En un análisis, la ONU-DH advirtió sobre la modificación al primer párrafo del artículo 21 de la Constitución para facultar a una institución que estará formada primordialmente por soldados y marinos bajo un mando militar.
Ciudad de México, 20 de diciembre de 2018. En el dictamen que discuten diputados para crear la Guardia Nacional se le dota a los militares de facultades para realizar investigaciones sin que rindan cuentas a autoridades civiles, alertó la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En un análisis hecho llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y al morenista Mario Delgado, la ONU-DH advirtió sobre la modificación al primer párrafo del artículo 21 de la Constitución para facultar a una institución que estará formada primordialmente por soldados y marinos bajo un mando militar.
“La redacción del proyecto implica que se estarían dando facultades de investigación a los integrantes de la Guardia Nacional, sin que estas acciones puedan sujetarse al mando y conducción del Ministerio Público, sino únicamente a su ‘conducción jurídica’, término que es poco claro y que parecería sugerir únicamente la sujeción a las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló.
“Se estaría dando una nueva competencia a integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar actos de investigación ante cualquier tipo de delito del orden federal, sin que dichos actos pudieran ser materialmente controlados por la autoridad civil y sin que los integrantes de las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante autoridades civiles”.
La ONU-DH recordó que en el régimen constitucional actual los actos de investigación corresponden exclusivamente a autoridades civiles, con lo que se debilitaría el carácter civil de la justicia penal y se violarían los principios del debido proceso del sistema penal acusatorio.
En el documento, el organismo internacional expone 12 puntos preocupantes del dictamen de reforma, entre los que se encuentra también que no se reconoce la competencia incondicional de la Corte Penal Internacional (CPI).
Según la ONU-DH, la iniciativa original de Morena proponía modificar el párrafo octavo del artículo 21 constitucional para reconocer plenamente a la CPI, pero en el dictamen fue eliminado sin ninguna explicación.
“Sería un avance importante el que el Estado mexicano reconozca la competencia incondicional de la Corte Penal Internacional, lo cual daría un mensaje de combate a la impunidad frente a violaciones graves a los derechos humanos y otros crímenes atroces”, apuntó.
También considera que la redacción del dictamen supone que las funciones de la Policía Federal serán asumidas en su totalidad por la Guardia Nacional y que se pierde la oportunidad para crear un registro nacional de detenciones, entre otros puntos.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
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