El presidente Peña no tiene voluntad de crear una Comisión de la Verdad, lo que busca es retrasar el cumplimiento de la sentencia del tribunal en lo que termina su mandato, “nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”, dice el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Texto: Alina Navarrete Fernández / Foto: Agencia Reforma
Chilpancingo, Guerrero, 26 de junio de 2018. Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.
