Denuncia Article 19 que el ex candidato presidencial intimida a organizaciones y al periódico Noroeste por una investigación que muestra cómo los políticos de Sinaloa benefician a empresas de sus familiares.
Ciudad de México, 26 de octubre de 2019. El organismo internacional Artículo 19 alertó por las amenazas que hizo el ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, de emprender acciones legales contra tres periodistas y las organizaciones Iniciativa Sinaloa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y al periódico Noroeste, por el reportaje Operación desfalco Sinaloa, que señala la obtención de contratos o subsidios públicos para hacer negocios a través de empresas de familiares de políticos.
En una carta dirigida a Noroeste y a su director, Adrián López Ortiz, Labastida Ochoa niega los hechos descritos en el reportaje y advierte que buscará apoyo legal para buscar “la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar” la imagen del político priista.
El reportaje publicado aborda la operación de 16 funcionarios y políticos de Sinaloa que se pudieron haber beneficiado de sus posiciones de privilegio para obtener contratos o subsidios públicos para sus empresas y la de sus familiares.
En el caso de Francisco Labastida Ochoa, el reportaje describe la manera en que su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se benefició con subsidios a su empresa Agri 27 y arrendamientos de propiedades al Ayuntamiento de Culiacán y al gobierno de Sinaloa.
La figura de difamación ha sido utilizada tanto por agentes estatales como por particulares para intimidar o castigar a medios y periodistas que evidencian prácticas de corrupción y trafico de influencias. Aunque la difamación no es considerada un crimen en Sinaloa, la amenaza de emprender acciones legales en contra de las organizaciones, periódicos y periodistas involucrados en la investigación Operación desfalco Sinaloa es un acto que busca inhibir el ejercicio periodístico y silenciar a sus autores.
Ante este panorama, Artículo 19 hizo un llamado al gobierno de Sinaloa para que, en su calidad de garante de la libertad de expresión, brinde las condiciones idóneas para el desarrollo del ejercicio periodístico en la región.
Además, la organización internacional hace un llamado al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que en caso de concretarse la pretensión de iniciar acciones legales contra los autores del reportaje, utilicen criterios que prioricen el derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público.
El reportaje
El trabajo de investigación Operación desfalco Sinaloa señala que en la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –entre ellos ex gobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios del estado– han obtenido contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio, lo que les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas o las empresas de sus familiares.
El monto obtenido mediante este esquema de conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos, señala la investigación realizada en conjunto con las organizaciones no gubernamentales Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, firmada por Marlene León, Zorayda Gallegos y Silber Meza, este último también colaborador de El Sur.
Texto: Redacción / Fotograma de la portada del reportaje
