Texto: Agencia Reforma / Foto: Redes sociales (Ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda)
Ciudad de México, 7 de abril de 2018.- Funcionarios ligados al exgobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda lograron un amparo contra juicios políticos que el Congreso del estado inició en su contra, lo que impide cualquier acción penal contra ellos.
Se trata del exdirector general del Fondo de Pensiones; Luis Antonio Apaseo Gordillo, exsecretario de la Contraloría del Estado, y Mario Alberto Pacheco Ventura, extitular de Administración y Finanzas.
También, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Raymundo García Chávez, quien ha sido señalado de ser testaferro de Sandoval.
Con este amparo, el Congreso queda atado de manos en los procedimientos de responsabilidad abiertos contra funcionarios de confianza del exgobernador de Nayarit
“Se concede la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, esto es, si existieren juicios políticos sustanciados por el Congreso del Estado de Nayarit, iniciados a la parte quejosa, se continúe con su trámite pero deberá abstenerse de dictar la resolución final correspondiente”, resolvieron prácticamente en los mismos términos los juzgados Sexto y Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo de Jalisco, que llevan los casos.
Tras los fallos iniciales, entre finales de febrero y los primeros días de abril, se impide al Congreso declarar la procedencia de responsabilidad, retiro del fuero -en lo aplicable- y por defecto emprender cualquier acción penal subsecuente en contra los demandantes, conforme obra en los expedientes 717/2018 (del 6° para García Chávez) 841/2018 (del 4° para Parra Zavala) 860/2018 (del 4° para Pacheco Ventura) y 571/2018 (mismo 6° para Apaseo Gordillo).
Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa también concedió una medida cautelar definitiva para evitar la resolución del proceso de remoción del titular de la Auditoría Superior, Roy Rubio Salazar, quien fue separado del cargo en octubre pasado, y señalado de haber sido favorecido con una Notaría por parte de Sandoval.
En la demanda de garantías 3890/2017, la autoridad jurisdiccional también dictó que el Auditor deberá recibir un 30 por ciento de sueldo al que tenía derecho por la relación laboral, en tanto se llegue a la sentencia; es decir, alrededor de 28 mil pesos mensuales conforme al Tabulador del órgano fiscalizador estatal.
El Congreso acusó a Parra Zavala, Apaseo Gordillo y Pacheco Ventura, por el manejo indebido de recursos públicos, por un supuesto desvío de mil 200 millones de pesos de aportaciones de trabajadores municipales y estatales, malversación de fondos de programas sociales, así como deudas a CFE, Secretaría de Hacienda, Seguro Social y posible doble contabilidad.
Los amparos fueron ganados por el despacho tapatío Illanes y Soto.
La misma firma legal representa a la empresaria Angélica Fuentes en el pleito legal contra su ex esposo Jorge Vergara.
El 21 de febrero pasado, los diputados locales también aprobaron el juicio político contra Sandoval por la sospecha de incurrir en actos de abuso de autoridad, peculado y cohecho que derivaron en un presunto enriquecimiento ilícito.
En marzo, Sandoval también ganó una suspensión definitiva que imposibilita a la Fiscalía de Nayarit o Jalisco, así como a la PGR judicializar cualquier indagatoria abierta en su perjuicio.
Tras una querella del ex diputado e integrante de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, por el patrimonio inexplicable –con la carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI/0031/18– a Sandoval le aseguraron cinco propiedades que ascendían a más de 150 millones de pesos.
