Serán elevados a rango constitucional, anuncia el mandatario en su conferencia mañanera. Asegura que la mayor parte de los programas de justicia aplicados durante su administración a estas comunidades también se incorporarán a la Carta Magna, “de modo que no va a ser fácil que los quiten, esté quien esté en la Presidencia”
Ciudad de México, 26 de enero de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el paquete de reformas que enviará el 5 de febrero al Congreso incluirá elevar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la Constitución.
“Parte de estas acciones se van a proteger con las iniciativas de reforma a la Constitución, que voy a presentar el día 5 de febrero. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, tanto de comunidades indígenas como de comunidades afromexicanas, es una ley, y va a enunciarse en la Constitución”, dijo.
“Y luego, se va a enviar la iniciativa de ley, pero va a quedar establecido en el artículo cuarto de la Constitución el derecho de los pueblos a tener un trato especial todas las comunidades originarias”.
Sin adelantar detalles, el mandatario explicó que parte del contenido de los planes de justicia aplicados durante su Administración, a los pueblos originarios, será propuesto para incorporarse a la Carta Magna.
“La mayor parte de estos programas se van a convertir en derechos constitucionales, se van a elevar a rango constitucional. De modo que no va a ser fácil que los quiten, esté quien esté en la presidencia”, manifestó.
López Obrador informó que el 5 de febrero no sólo encabezará una ceremonia en Palacio Nacional para anunciar el paquete de iniciativas de reforma, sino que ese mismo día las enviará a las cámaras de diputados y senadores.
Explicó que la presentación se llevará a cabo en las instalaciones del antiguo Congreso, pero por la tarde, ya que esperará a que los integrantes del gabinete regresen de la Ciudad de Querétaro, donde se llevará a cabo la conmemoración oficial.
“Va a ser aquí en Palacio. Vamos a procurar que sea por la tarde para que se dé tiempo a que los miembros del gabinete, incluida la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pueda asistir a Querétaro, a la ceremonia oficial.
“Y de regreso ya nos reunamos para hacer la presentación de todas las iniciativas de reforma, que queremos entregar ese mismo día al Congreso”, agregó.
La SCJN prepara un freno a las reformas aprobadas por la mayoría de Morena en 2023
La Suprema Corte prepara un freno a las reformas aprobadas por la mayoría de Morena en la sesión exprés del “Viernes Negro”.
Tres Ministros y una Ministra propusieron a sus colegas anular los cambios constitucionales aprobados el 28 de abril de 2023, por “violaciones graves” en el procedimiento legislativo.
Los cuatro proyectos fueron listados esta semana para discusión en el Pleno a partir del 9 de abril.
Si los otros cuatro integrantes de la Corte que han sostenido este criterio recientemente lo mantienen para este caso, un total de once reformas relevantes para el gobierno serán anuladas.
Estas incluyen las que permiten a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea y varios aeropuertos, así como obtener asignaciones ferroviarias por tiempo indefinido.
Además, la reforma que extinguió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y lo reemplazó con el IMSS-Bienestar; la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación y los cambios a la Ley Minera impugnados por cientos de empresas del sector, entre otras.
Morena podría aprobar de nuevo las reformas, tal cuales, pero respetando las reglas del proceso legislativo, mientras que la oposición, de impugnarlas, tendría que alegar la inconstitucionalidad de su contenido.
Los proyectos ya listados para abril fueron presentados por los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo.
Dichos proyectos invalidan una reforma sobre control de precursores químicos y productos para elaborar tabletas; cambios a la Ley de Bienes Nacionales sobre manejo y venta de bienes del gobierno, la reforma a la Ley Ferroviaria, que ahora prevé asignaciones por tiempo indefinido a paraestatales militares, y otra a la Ley del ISSSTE, con reglas de créditos a burócratas.
Dos de los asuntos más delicados están en manos de la ministra Loretta Ortiz, férrea defensora de las políticas del actual gobierno, quien aún no ha entregado sus proyectos.
Uno es la reforma a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, que además de beneficiar a la Sedena para tener aerolínea y aeropuertos, contiene múltiples cambios para modernizar el sistema aéreo nacional.
El otro es la extinción del Insabi y su reemplazo por el IMSS-Bienestar, operados en la Ley General de Salud.
Texto: Agencia Reforma
