Denuncian miembros de la comunidad académica que la iniciativa presentada por la senadora morenista Ana Lilia Rivera tiene una visión centralista y excluyente; piden la destitución de la directora del Conacyt.
Ciudad de México, 22 de febrero de 2019. Ante la propuesta de la nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, miembros de la comunidad científica advierten una amenaza a la libertad de investigación.
Presentada este mes por la senadora morenista Ana Lilia Rivera –quien no forma parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología ni cuenta con una trayectoria afin–, la nueva legislación busca sustituir la de Ciencia y Tecnología de 2002, que dota al Conacyt de un marco normativo respecto a cómo llevar a cabo el fomento y financiamiento del sector.
“(La nueva ley) deja muy claro que el objeto es sentar los lineamientos para decir cómo deberán llevarse a cabo las investigaciones científicas, el desarrollo tecnológico y la difusión de la ciencia”, observa en entrevista Brenda Valderrama, experta en bioprocesos y titular de la Academia de Ciencias de Morelos.
Mientras que en la legislación vigente, en su Artículo 1, reconoce como objeto “regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, la iniciativa de Rivera buscaría definir “los principios y reglas sobre los cuales deberán desempeñarse las actividades de investigación y desarrollo tecnológico”.
“Ahí está nuestra primera alerta”, subraya Valderrama: “Es una amenaza a la libertad de investigación”.
Aunado a esto, la nueva ley indica que la dirección general del Conacyt, que ocupa María Elena Álvarez-Buylla, adquirirá facultades extraordinarias para poder suspender cualquier investigación pública o privada sin necesidad de que haya una querella de por medio y sin pasar por ningún órgano de consulta.
En el Artículo 20 se enuncia, por ejemplo, que la titular propondrá a la Junta de Gobierno de la dependencia las prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en “humanidades, ciencias y tecnologías”, y que ella autorizará los proyectos en los que entidades de la administración federal pretendan ejercer recursos asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Eso preocupa sobradamente, sobre todo a los investigadores que estamos en el área de biotecnología, porque, en particular, la biotecnología es mencionada en varias ocasiones en el texto, siempre asociada al tema de riesgo, el tema de peligro y al tema de la necesidad de una sobrerregulación”, señala Valderrama.
“Los que realizamos investigación en biotecnología nos quedamos en la incertidumbre de si nuestros artículos o tesis pudieran ser vetadas y condenadas desde el Conacyt”.
Otros miembros del gremio también critican que la iniciativa proponga que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) –que integraba la labor de las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura y Salud– se incorpore en la estructura orgánica del Consejo.
Y, ante esto, alertan falta de parcialidad con la designación como encargado de despacho del Cibiogem a Emmanuel González Ortega, quien fue investigador posdoctoral bajo la dirección de la propia Álvarez-Buylla y ha publicado artículos junto con ella de carácter muy crítico en contra los organismos genéticamente modificados.
“Es de llamar la atención, cuando se habría de esperar que hubiera gente más neutral, objetiva, imparcial”, apunta Alfredo Herrera Estrella, doctor en genética.
Según David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, la ley impulsada por el morenismo yerra por falta de transparencia respecto a su elaboración, y no consulta al gremio, que, más que solicitar un diálogo previo a su aprobación, propone una reformulación total.
“La iniciativa tiene fallas de origen. Y esto no va a ser solucionado simplemente parchando una iniciativa que tiene una visión centralista y excluyente a toda la comunidad académica”, destaca. “Un monopolio (científico) está completamente fuera de lugar”.
Por su parte, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entidad que la legislación propuesta buscaría desaparecer junto con el Consejo Consultivo de Ciencias, divulgó ayer en un comunicado la preocupación del matemático José Antonio de la Peña, quien acusa un intento de “centralizar el poder en el Conacyt”.
Para Valderrama, la iniciativa podría devenir incluso en una persecución contra científicos.
“Mientras no se modifique el fondo de la ley, vamos a tener un problema muy grave, porque se abre la puerta a discrecionalidades, no nada más en la asignación de recursos, sino inclusive en llegar a la penalización. Se puede volver un delito hacer cierto tipo de investigación en el país”, previene.
Piden la destitución de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla
Lanzada el sábado pasado, una petición en Change.org solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador la salida de María Elena Álvarez-Buylla del Conacyt por “intolerancia, mala gestión y favoritismo”.
Hasta anoche, la carta sumaba cerca de 4 mil firmas, incluyendo las de expertos como Octavio Martínez de la Vega, Rosario Rogel, Alfredo Herrera Estrella y David Romero Camarena.
“La doctora Álvarez-Buylla ha mostrado poco tacto, poca sensibilidad y poco conocimiento de administración pública”, dice este último. “El momento de una destitución es procedente por el bien de la ciencia y el país”.
En últimos días, el Conacyt ha sido señalado por la contratación de personal carente de experiencia administrativa o formación científica, como la modista Edith Arrieta como subdirectora en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; David Ledesma, estudiante de licenciatura que, sin experiencia, llegó a la Subdirección de Comunicación e Información Estratégica.
Reforma documentó, además, que Álvarez-Buylla sumó a su equipo a su ex cuñado Luis García Barrios, como coordinador regional del Consejo en el Sureste, y a su ex marido, Raúl García Barrios, quien participa en los Programas Nacionales Estratégicos, eje de su administración.
“Parece al revés: que la mafia está dentro de Conacyt con todos estos nombramientos misteriosos”, lanza Herrera Estrella en respuesta a López Obrador, quien había acusado la existencia de una “mafia científica” detrás de los cuestionamientos.
“Pareciera que se trata de empujar una ideología o una postura personal más que ver por lo que deberíamos de velar los científicos, que es por que se use la ciencia bajo un análisis objetivo por el bien del país”, comentó Alfredo Herrera Estrella, doctor en genética.
Texto: Israel Sánchez / Agencia Reforma / Foto: Twitter (En la imagen, la senadora Ana Lilia Rivera)
