Humberto Musacchio
Malas noticias. En su informe anual, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, denunció que en los últimos doce meses, en 42 países entre los cuales está México, defensores de derechos humanos y periodistas han sufrido “represalias e intimidación” de los gobiernos y de “agentes paraestatales”, según informa Periodistas en Español, la excelente publicación de internet.
En la lista de Estados represores figuran por supuesto los que tienen regímenes dictatoriales o que no se ajustan a la idea occidental de una “democracia representativa”, que como bien sabemos, suele ser poco representativa y discutiblemente democrática.
Entre los países con regímenes que nada tienen qué ver con la citada democracia, están desde luego Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, China, Cuba, Irán, Libia, Arabia Saudita, Sri Lanka y una larga lista de Estados africanos bien conocidos por las atrocidades que cometen los gobiernos o sencillamente porque no cuentan con un sistema electoral que aprueben los gobiernos de Estados Unidos y Europa occidental.
Lo curioso es que en la nómina están incluidos regímenes que, con sus asegunes, en Occidente se consideran democráticos, como es el caso de India, Brasil, Egipto, Guatemala, Indonesia, Israel y, entre otros, México. Sí, este país que por décadas ha sido escenario de no pocos crímenes de Estado sin que mereciera condena alguna de Estados que se erigen en jueces.
De acuerdo con el documento de don Toño Guterres, en los 42 países de la lista es peligroso denunciar abusos contra los derechos humanos, pues quien lo hace, activista o profesional de la prensa, puede terminar siendo vigilado, perseguido, encarcelado, torturado y –agreguemos– asesinado por fuerzas gubernamentales.
Desde luego, quien denuncie las barbaridades de su gobierno se arriesga a sufrir represalias, de ahí que en varios casos las denuncias fueran anónimas o de plano no se produjeran, por lo cual la información tuvo que recabarse de manera indirecta.
En lo referente a México, sabemos que los cuerpos policiacos con alarmante frecuencia detienen en forma arbitraria, exigen mordida para dejar en libertad a quienes caen en sus garras, cuentan con cárceles clandestinas, torturan y por supuesto matan.
Sería exagerado decir que todas las policías actúan de esa manera, pero históricamente así ha sido. Hoy existen organismos defensores de los derechos humanos, normas que permiten denunciar los abusos y corporaciones que actúan con rigor contra los malos elementos, pero lamentablemente aún no son mayoría.
En el caso de los periodistas, frecuentemente sabemos de quienes sufren represalias por parte de autoridades, aunque lo más común es que las agresiones provengan de los poderes fácticos, que hoy por hoy proceden con impunidad, pues los alientan la ineficiencia y corrupción del Ministerio Público y de la judicatura, pese a sus muy loables excepciones.
Lo que más preocupa en este sexenio es que los ataques provengan del mismísimo Presidente de la República, que suele lanzarse contra periodistas y publicaciones sin que éstos hayan incurrido en delito, por lo cual el gobierno no puede proceder legalmente contra ellos.
El problema es que los ataques presidenciales contra la prensa y sus profesionales se conviertan en convocatorias al linchamiento, como lo sufrió Denise Dresser el reciente 2 de octubre. Nadie está obligado a coincidir con la opinión ajena y se puede disentir o debatir, pero el ejercicio de la libertad de expresión implica necesariamente el respeto por lo que dice el otro, pues la divergencia enseña más –a gobernantes y ciudadanos– que la coincidencia obligatoria.
Lo ocurrido a Denise Dresser debe constituir una señal de alerta, porque lo siguiente será el linchamiento físico contra cualquier disidente o crítico. No esperemos a que eso ocurra.
