Humberto Musacchio
Por la detención de un comandante de la policía comunitaria, en varias poblaciones de Guerrero se produjeron bloqueos, el incendio de vehículos y de dos restaurantes, así como tiroteos que dejaron un saldo de un muerto, dos heridos y siete detenidos.
En un centro de salud de Puebla, un par de criminales dispararon contra un ex convicto que estaba formado con su hija en espera de vacuna. El resultado fue de cuatro personas heridas, entre ellas dos niños y su padre. Los dos pistoleros huyeron en una moto.
Ante la incontenible criminalidad, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, convocó a una marcha por la paz, denunció que 18 alcaldes de Morelos pagan derecho de piso a la delincuencia y consideró que la impunidad significa que el gobierno ha claudicado.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad del estado de México, son 28 los municipios que viven sometidos a las bandas criminales, mismas que controlan el ingreso y precios de los productos básicos y venden protección en aserraderos y obras en construcción. Doce de las municipalidades más afectadas se hallan en la zona conurbada de la ciudad de México.
Lo anterior, por supuesto, es una muestra mínima de la situación que se vive en el país, donde hay regiones enteras bajo control de las mafias, al margen del Estado de derecho, al que en 2004 el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, definió como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”, lo que exige que “se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
En esta tesitura, es dudoso que se vea a México como un Estado de derecho, pues el sometimiento de todos a lo que dicta la ley es un sueño guajiro, las normas jurídicas no se hacen cumplir a todos por igual, tanto las autoridades como los delincuentes violan los principios internacionales de derechos humanos y en la práctica rigen el influyentismo, el dinero y la arbitrariedad.
El Estado de derecho implica que la ley ha de aplicarse sin distingos, pero en México el gobierno federal se niega a hacerlo, como lo expresa la consigna de “abrazos no balazos”.
Alejandro Moreno, más conocido por el alias, apodo o remoquete de “Alito”, ante el horror criminal propone armar a los ciudadanos, lo que significa implantar la ley del revólver, aunque es previsible que sólo serviría para aumentar la violencia, pues ya se sabe que las pistolas se cargan con balas y se disparan con ganas, pues quien porta un arma lo hace para emplearla.
De ahí que priistas respetables –que los hay, aunque resulte difícil aceptarlo–, como Dulce María Sauri, se opongan a la propuesta de Alito y exigen que “el Estado cumpla su obligación fundamental de cuidar a todas y todos”. Sí, porque constitucionalmente le corresponde al Estado esa tarea, para la cual, desde luego, puede apoyarse en múltiples formas de participación ciudadana, pero no en la pistolización generalizada.
Es obvio que si el gobierno federal tiene alguna estrategia para disminuir la violencia, esta ha resultado por completo ineficaz, por mucho que las autoridades presuman la disminución infinitesimal de uno u otro delito, mientras que otros aumentan en forma incontenible.
La solución, desde luego, no está en armar indiscriminadamente a los ciudadanos, sino en legalizar, organizar y controlar a los grupos de autodefensa, que por desidia del Estado han quedado en manos de particulares, cuando no bajo la dirección de las mafias a las que se supone deben combatir.
Lo que procede es una nueva estrategia contra el crimen, pero no es algo que se pueda dejar al arbitrio de las autoridades, sino que su elaboración deberá contar con la intervención de expertos en seguridad pública, educadores, analistas y todo aquel que pueda hacer su aporte en esa tarea.
