Texto: Víctor Fuentes, Agencia Reforma / Foto: EFE, archivo El Sur
Ciudad de México, 2 de octubre de 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició hoy el trámite para resolver si puede o no integrarse una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Aguilar, admitió cuatro incidentes de inejecución de sentencia derivados de los amparos concedidos en junio pasado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
En esos amparos, el tribunal colegiado desconoció la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas, y de forma oficiosa, ordenó crear la Comisión, que estaría encabezada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de las víctimas, para que indague de nuevo el caso.
Al asumir los incidente de inejecución, el Pleno de la Corte establecerá si el tribunal colegiado excedió en sus sentencias los temas que le habían sido planteados por los quejosos, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los jóvenes, y por tanto, si el incumplimiento de estas sentencias está justificado.
Si la Corte declara que el incumplimiento es injustificado, tendría que ordenar la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables del desacato.
Los incidentes de inejecución fueron turnados al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que presente a la brevedad los proyectos respectivos al Pleno.
La semana pasada, Aguilar recibió a padres de los normalistas y ofreció que la Corte daría “celeridad” al caso, aunque en ese momento, no había en el máximo tribunal algún expediente que permitiera la intervención de los ministros.
“El Ministro Presidente admitió hoy martes a trámite los incidentes de inejecución de sentencia 154 al 157/2018 atendiendo al derecho a la prontitud en la administración de justicia, y ante la reiterada manifestación de la PGR, así como de manifestaciones de la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionadas directa o indirectamente con causas de imposibilidad jurídica para cumplir los amparos”, informó la Corte.
Tanto la PGR como la CNDH y otras autoridades han manifestado que crear la Comisión violaría la Constitución, que faculta exclusivamente al Ministerio Público para investigar los delitos.
En julio, el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar la ejecución de los amparos, declaró que es jurídicamente imposible su cumplimiento.
Pero el 20 de septiembre, el propio tribunal colegiado revocó este fallo e insistió en que hay fundamento Constitucional para crear la Comisión.
En esa ocasión, el tribunal colegiado en teoría resolvió los incidente de inejecución, y no consta algún acuerdo en el que dicho tribunal hubiera enviado los expedientes a la Corte, que es el procedimiento ordinario en estos casos.
El tribunal colegiado no mandó los incidentes a la Corte porque consideró que la inejecución de los amparos era, hasta ese momento, excusable, debido a la declaración de imposibilidad del tribunal unitario.
Los amparos ya fueron ejecutados en lo que toca a los autos de formal prisión por delincuencia organizada dictados en 2015 contra ocho integrantes de Guerreros Unidos, mismos que fueron revocados el 20 de septiembre por un juez de Matamoros.
