EDITORIAL
El caso Ayotzinapa es un doble agravio para la sociedad por la tragedia de la desaparición de los normalistas, con la participación de autoridades y criminales, y por los giros ominosos que ha dado la investigación a lo largo de tres gobiernos federales.
La reconstrucción de los hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014 muestra que a cada paso hay testimonios y pruebas, así como torceduras en las indagaciones judiciales.
Este es el caso de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que debieron captar la intervención de policías municipales y otros agentes de seguridad deteniendo a los estudiantes que viajaban en un autobús.
Una posible prueba en este episodio eran esos videos. Pero durante años las pesquisas encontraron que no existían los registros correspondientes a esa noche y madrugada.
En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa informó que la ex magistrada y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ordenó la destrucción de los videos porque supuestamente las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”.
En su último informe, de julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que el autobús “llegó hasta el puente frente al Palacio de Justicia, y fue agredido brutalmente por policías municipales de Iguala y policías con uniforme y capuchas negras”.
“Todos los jóvenes fueron golpeados, bajados violentamente, trasladados en diferentes patrullas y posteriormente desaparecidos. Todo esto fue observado y narrado por un OBI (órgano de búsqueda de información, en el lenguaje militar; es decir, un espía infiltrado) del 27 Batallón de Infantería”, señaló el informe.
“Nadie confundió a los jóvenes con lo que no eran. Todas las corporaciones sabían desde hacía horas que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa que trataban de tomar buses para su marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México. Quienes los bajaron de los buses, los detuvieron y desaparecieron sabían que eran estudiantes, las autoridades que los persiguieron y atacaron nuevamente durante toda la noche, también”, señaló el GIEI.
Galeana Marín fue detenida el 14 de mayo de 2025. Tenía entonces 79 años. Fue acusada de los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada. La imputación la relaciona con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
En el México real es un hecho que el gobernador del estado, sea quien sea y sin que importen las siglas de su partido, es el poder efectivo. La Legislatura local, los ayuntamientos y el sistema de justicia, difícilmente se resisten a una indicación del jefe del Ejecutivo.
Es muy difícil suponer que Galeana Marín actuó por su cuenta. La imputación que hizo pública la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en contra del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, se alinea con estas circunstancias.
Desde luego, Aguirre Rivero es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Importa defender esa presunción en todo momento, sobre todo ahora, cuando el oportunismo político sale en estampida a tomar posiciones favorables a la Fiscalía General de la República (FGR), como si fuera indispensable exhibir a toda prisa un acto de fe y sumarse al linchamiento del detenido.
Las declaraciones de la FGR y de Godoy no demuestran nada ni tienen valor judicial alguno. Son expresiones públicas que cumplen el propósito político de sustentar la argumentación del gobierno federal de que hay nuevas vertientes en la investigación, esta vez para enderezar el rumbo.
Si el eventual proceso logra, en efecto, sustentar ante los jueces la acusación, será una reparación justiciera de uno de aquellos giros ominosos en las pesquisas. Una de las numerosas que faltan, como las que el GIEI relata en el informe citado sobre las omisiones y ocultamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional al no aportar información que se le ha requerido.
