vida que superan la esquemática imaginación política de los partidos y los gobiernos capitalistas, por lo que se han vuelto modélicos y un referente de resistencia en el mundo. Su expansión en ámbitos como la educación, salud y seguridad –que el Estado capitalista les ha negado por generaciones–, así como su despliegue territorial en los últimos años, es una piedra en el zapato para los intereses extractivistas y de despojo de los partidos políticos y los grandes capitales a los que responden. O, como escribió Raúl Zibechi sobre la organización y el autocuidado ejemplares de las comunidades indígenas ante el abandono del Estado mexicano durante la pandemia de Covid-19: “Cuando el Estado es poco más que un miserable espectro genocida, los recursos de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfermedades”.
En el comunicado “Entre la luz y la sombra” del EZLN, publicado en mayo de 2014, puede leerse: “En lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida”.
El grado de democratización de los gobiernos capitalistas que se hacen pasar por izquierdas hoy en día, puede medirse por su respuesta ante los brotes de estos dignos ejercicios de autonomías desde los muchos abajos. Y está claro que éste, un gobierno que lleva por estandartes megaproyectos neoliberales de despojo y en beneficio de capitales extranjeros –como el mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico–, es un gobierno de doble rasero: coopta los símbolos de los pueblos indígenas ante los grandes públicos, pero los reprime y violenta cuando no hay público ni cámaras.
Por todo esto, exigimos un alto a la guerra sistémica contra las comunidades indígenas y zapatistas que construyen cotidianamente otros modos de vida bajo su libre derecho de autodeterminación.
