Ciudad de México, 25 de septiembre de 2021. Entre 2002 y 2018, la asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibió unos 471 millones de pesos para gastos de operación, con los que se pagaron choferes, celulares, viajes, restaurantes de lujo y hasta los impuestos de 40 personas.
Así lo revela el informe enviado por María Elena Álvarez-Buylla al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que detalla algunos de los excesos presupuestales que están sujetos a investigación.
Parte del documento fue exhibido esta mañana por el Mandatario, quien dio lectura a algunos párrafos en los que se advierte que esa misma asociación está vinculada con las omisiones de las autoridades federales en el rescate de mineros en Pasta de Conchos.
“Entre 2002 y 2018, la asociación civil recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación entre los que se incluyen choferes, celulares, servicio de bocadillos, salarios o impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, refiere el informe.
Asimismo, la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán con recursos que no justificó ante el Conacyt, además de que la asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de Conchos.
En el documento se detalla que la asociación se constituyó en 2002, antes de que se expidiera el nuevo Estatuto Orgánico de Conacyt.
Sin embargo, refiere que luego se legitimó su existencia como parte del Consejo, con el objetivo de que tuviera acceso a fondos públicos y participación en la toma de decisiones.
Si hay corrupción de científicos que se castigue, señala el presidente
Ante el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue y castigue a los investigadores corruptos.
“Que se investigue y que si hay corrupción que se castigue, por qué nada más se va castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, que no tienen agarraderas, que no son influyentes, se tiene que acabar la impunidad”, señaló.
El Ejecutivo exhibió también un tuit con insultos a Beatriz Gutiérrez Müller, que atribuyó al científico Aldo Aldrete.
“Es uno de estos señores que ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar, qué tenemos que ver nosotros, pero es producto de todo un proceso de deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal”.
El tabasqueño acusó que anteriormente investigadores del Conacyt no hacían nada y solamente gastaban.
“Tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Y como tenían mucha influencia, pues este y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos”, acusó.
“Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se informaban y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”.
“¿Qué habían hecho? ¡Nada, nada! Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Ahora no, ahora es investigación aplicada, el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias, imagínense ventiladores para atender enfermos de Covid en los momentos que más se necesitaba”, declaró.
Seis ex coordinadores del FCCyT califican como “infundadas” las acusaciones de la FGR
Los seis ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) calificaron como “sorprendentes e infundadas” las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra y por las que se busca encarcelar a 31 científicos y ex funcionarios relacionados con el organismo.
En un comunicado, quienes fueron titulares del FCCyT desde su creación realizan una relatoría con los antecedentes de su creación, que avalan su legalidad, y sobre lo acontecido desde 2019, cuando el órgano se amparó ante la negativa de Conacyt de otorgarle recursos.
El texto va firmado por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, los últimos tres imputados por la FGR.
De acuerdo con lo expresado por los ex coordinadores, el Foro fue creado por mandato del ley en 2002 y su operación y capacidad de recibir recursos del Conacyt estaban sustentados tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, que sigue vigente, como en el Estatuto Orgánico del Consejo, modificado hasta diciembre de 2019.
“Es preciso aclarar que el FCCyT A. C. no es un empresa privada como lo señaló la FGR en su comunicado 377/2021”, responden los ex funcionarios al respecto.
Instituciones académicas exigen a la FGR desistir de la denuncia contra 31 investigadores
Más instituciones, como la red de científicos ProCiencia MX y la Academia Mexicana de la Lengua, sumaron sus voces a la exigencia a la FGR de que se detenga la persecución judicial contra 31 científicos y ex funcionarios.
En un comunicado, ProCiencia MX señala que el argumento de la Fiscalía para tratar de encarcelar a los científicos y servidores públicos carece de sustento jurídico, toda vez que dicho órgano recibió sus recursos de acuerdo a la legislación vigente.
La Academia Mexicana de la Lengua condenó la persecución en un comunicado firmado por 32 de sus integrantes, incluyendo a Margit Frenk, Jaime Labastida, Julieta Fierro, Adolfo Castañón, Diego Valadés, Roger Bartra, Eduardo Matos Moctezuma y Angelina Muñiz-Huberman.
Texto: Agencia Reforma
