Envió a la Cámara de Diputados las observaciones hechas en específico de las leyes nacionales Sobre el Uso de la Fuerza y Del Registro de Detenciones, aprobadas en el Senado.
Ciudad de México, 23 de mayo de 2019.- Falta de rendición de cuentas, omisión de la responsabilidad de los mandos superiores, ausencia de registros militares, mala regulación de la fuerza no letal y riesgo al derecho a la protesta, entre otras fallas, fueron señaladas por la ONU-DH en las leyes secundarias de la Guardia Nacional.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que dirige Jan Jarab envió a la Cámara de Diputados un documento con las observaciones hechas en específico de las leyes nacionales Sobre el Uso de la Fuerza y Del Registro de Detenciones, aprobadas el martes en el Senado.
“Si bien la ley contiene un régimen de responsabilidades, no incluye las cuatro dimensiones de responsabilidad necesarias para cumplir con el deber de investigar acciones ilícitas, que son la responsabilidad directa, la responsabilidad por omisión, la responsabilidad de los mandos y la responsabilidad de los mandos por acciones de sus subordinados”, advierte sobre la ley de uso de la fuerza.
En el documento, la agencia señala en especial la preocupación de que la regulación de supuestos de muerte deriva únicamente del uso de la fuerza por armas, y no se contempla la muerte por otros medios, como la fuerza física.
“A pesar de que se incluye como principio el de la rendición de cuentas y vigilancia, este se vería restringido de manera indebida porque la obligación de emitir ciertos reportes sobre personas lesionadas o daños materiales se limita a los casos de uso de la fuerza letal, mas no ante el uso de la fuerza física o incapacitante”, agrega la ONU-DH en otro punto.
“Se podría vulnerar del derecho a la protesta y a la libre manifestación, ya que se mantiene una perspectiva de ‘control de multitudes’ y no la de garantizar el derecho a la manifestación y en caso de que haya violencia el proteger a las personas”.
Respecto al principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza, la ONU-DH considera que es insuficiente e inconsistente, por lo que no queda claro cómo los agentes armonizarán o priorizarán la aplicación de todas las normas relativas a esos principios.
En lo referente a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el documento pide incluir en la operación del registro lo relativo a las detenciones realizadas bajo la jurisdicción militar.
También, establecer la nacional de las personas como uno de los primeros campos de información a ser recabados y establecer claramente el lugar donde la persona permanece privada de la libertad.
“Esta serie de consideraciones parten del análisis que han permitido los plazos ajustados de publicidad observados hasta el momento en el presente proceso legislativo, por lo que las mismas seguramente se podrían ampliar”, reprochó.
En este sentido, la ONU-DH alienta respetuosamente a la Cámara de Diputados a abrir un proceso de discusión público e incluyente en torno a las minutas.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
Foto: Twitter @ArturoMuizRamo1
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