Ciudad de México, 19 de octubre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amplió de uno a tres, a partir del lunes, los días de la audiencia pública sobre derechos de personas con discapacidad, pero aseguró que es la primera en su historia, a pesar del registro de al menos otras dos desde 2006.
La audiencia pública es para resolver la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en la que se solicita la invalidez de diversos artículos de su ley, reformada por el Congreso local sin consultar a las personas con discapacidad.
La propuesta de la Ministra Lenia Batres, a quien le fue turnado el asunto, es desconocer la obligación de consulta, pues afirma que la constitucionalidad de una norma no depende de que haya sido consultada sino de su afecta o no los derechos sustantivos del sector de la población a la que va dirigida.
La nueva Corte podría abandonar así el criterio de los anteriores Ministros de invalidar automáticamente una ley o norma que no haya sido consultada.
El tema fue pospuesto la semana pasada en la Corte al anunciar una audiencia pública el próximo lunes, a partir de una convocatoria abierta.
La SCJN informó que será de tres días, hasta el miércoles, en su sede, pues aceptó escuchar a todas las personas, organizaciones y asociaciones que cumplieron con los requisitos mínimos: 103 en total, según la lista publicada en su página de internet.
“Nos complace invitarles a ser parte de un hecho histórico en esta nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la primera audiencia pública que se llevará a cabo en tres sesiones”, afirmó la Corte, a pesar del registro de audiencias anteriores.
Entre abril y junio de de 2008, la Corte realizó seis audiencias pública donde escuchó a quienes estaban a favor y en contra de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en la que participaron el entonces senador Pablo Gómez y el científico Ruy Pérez Tamayo. El 22 de enero de 2010, la Corte también realizó una audiencia en la que la IP y representantes del Gobierno y el Congreso presentaron argumentos sobre el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Agencia Reforma
