Informa que se abrirán los archivos del Ejército para la Comisión de la Verdad. En una reunión en el Campo Militar 1, el secretario Cresencio Sandoval anuncia que el presidente autorizó que se haga homenaje a los soldados que cumplieron con su deber a costa de su vida. Familiares de víctimas protestaron con carteles y gritaron “diga dónde están los desaparecidos”. El mandatario planteó “buscar entre todos cerrar una etapa negra, de dolor y sufrimiento y dar inicio a una etapa nueva”. No se honra a los verdugos “en ninguna sociedad democrática”, reclama Abel Barrera
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 23 de junio de 2022. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitirá que se revisen sus instalaciones y accedan a sus archivos relacionados con la llamada guerra sucia.
Durante un acto en el Campo Militar número 1 y ante familiares de desaparecidos, el mandatario dijo que la instrucción es que no se oculte nada, que toda la información con la que cuente el Ejército sea puesta a disposición de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990.
“Estamos en un acto muy lleno de significado y de dolor, pero también es un acto de esperanza, es un acto para buscar entre todos cerrar una etapa negra, de dolor y sufrimiento y dar inicio a una etapa nueva”, dijo.
Sin embargo, el presidente aclaró que la responsabilidad última de actos realizados por el Ejército es de las autoridades civiles, pues los soldados sólo recibieron órdenes.
En tanto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la Comisión y la Sedena acordaron un plan para que los investigadores accedan a instalaciones militares en varias entidades del país.
La Comisión, añadió, podrá entrevistar a militares activos o en retiro que tengan información sobre los hechos.
Según el acuerdo, la apertura de las instalaciones militares a los investigadores de la Comisión para la Verdad se hará en siete estados: Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de México.
El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, dijo que este acuerdo refleja el compromiso de las Fuerzas Armadas con la reconciliación y el derecho a la verdad.
Ante militares presentes entre el público, Sandoval dijo que el Ejército siempre se ha subordinado al poder civil y que fue el Estado mexicano el que en los años 60, 70 y 80 decidió retomar acciones para preservar la seguridad.
En esos hechos, lamentó, hubo personas que fueron víctimas de acciones que se apartaron de la legalidad.
Víctimas protestan por los desaparecidos
El primer grito de protesta salió de entre los familiares de los desaparecidos cuando el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, enfatizó que las Fuerzas Armadas siempre han actuado bajo las órdenes de las autoridades civiles.
Ante un público conformado por hijos, nietos o víctimas directas de la llamada guerra sucia, y por militares y funcionarios, el general secretario hacía malabares para evitar reconocer la responsabilidad del Ejército en los crímenes cometidos entre 1965 y 1990.
“Para realizar estas tareas fundamentales en beneficio de la seguridad y desarrollo nacionales, las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil”, indicó.
Apenas había terminado la aseveración, cuando una voz masculina gritó: “Diga dónde están los desaparecidos”.
Sin inmutarse, el mando militar prosiguió su discurso refiriendo que la Constitución otorga al presidente de la República la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas.
“Secretario, ¿dónde están los culpables? Los desaparecidos, ¿dónde quedaron?”, le volvieron a cuestionar.
La ceremonia por el acuerdo entre la Sedena y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, se realizó en el Campo Militar número 1, donde activistas detenidos por motivos políticos estuvieron recluidos clandestinamente en los años 60 y 70, y donde algunos de ellos habrían desaparecido.
El acto pretendía dar inicio al desagravio que han pedido por décadas los familiares de las víctimas, garantizando que con el acceso a las instalaciones militares y a los archivos que ahora tendrá la Comisión se podrá conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años.
Sin embargo, Sandoval dijo que en las acciones llevadas a cabo entonces, el Estado mexicano pretendió garantizar la paz y que, lamentablemente, hubo quienes fueron víctimas de actos ilegales.
También, que el Ejército tuvo sus propias bajas y que es justo que se les recordara, inscribiendo su nombre en el mural de los caídos.
“Con orgullo les expreso que el propio mandatario (Andrés Manuel López Obrador) autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”, señaló.
Esto motivó que los familiares comenzaran a corear la consigna: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Al finalizar la ceremonia, familiares reprocharon que el Ejército no quiera asumir su responsabilidad y que haya elegido el acto para anunciar un reconocimiento a sus muertos, a quienes ahora recordará como héroes.
“No es adecuado equiparar la función que el Ejército, las órdenes que recibió de reprimir al movimiento social, y que en este momento pueda ser reivindicada esa acción”, indicó Juan Bautista, hermano de Guillermo Bautista desaparecido a los 17 años en Guadalajara, Jalisco, acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre.
“Ellos sienten que son héroes porque combatieron el comunismo en México, no es cierto, fueron represores, fueron asesinos de campesinos, de mujeres, de niños. Entonces, eso no puede quedar en el olvido y en el pasado”, añadió.
Tania Ramírez Hernández, hija de Rafael Ramírez Duarte, también miembro de la Liga y visto con vida por última vez en el Campo Militar número 1, se indignó por el anuncio hecho por el secretario de la Defensa.
“Es agraviante pensar que puedan poner en el mismo nivel a los familiares y los caídos de un lado y de otro. La disparidad del poder fue lo que oprimió y desapareció y mató a muchísimas personas en ese tiempo”, dijo.
Pese a la inconformidad de las víctimas, López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas sólo han acatado órdenes, agradeció la lealtad que han tenido hacia su gobierno y el acatamiento de abrir todos los archivos sobre la Guerra Sucia.
“Le agradezco al general secretario y a los oficiales del Ejército su lealtad, su verdadera lealtad, su auténtica lealtad”, enfatizó.
En el presídium estuvo Micaela Cabañas, hija del fundador de la guerrilla del Partido de los Pobres en Guerrero, Lucio Cabañas Barrientos, y delegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este estado, quien con el puño en alto coreó las consignas con los familiares de víctimas, y en su intervención en el acto oficial pidió justicia por su padre y por su madre asesinada.
No se honra a los verdugos “en ninguna sociedad democrática”, dice Abel Barrera
El integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990, Abel Barrera Hernández, sostuvo que la comisión no es para honrar a verdugos, “en ninguna sociedad democrática se puede”, sino para esclarecer los casos de violaciones a derechos humanos.
Este miércoles, en un acto realizado en el Campo Militar número 1 y ante familiares de desaparecidos de la guerra sucia, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, anunció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, autorizó que se inscribieran en el muro de los caídos los nombres de los militares que perdieron la vida en aquellos hechos, durante la guerra sucia.
Consultado vía telefónica sobre el anuncio, el integrante de la comisión, y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, opinó: “No se puede colocar lo que pasó a los militares en la misma dimensión, porque ellos son representantes del Estado. El Estado que no respetó la vida, la seguridad, el Estado de derecho, al contrario, violentó ese Estado de derecho, generó violencia y suspendió garantías. Con esa suspensión de garantías, con esas órdenes de matar, no podemos decir que por parte de los verdugos pueda haber un acto de honrar memorias”.
Del argumento que se expuso en la ceremonia, de que los militares obedecían órdenes de autoridades civiles, Barrera Hernández consideró que eso no exime la responsabilidad a quienes intervinieron, intelectual o materialmente, en la violación de derechos.
“Son autores intelectuales, hay una responsabilidad, por eso está una cadena de mando de quienes estuvieron como responsables y si hubo una orden, la orden recae en la autoridad civil y en la misma autoridad militar, porque la autoridad civil traslada la orden a la autoridad militar, a los mandos medios que son los que ejecutan, hay una cadena de responsabilidades. Al final de cuentas, esa cadena de responsabilidades trastoca a quienes intervinieron intelectual o materialmente, nadie puede decir que actuó a ciegas, simplemente tiene que saber que hay un Estado de derecho, que hay una Constitución, que hay derechos humanos que se tienen que respetar y que por la tanto la vida, la integridad física de las personas se tiene que respetar. No puedes actuar violentando los derechos humanos, el funcionario público o la autoridad una de sus responsabilidades es darle vigencia a la Constitución, que está cimentada en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos humanos”, dijo.
“Las víctimas son las personas que alzaron la voz, que lucharon por un cambio. Había un sistema represor que no permitía la libre manifestación, la libre organización de la sociedad. Hubo persecución por las ideas, se cerraron todos los canales para poder garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, ante esto, hubo orden de parte del Ejecutivo en turno de reprimir. Hay documentos donde se habla precisamente de acabar con los levantamientos organizados de parte de grupos armados, en ese sentido hubo órdenes de matar, de atacar y eso no puede, en ninguna sociedad democrática se puede honrar a los verdugos. En ese sentido, lo que se busca es identificar a quienes atentaron contra la vida, eso es muy importante, lo que se busca es que esta etapa oscura, de falta de información, donde se impidió conocer cuáles fueron los patrones de persecución, represión, que llevaron a la desaparición de varias personas, es precisamente para arribar a una nueva etapa. La nueva etapa es precisamente que nunca más vuelva a suceder eso que se investigue, que se castigue a los responsables”, agregó.
“Quienes fueron víctimas, fue un movimiento social, que ante la exigencia de justicia encontraron represión, persecución y encontraron este tipo de actuaciones nefastas de desaparición, asesinatos, persecución. Creo que la sociedad clama justicia y la justicia está en la parte que luchó por una transformación social y en ese sentido, pues las ejecuciones, desapariciones, operativos que hubo, operativo telaraña, fue con la orden de atacar, matar, reprimir, nunca hubo apertura para el diálogo. Se usó la fuerza y ahí hay responsabilidades penales y tiene que haber, en ese sentido, investigación para que haya justicia”, afirmó.
Barrera Hernández dijo que la comisión “tiene como finalidad conocer en términos objetivos, a través de los archivos que obran en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a través de los testimonios de las víctimas, la actuación que hubo de parte de los elementos castrenses, que obviamente causó un agravio a la sociedad en término de desapariciones, ejecuciones, tortura, de una represión que en muchos lugares se dio de manera generalizada”.
“Es el inicio de una etapa, lo que queremos es dilucidar a través de los archivos estas actuaciones represivas, estamos obviamente en este compromiso, de escuchar los testimonios de las víctimas y conocer los reservorios de los archivos de la Sedena, para dar con estas personas desaparecidas”.
A pregunta sobre la confianza de que encuentren documentos en el Ejército, sobre lo sucedido de 1965 a 1990, o si éstos ya fueron destruidos o alterados, Barrera Hernández dijo que no especularía al respecto, que los comisionados van a esperar a conocer la información que hay en los archivos de la Sedena.
Texto: Agencia Reforma y Daniel Velázquez / Foto: Cuartoscuro
