Ciudad de México y Coyuca de Benítez, Guerrero, a 30 de junio de 2025.- El día en que visitó a su hermano Antonio en el Centro de Rehabilitación Social Varonil de Atlacholoaya, en Morelos, poco después de su detención en 2001, Nelly Barragán Carrasco lo encontró con los pies morados y las uñas de los pies negras por las agujas que le habían enterrado durante las torturas. Él, que había sobrevivido a la masacre de 17 campesinos cafetaleros por la policía del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, no podía ni caminar.
La también activista e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) habla con El Sur de aquellos días, cuando participaban en la defensa de su territorio y tuvieron que enfrentar las consecuencias de afectar intereses de talamontes, caciques y políticos de Guerrero.
Entre 2001 y 2018, de acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, Guerrero perdió más de 239 mil hectáreas de bosque. Una de las principales causas es la tala clandestina, seguida por la urbanización del estado. Para comparar la dimensión de la catástrofe: la extensión total de Ciudad de México es de poco menos de 150 mil hectáreas.
Entre las primeras acciones de la Organización Campesina de la Sierra del Sur estuvo el bloqueo de los camiones de carga que trasladaban la madera desde la sierra hacia la capital del estado. No querían, dicen ahora, que se les arrebataran sus recursos naturales y que sus pueblos se quedaran sin agua, sin tierra fértil, sin café y sin paisaje.
Luego de la matanza en Aguas Blancas, la OCSS enfocó todos sus esfuerzos y recursos a exigir justicia por los 17 agricultores asesinados, a lo que el gobierno respondió con una persecución que obligó a huir de las sierras de Atoyac y Coyuca de Benítez a decenas de familias, entre ellas la de los Barragán.
A la fecha, han sido asesinados, uno a uno, 36 integrantes de la OCSS en circunstancias nunca esclarecidas, y desaparecido a otros.
A cuatro de sus militantes les han fabricado delitos –como a Antonio Barragán–, obligando a los restos de la organización a luchar por su liberación y por la exigencia de justicia de tres décadas enteras de agravios, dejando atrás las demandas originales.
“Preguntaban cómo se llamaba mi mamá”
–Mi padre nunca estuvo de acuerdo en que participáramos con la OCSS: tenía miedo de que algo así nos pasara –cuenta Nelly desde su residencia actual, en el estado de Morelos–. Pero los ocho hijos decidimos hacerlo. Sobre todo mis hermanos: Antonio, Ramiro y Leonel. Ellos se metieron a fondo y los tres estuvieron en Aguas Blancas hace 30 años. Sobrevivieron.
Pero a partir de entonces la familia Barragán ha sido objeto de persecución. El hostigamiento se agudizó luego de la detención de Antonio, preso desde hace 24 años en el penal de Atlacholoaya, en Morelos.
Durante años, recuerda Nelly, hombres vestidos de mezclilla llegaban a preguntar por sus nombres, seguían a su padre a su trabajo y hostigaban a su madre. “Preguntaban cómo se llamaba mi mamá, todo el tiempo”.
La presión fue tan fuerte que su madre dejó de dormir en la casa familiar durante años, refugiándose con vecinos.
Las académicas Evangelina Sánchez Serrano y Claudia Rangel Lozano, entre otros investigadores, han calificado la masacre de Aguas Blancas como un caso “con rasgos genocidas”, pues los asesinatos relacionados con los hechos del 28 de junio de 1995, que han continuado hasta ahora, se han enfocado en un grupo político en específico, cuyos integrantes, por añadidura, son en su mayoría de origen indígena.
La situación de Antonio ejemplifica cómo el patrón de violencia estatal se ha centrado en ciertas familias guerrerenses y cómo sus consecuencias trascienden ya varias generaciones.
Leonel Barragán, hermano de Antonio, fue asesinado hace tres años en el municipio de Xaltepec, Morelos, donde la familia se refugió al ser desplazada de Tepetixtla. “Lo mataron cuando iba al trabajo”, relata Nelly. Nunca hubo investigación.
Con el tiempo la masacre se fue extendiendo y rebasó a los miembros de la OCSS al alcanzar a sus círculos de solidaridad y apoyo material: en 2017 fueron asesinados Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio y su compadre Arturo Pineda. Hernández Acevedo, fundador del PRD y de la Organización Indígena y Campesina Vicente Guerrero, llegó a ser diputado en 1995: fue una de las personas que impulsaron con más fuerza la destitución del entonces gobernador Rubén Alcocer, señalado como responsable de la masacre.
Un extraño en las visitas familiares del domingo
El caso de Antonio Barragán es paradigmático por la forma de operar del entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York, Estados Unidos, por delincuencia organizada.
A través de personajes civiles como Isabel Miranda de Wallace o Eduardo Margolis, en la era de García Luna se fabricaron decenas de culpables. Antonio fue uno de ellos: lo acusaron de secuestrar y matar a la hija del empresario Eduardo Gallo, así como de asesinar también a sus secuestradores, sus presuntos cómplices. Fue el propio empresario quien lo detuvo extrajudicialmente, lo torturó y lo encarceló.
Nelly piensa que este personaje se prestó a la manipulación o le hizo un favor a García Luna para continuar el propósito del que era gobernador de Guerrero en 1995, Rubén Figueroa Alcocer, de eliminar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, bajo la falsa acusación de que se trataba de guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Eduardo Gallo y Tello no sólo torturaba personalmente a Antonio Barragán, dice su hermana Nelly, sino que estuvo presente en la cárcel durante más de un año en las visitas familiares, los domingos.
–Una de las primeras veces (Eduardo Gallo) le llamó a mí mamá y le dijo que qué hacía allí, que él no la quería ver allí. Que ella le tendría que pedir perdón de rodillas a él. Eso le dijo: le pidió que se arrodillara. Cuando le preguntamos por qué, dijo: “¿Qué, no sabe lo que hizo su hijo?”. Esa vez yo sí le contesté: “Mire, señor, nosotros somos justos, nosotros somos enemigos de la injusticia. Nosotros pensamos que quien la hace debe pagarla. Y usted no tiene ninguna prueba de que mi hermano sea culpable. Ni una sola. Porque él es inocente”. Eso le dije, pero con muchas groserías, la verdad. Porque estaba humillando a mi madre.
El miedo que todavía sigue presente
Las secuelas de Aguas Blancas duran hasta la fecha. Nelly, como la mayoría de sus familiares, no ha podido regresar a Tepetixtla desde 1996, cuando salieron del estado huyendo de la persecución. Cuando su abuela murió en Guerrero, no pudieron ir al funeral.
Los primeros años, además, sufrieron la vigilancia de vecinos y extraños. Sus hermanos trabajaron de albañiles o en parcelas ajenas. Las mujeres, en labores de limpieza. La vida tranquila de acabó. Nunca regresó.
Y aunque Antonio perdió a su hijo, a su esposa –que se separó de él– y su libertad, todos los días se comunica con su madre y sus hermanos, comenta Nelly. Ella lo admira por eso. Y por su temple, por la fuerza de mantenerse en pie y luchar, después de 24 años, por su libertad.
En cuanto a Nelly, todavía no logra adaptarse al clima de Morelos y la falta de trabajo, que junto con el miedo, todavía marcan el ritmo de sus días.
Es como si Aguas Blancas no hubiera sucedido hace tres décadas. Como si continuara hasta hoy.
El padre de Antonio y Nelly está perdiendo la memoria y apenas los reconoce.
Ella hace el recuento: en 1995, el mismo año de la masacre, sobrevivió a una balacera. Leonel fue asesinado. A Antonio le fabricaron un delito y lleva 24 años preso, aparte de que le mataron a un hijo suyo hace un año en circunstancias que nunca se aclararon.
“Si él nos quiere matar, nos va a matar donde sea”
La mañana del pasado sábado más de 20 familiares de Antonio Barragán se dieron cita en el vado de Aguas Blancas para participar en el acto conmemorativo por el 30 aniversario. Primas, hermanas, tías, sobrinas e incluso bebés recién nacidos cargaron mantas y carteles con el rostro de Antonio. Por ejemplo, Ana María Sánchez Carrasco y Petra Sánchez Carrasco, quienes evitan ser entrevistadas, no por falta de ganas, sino porque la emoción les atraviesa la garganta aun ahora.
–Es que, de verdad, no tiene nombre lo que le hicieron a mi primo –se excusa Ana María apretando los labios y con lágrimas en los ojos.
Quien sí acepta hablar es Macrina Policarpo, prima de Antonio y también sobreviviente de Aguas Blancas. Hace casi 10 años ella también estuvo presa en el penal de Atlacholoaya y hace apenas unos años sufrió el asesinato de su hija y de su sobrina. Durante 15 años, ella era quien más visitaba a Antonio en la cárcel. Es una de las pocas personas que sobrevivieron Aguas Blancas que se atrevió a regresar a Tepetixla, donde trabaja en una tienda.
–A la fecha, Antonio sufre muchas secuelas de las torturas que vivió –dice a El Sur–. Él no puede caminar bien por los golpes en los pies y por las agujas que le enterraban en los dedos. Y tiene un dolor permanente en las costillas, por los golpes o por las descargas eléctricas. Se queja todo el tiempo de eso. Dice que no lo aguanta y no lo deja respirar. A cada rato, además, le duele la cabeza.
Macrina explica que muchos de los familiares de Antonio, los Barragán, los Carrasco, decidieron irse a Estados Unidos debido a la persecución en el estado.
Hoy es Nelly, la hermana de Antonio, quien lo visita cada sábado o domingo en el penal. El resto de la familia aporta económicamente para su sustento: les cuesta alrededor de 4 mil pesos al mes, sólo en alimentos que le llevan semana a semana.
–La comida que sirven en el penal es un asco, parece que la hacen para que las personas allí se enfermen –dice Macrina–. Y tampoco les dan medicamentos o atención médica. Todo eso lo tenemos que poner nosotros, como familia.
–¿Han tenido noticias de Eduardo Gallo, su torturador?
–No, no sabemos dónde está. Sabemos que está libre. Yo me acuerdo que lo llegué a ver en las audiencias y en las visitas. Paseándose con toda la prepotencia del mundo, dando órdenes a todos como si fuera el jefe. Pero no le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo al señor. Si él nos quiere matar, nos va a matar donde sea. Entonces, ¿para qué tener miedo?
“Sin justicia no hay transformación posible”
–Viendo todo esto, ¿tú lo volverías a hacer? –se le pregunta a Nelly–. ¿Volverías a sumarte a la Organización Campesina de la Sierra del Sur?
–Yo digo que sí. ¿Te imaginas si no nos hubiéramos organizado cómo nos hubiera ido? Por mi parte, yo digo que volvería a hacer lo mismo o que hasta me pondría ahora sí que más cabrona para que no nos picoteara así el gobierno como lo hizo. Yo sí, sí lo volvería a hacer. Apenas ahora estaba platicando con mi madre, que está ya muy enferma de un pulmón y no puede desplazarse mucho. Pero ella quisiera estar allí en el acto conmemorativo, con los compañeros. Ella quiere estar allí.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur exige la liberación de Antonio Barragán por medio de un indulto presidencial, así como el castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas y el resto de los crímenes relacionados. Sin justicia, dicen, no hay transformación posible.
