Envía a la Cámara de Diputados una iniciativa que modificaría un total de 23 leyes para poder incluir obligatoriamente en todo contrato nacional o internacional una “cláusula exorbitante” o de terminación anticipada
Ciudad de México, 10 de abril de 2023. El Gobierno federal empuja ahora una reforma que le permitiría terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, unilateral y sin resarcimiento de daños.
Su propuesta, enviada ya a la Cámara de Diputados donde tiene mayoría Morena y sus aliados, modificaría un total de 23 leyes para poder incluir obligatoriamente en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública una “cláusula exorbitante” o de terminación anticipada.
“(Salvo en los casos previstos en otras leyes), no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: La revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales”, indica la propuesta de artículo 11 Bis para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Y en los casos en los que sea obligatorio el pago de indemnizaciones, como resultado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador busca poner límites a los montos para evitar “reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas” en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras.
Argumenta que tan sólo de 2011 a 2019, los montos de pago de indemnizaciones aumentaron 500 por ciento, producto de resoluciones de tribunales arbitrales internacionales.
“En 2020, en procedimientos de arbitraje contra el Estado mexicano iniciados en años anteriores, se ordenó el pago de cerca de 4 mil 271 millones de pesos a valor actual como indemnización a empresas privadas, suma que equivale a 10 veces el presupuesto de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud para ese año”, refiere la iniciativa con base en estudios de organizaciones civiles que han revisado el tema.
La iniciativa plantea también modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para establecer que los proyectos prioritarios identificados como “de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y la seguridad nacionales, pueden realizarse sin los permisos legales respectivos.
“Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía o expropiaciones de inmuebles, podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate de manera simultánea al inicio de la obra en tres supuestos”, establece la iniciativa enviada el pasado 23 de marzo a la Cámara de Diputados.
Alerta análisis que la reforma afectaría permisos
La iniciativa que permitiría al Gobierno federal terminar contratos de manera anticipada y sin resarcimiento de daños por “causas de interés público” es contraria a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libre competencia, establece un análisis del despacho jurídico “Mijares Angoitia Cortés y Fuentes”.
El análisis presentado ante la Cámara de Diputados el pasado 24 de marzo, el despacho considera que de llegar a aprobarse y cobrar vigencia impactaría en permisos y concesiones, pero “podría ser combatida a través de un juicio de amparo”.
“Existen elementos razonables para sostener que la iniciativa es contraria a diversos derechos fundamentales, como por ejemplo, libre competencia y concurrencia, derecho a libertad del trabajo, derecho a un medio ambiente sano, seguridad jurídica y legalidad.
“De publicarse, podría ser combatida a través de un juicio de amparo. Los plazos para la promoción del juicio de amparo dependerán de cada caso concreto. Dada la magnitud de algunas de las reformas, será relevante analizar en cada caso si se estuviesen violando obligaciones contraídas por el estado mexicano al amparo de diversos tratados internacionales”, indica el reporte de la firma.
“La iniciativa busca fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de dependencias de la Administración Pública Federal, en relación con recursos públicos, y en relación con la participación del sector privado en diferentes sectores.
“Esto, mediante un modelo con mayor intervención del Estado en la prestación de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura, dotando al Gobierno federal de facultades más amplias y con más discrecionalidad, lo cual podrá afectar proyectos futuros y actuales y su financiamiento al generar falta de certeza jurídica y seguridad para los inversionistas en México”, expone.
Texto: Staff / Agencia Reforma
