Gaspard Estrada
Desde hace algunos días, América Latina está en el centro de la actualidad internacional. Entre las masivas manifestaciones en Chile, la turbulencia política en Bolivia, las tensiones sociales en Ecuador y las embestidas autoritarias del presidente de Brasil, la región parece estar dando un giro preocupante. Desde hace varios años, los países latinoamericanos se encuentran inmersos en ciclos de tensión política, económica y social, sin que se vislumbre el final de ellos a corto plazo.
Literal y de manera figurada, la región ha jugado con fuego y lo peor puede estar por venir. Sin ir tan lejos como para levantar el espectro de una conflagración generalizada, la construcción de una narrativa que acuse a un país de estar en la raíz de las crisis en la región puede conducir a una peligrosa escalada. Centroamérica en la década de 1980 había hecho de la revolución sandinista en Nicaragua la matriz de todos sus problemas. La salida de Daniel Ortega constituía la única salida para Estados Unidos.
Trump, junto con sus aliados en América del Sur han estado usando la misma estrategia desde hace algún tiempo con la revolución bolivariana en Venezuela. En ambos casos, la administración norteamericana ha desempeñado un papel catalizador en la estigmatización de Nicaragua entonces y de Venezuela ahora y ha trabajado más o menos abiertamente para derrocar sus regímenes.
Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro también ha contribuido a esta situación, al perseguir a sus rivales políticos, y desconocer las graves violaciones a los derechos humanos por las fueras militares –y sobre todo paramilitares– en contra de la población civil. A raíz de esta situación, las tensiones aumentaron innegablemente, lo que se tradujo en un empeoramiento de la crisis migratoria durante 2019.
Colombia es el país más directamente afectado por la crisis venezolana, con una afluencia de migrantes que alcanza varios miles por día. Además de estas dificultades, el gobierno es reacio a aplicar el plan de paz de 2016. El ataque del ELN a una escuela militar en enero (20 muertos) y el anuncio de la reanudación de los combates por parte de ex líderes de las FARC en agosto despertaron el temor de que el conflicto volviera a estallar.
En respuesta, el 29 de agosto, el presidente Iván Duque acusó a Venezuela de apoyar a la guerrilla colombiana. El 3 de septiembre, Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia en la frontera y organizó maniobras militares, criticando a Colombia por querer utilizar un pretexto para preparar una intervención militar.
La retórica de la agresión externa es familiar para Maduro, y es alimentada regularmente por la ambigüedad de las declaraciones de Donald Trump. Colombia y Venezuela han roto relaciones diplomáticas varias veces en el pasado, particularmente cuando Colombia bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en 2008. Esta vez, sin embargo, la situación política interna en Colombia y Venezuela se ha deteriorado significativamente, y la agresión verbal ha aumentado.
No obstante, conforme avanza el año la crisis venezolana parece haber quedado en segundo plano, con la multiplicación de las diversas crisis en la región. Al día de hoy, queda claro que la falta de perspectivas económicas, junto al aumento de la desigualdad y la desconexión cada vez mayor entre las sociedades y sus elites políticas y económicas están provocando crisis multidimensionales, inclusive en países como Chile, que tenía una imagen de ser más desarrollado que el promedio de América Latina.
De tal suerte que ante este panorama de conflicto y de incertidumbre, es crucial refrendar el apoyo a las instituciones democráticas que tanto costó construir durante décadas.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París
Twitter: @Gaspard_Estrada
