Les exigen abandonar esa tarea ordenada por la ONU, afirma la presidenta del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos. Sandra Luz Román critica asimismo a la FGR porque no asignó agentes del Ministerio Público federal para recabar información
Iguala, Guerrero, 22 de julio de 2024. La presidenta del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, Sandra Luz Román Jaimes informó que en la búsqueda en vida de su hija Ivette Melissa Flores Román en Chilapa e Iguala, ésta última realizada el sábado, recibieron amenazas para que abandonen esa tarea.
Asimismo, denunció deficiencias de la Fiscalía General de la República (FGR) durante esta primera etapa de la diligencia ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, al no asignar agentes del ministerio público federal para recabar información de los indicios de “probables positivos” que recibieron de algunas personas de la posible ubicación de su hija.
Durante la semana anterior que se realizó la primera de tres jornadas de búsqueda en vida de la joven Ivette Malissa en las que se contemplaron acciones dentro de las cárceles de Ayutla, Ometepec, Chilpancingo y Chilapa, así como otras actividades como reparto y pega de fichas de búsqueda en mercados, plazas públicas y calles de estas cabeceras municipales y de Iguala donde concluyó el sábado la primera etapa.
La diligencia se realizó a casi 12 años de la desaparición de la joven que entonces tenía 19 años, el 24 de octubre de 2012 en Iguala cuando fue privada de la libertad de su casa por civiles armados en complicidad de agentes de la Policía Estatal, Ministerial, Preventiva y Tránsito municipal, y a casi dos años de la sentencia emitida en noviembre de 2022 por el comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU contra el Estado mexicano por discriminación en el acceso a la justicia y por no aplicar perspectiva de género en la investigación del delito cometido.
De acuerdo con la sentencia y las recomendaciones emitidas, se dio un plazo de seis meses al Estado mexicano para dar resultados en la localización viva o muerta de la joven, lo cual no ha ocurrido y es a casi dos años de esa sentencia que se programan acciones de búsqueda en vida, reprochó la activista Sandra Luz Román Jaimes, mamá de Ivette Melissa.
En declaraciones ofrecidas ayer, informó que el viernes estuvieron en la cabecera municipal de Chilapa, ingresaron a la cárcel donde vieron a los 30 detenidos, dos de ellos mujeres, pero no hubo ningún indicio relacionado con sus familiares desaparecidos.
Posteriormente en el mercado, calles del centro y Zócalo de esta ciudad, pegaron fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos, en su mayoría de Ivette Melissa, que es por quien se realiza la diligencia.
El sábado estuvieron en esta ciudad de Iguala, donde recorrieron varias calles del centro de la ciudad, el mercado municipal Adrián Castrejón y las terminales de autobuses, en todos ellos pegaron carteles de los desaparecidos, con excepción de algunos locales comerciales del mercado en los que algunos locatarios familiares de posibles perpetradores se negaron a que colocaran las fichas, contó Román Flores.
Denunció que en el mercado de Chilapa un hombre las amenazó, les gritó que eran “pinches viejas mitoteras, por eso amanecen en pedacitos”, y les dijo que él había visto cómo descuartizan a la gente.
Dijo que algunos desestimaron la amenaza y dijeron que está loco, “pero con concordancia porque cómo sabía que buscamos a desaparecidos”, dijo.
Mencionó que el sábado en la mañana al iniciar las actividades en el centro de Iguala, dos integrantes del colectivo empezaron a recibir llamadas de un número desconocido en las que las empezaron a insultar y amenazas “que por eso las matan”, y les pedían dejar las búsquedas. Dijo que hicieron la denuncia con las autoridades que las acompañaban para rastrear de dónde salieron esas llamadas.
Siguen en las instituciones de gobierno cómplices y perpetradores de la desaparición, denuncia
A casi 12 años de los hechos, la ex pareja de Ivette Melissa, con quien tuvo una hija y es hijo del ex comandante de la Policía Investigadora Ministerial, Humberto Velázquez Delgado, asesinado en 2021, señalado de complicidad en esta y otras desapariciones, entre ellas la de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no ha rendido su declaración como tampoco hay ni un detenido a pesar de los señalamientos directos, que están en la carpeta de investigación.
Reclamó que hay limitaciones en la búsqueda de su hija y puntualizó que no tiene la culpa de que el gobierno estatal haya sido omiso en las investigaciones en su momento, y haya dado credibilidad a la delincuencia para que “hicieran y deshicieran”.
Denunció que algunos de los implicados en el caso de su hija siguen trabajando en las corporaciones, por ejemplo, dijo, hay un fiscal regional de la Fiscalía estatal, del que no dio su nombre, que tanto a él como a otros los ha visto.
Dijo que ya no quiere más problemas, porque ya ha sido amenazada en varias ocasiones, sólo pide que le digan qué sucedió con su hija y dónde está.
En términos generales la activista destacó que la primera fase de la diligencia estuvo bien, aunque denunció algunas irregularidades y resaltó el apoyo de las comisiones de búsqueda federal y estatal que estuvieron al frente de esta actividad, y denunció el abandono de la Fiscalía General de la República (FGR).
Dijo que no quiso hacer “ruido” al inicio y se esperó al término de la jornada de la primera etapa para reclamar a la FGR que le ponga más empeño en la carpeta de su hija, y denunció que durante esta diligencia no le asignaron agentes del Ministerio Público Federal para poder dar fe y tomar las evidencias de las personas que le dieron información, y que representan probables positivos para la localización de Melissa.
Entre estos mencionó el testimonio de un joven detenido en la cárcel de Chilpancingo que el jueves le informó que dos años antes había visto a una joven igual a Melissa en el hotel Mahahua de Costa Azul, donde supuestamente había más mujeres y había trata de personas. Sin embargo, el muchacho salió en libertad al día siguiente.
También reclamó que la FGR no dio cumplimiento para llevar a 30 personas que ordenó la ONU para esta diligencia, por lo que sólo pudieron asistir ella con sus hijos y otros cinco integrantes del colectivo, en total unas diez personas, por lo que se hizo más cansada la diligencia al llevar menos gente.
También denunció que no le dieron fichas de búsqueda “suficientes” de su hija, le dieron 500 para toda la jornada por lo que tuvo que sacar copias.
Además, tampoco le dieron carteles de la FGR donde se ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos por la información que ayude a localizar a su hija.
Texto: Alejandro Guerrero / Foto: Cortesía del colectivo
