Texto. DPA/ Foto: El Sur
Ciudad de México, 23 de junio de 2018. Deborah Ramírez hizo colocar con su familia un monumento en la principal avenida de Ciudad de México para recordar a su hermano y un amigo secuestrados en 2012. Cerca de ahí hay otro, por 43 estudiantes.
Los “antimonumentos” a la inseguridad y las cruces en memoria de víctimas brotan por todo el país. Cansados de la violencia, el 1 de julio los mexicanos elegirán presidente. El opositor Andrés Manuel López Obrador puede capitalizar el descontento.
Una estructura roja de metal de unos tres metros de altura sobresale en el arbolado Paseo de la Reforma. Dice “+43” y honra a los estudiantes, desaparecidos en 2014 después de que la propia Policía los entregó a un cártel de la droga.
A pocos pasos está la escultura a David Ramírez, el hermano de Deborah, y Miguel Rivera. Es una silueta metálica en dos tonos de azul, con forma de persona, sobre una base recubierta de hierro. Los jóvenes iban unos días a la playa en auto cuando fueron secuestrados. Siguen desaparecidos.
“Hay un enojo muy fuerte por la situación de violencia”, dijo a DPA Irma Méndez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. “Ha modificado prácticamente todos los patrones de conducta para ricos, pobres, clase media”.
En 2017 hubo más de 29 mil asesinatos, un récord. Hay unos 35 mil desaparecidos. Los cárteles se disputan territorios a punta de fusil no sólo para el negocio de las drogas sino para secuestros, extorsiones y robo de gasolina.
“Estoy a favor de un cambio porque hemos vivido muchísimo y no ha funcionado”, dijo a dpa Deborah Ramírez, la hermana de David.
El secuestro sucedió al final del Gobierno conservador de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN), que lanzó una lucha militar contra los cárteles en 2006.
Los jóvenes, de 19 y 20 años, fueron secuestrados en el estado de Guerrero, donde gobernaba el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda). Y la investigación tocó al Gobierno de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro).
Tres partidos, ninguna solución. Ahora Deborah piensa que quizás algo podría cambiar en el país si gana López Obrador, ex alcalde de Ciudad de México de 64 años, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Si ganan en el PRI o el PAN seguirían igual las cosas. Morena no siento que sería la mejor opción, pero a lo mejor hay que abrirnos a nuevas opciones”, dijo.
López Obrador promete pacificar México en tres años con una polémica amnistía, combatiendo la corrupción y con programas sociales. No todos están de acuerdo con la amnistía, cuyos alcances no se conocen bien, pero que beneficiaría a campesinos involucrados en narcocultivos más que a los grandes capos.
“En la tele dicen que amnistía es que va a perdonar a los delincuentes”, dijo Luz María Durán, que perdió a su hijo en 2011 en Nuevo León, víctima de desaparición forzada.
“Yo digo que eso se tiene que ver con pinzas, porque tal vez están algunos detenidos que no tienen nada que ver, pero a los que de verdad la deben, tienen que pagar”.
Los principales rivales de López Obrador, el opositor Ricardo Anaya, candidato del PAN y el PRD, y el oficialista José Antonio Meade proponen hacer acupuntura contra los cárteles.
Meade, de 49 años, dice que combatirá el lavado de dinero y el tráfico de armas para quitarles poder. Anaya, de 39, quiere aumentar el tamaño de la Policía Federal y desmantelar las bandas con inteligencia, más que sólo detener a los cabecillas.
Ni ellos ni López Obrador fijaron plazos para retirar de las labores de seguridad a las Fuerzas Armadas, cuya intervención, según distintos organismos, hizo que aumentara la violencia.
López Obrador piensa integrar a los policías y militares en una Guardia Nacional y coordinar personalmente la estrategia con reuniones diarias a las seis de la mañana.
Meade quiere unificar los códigos civiles de todo el país y Anaya hacer una Secretaría de Seguridad Ciudadana. El cuarto candidato, el independiente Jaime Rodríguez, con poca intención de voto, propone cortar la mano a los que roben.
Joaquín Solorio Urrutia, miembro de la organización campesina El Barzón de la localidad de Benito Juárez, en el estado de Chihuahua, sabe de lo que habla.
Pueblos controlados por gente armada. Policías y alcaldes a su servicio. Escuelas abandonadas. Jóvenes que ven en la delincuencia una manera fácil de tener autos y chicas. Complicidades hasta nivel de gobernadores.
“Es una situación muy compleja porque resolverla no está en manos del próximo presidente. Es un arraigo tal que no se va a erradicar en un corto plazo”, afirmó. “Lo que yo diría es que se tiene que iniciar”.
