Acapulco, Guerrero, a 21 de abril de 2025.- Amenazas, posicionamientos duros por el ordenamiento de playas y reuniones ríspidas con el gobierno son los antecedentes recientes al atentado que sufrió el viernes el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El también representante de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi) ha tenido un papel relevante en el reciente proceso de reordenamiento de playas que forma parte del proyecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para convertir a Acapulco en un Centro Integralmente Planeado (CIP); ha abogado en los últimos meses por la inclusión en la toma de decisiones de los prestadores de servicios turísticos como él y se ha pronunciado en contra de algunos de los grandes proyectos, como el Maribús.
El atentado
A las 7:24 de la noche del 18 de abril, Suástegui Muñoz, de 49 años, fue baleado en la calle Fragata de Yucatán por un hombre después de terminar su trabajo en la playa Icacos de renta de mobiliario de playa y de motos acuáticas.
Fueron tres balas que perforaron su cuerpo, una en el hombro, otra en el tórax y la tercera en el estómago, esta última es la más peligrosa, de acuerdo con la información médica compartida en las últimas horas, porque perforó varios órganos, entre ellos el pulmón y el estómago.
Una nota de La Jornada establece que no había agentes de seguridad alrededor del área turística, el vocero del Cecop fue trasladado al hospital privado Aqua, desde entonces ha sido operado en dos ocasiones, una fue realizada en la noche que llegó y otra en la madrugada del domingo, la cual duró tres horas.
Antecedentes de amenazas
Suástegui Muñoz había recibido amenazas en su negocio ubicado en el acceso de playa a un costado del condominio La Palapa, el más reciente fue el 7 de marzo de 2024, cuando un incendio que comenzó a las 5 de la mañana en una cocina instalada debajo de la terraza de la alberca del condominio se extendió a sus más de 30 sombrillas, 200 sillas, 50 mesas y dos motos acuáticas.
Suástegui Muñoz declaró a El Sur que no acusaba ni denunciaba a nadie por el siniestro porque él no lo presenció, pero dijo que tenía “miedo, ésa es la verdad, y de una u otra manera no nos sentimos seguros”; pidió paz y seguridad para continuar trabajando en la playa como lo hacía desde hace 30 años.
En 2014 le quemaron cuatro motos y en 2018 también incendiaron su equipo mientras estaba en prisión por los hechos violentos en La Concepción en enero de ese año, y dos años antes de 2024 le robaron dos embarcaciones que logró recuperar.
Un comunicado publicado el sábado pasado y firmado por casi 100 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos integrantes son abogados del vocero del Cecop, señalan que desde 2024 “iniciaron fuertes amenazas contra Marco Antonio. Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí. En numerosas ocasiones pidió a las autoridades protección porque peligraba su vida”.
Inclusión en el CIP, la nueva lucha
Suástegui Muñoz, arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), se ha puesto al frente de la lucha por un ordenamiento de playas que incluya a los prestadores de servicios turísticos como él.
El 4 de marzo, el representante de Tuderpi participó en una reunión dentro de la Base Naval en la que participaron un mando de la Marina, el subsecretario de Turismo federal, Sebastián Ramírez Mendoza; la directora de Fonatur, Lyndia Quiroz Zavala; el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, entre otros funcionarios y representantes.
Tras cuatro horas, Suástegui Muñoz dijo que el encuentro había sido “complicadísimo y ríspido”, pero lograron que los trabajadores no fueran expulsados de las playas; también declaró que la Semana Santa sería una “prueba de ácido” para el proyecto federal.
El 20 de marzo, dijo a El Sur durante un curso de seguridad básica pagada por los mismos trabajadores, que éstos fueran incluidos en el CIP y expresó su inquietud por la inversión de 8 mil millones de pesos anunciados dentro del proyecto porque había el antecedente de millones de pesos robados por políticos corruptos y mañosos del pasado” para el saneamiento de la bahía.
“Tampoco estamos de acuerdo con proyectos como el Maribús, por ejemplo, cuando sabemos que hay una pobreza muy sentida, muy marcada en la Costera, donde contrasta la riqueza de los condominios con la pobreza de los trabajadores”.
El 25 de marzo participó en la marcha de miles de prestadores en la avenida Costera para insistir en ser incluidos en los proyectos de Fonatur, una protesta similar fue el 1 de noviembre cuando exigieron apoyo tras el paso del huracán John.
En una declaración a este periódico un día antes de su atentado, Suástegui Muñoz habló bien del trabajo del Fonatur en las vacaciones de Semana Santa, “se ha avanzado mucho, todos los compañeros portan un uniforme, portan su credencial”, y destacó la realización de censos de permisionarios de mobiliario de playa y de deportes acuáticos.
Texto: Ramón Gracida Gómez/ Foto: Carlos Carbajal / Archivo
