Se reúnen en ese pueblo na savi de Cochoapa el Grande autoridades del gobierno del estado, municipal y comunitarias, Codehum y Tlachinollan. Los visitantes informaron que están prohibidos los matrimonios en menores y que si son forzados y se solicita dinero, es un delito. Los padres y principales presentes se comprometieron a respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Tlapa, Guerrero, 15 de diciembre de 2021. Autoridades municipales y estatales, de la Fiscalía General del Estado y defensores de derechos humanos estuvieron con habitantes de la comunidad na savi Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, para pedirles que garanticen el regreso de Angélica y su familia desplazada por negarse a devolver el dinero que pidieron cuando la casaron hace cuatro años.
Sin embargo, en la plática se mencionó que la puerta de su casa estaba dañada (macheteada), por eso no había condiciones para que la familia retornara a su vivienda, lo cual verificaron en un recorrido los integrantes de la comisión. Y se regresaron a Tlapa.
A los presentes les informaron y explicaron que se debe prohibir los matrimonios en menores que violentan sus derechos humanos y que la realización de matrimonios forzados en la que se solicite la entrega de dinero para formalizar una relación tiene consecuencias jurídicas.
También se les informó que los dos menores de identidad reservada con iniciales MCM y AMG, quienes fueron privados de su libertad en el interior de la cárcel del pueblo de Joya Real, el 24 de noviembre del año en curso estaban en DIF estatal.
La visita de autoridades a esta comunidad se acordó el pasado 7 de diciembre en Tlapa, luego de que se focalizaron casos de menores de edad encarcelados porque les pedían a las familias la devolución del dinero tras rebelarse a un matrimonio forzado, donde las encarcelaron una en Dos Ríos y en Joya Real.
Así el pasado lunes 13 de diciembre, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán; el fiscal Especializado en Atención de Pueblos Indígenas, Ramiro Rivera Martínez; las autoridades municipales, el presidente, Bernardo Ponce García, la síndica procuradora, Hildeberta Moreno Flores y la presidenta del DIF, Cecilia Leyva Galindo dijeron a los presentes de manera concreta que los matrimonios de menores con dinero de por medio es un delito y deben erradicarlos.
Durante más de tres horas, los comisarios de Joya Real, Félix Vázquez Valdez, quien se sumó al último porque, dijeron tenía miedo de ser aprehendido por el encarcelamiento de menores; el de Dos Ríos, Natalio Alejandro González; de Yuvicani, Alberto Peñafort González; de Agua Azul, Aurelio Ventura Martínez; de Río Mendoza, Vicente García Vázquez y el delegado de El Ciruelo, Antonio Álvarez de Jesús escucharon a los visitantes, que fueron acompañados por efectivos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministerial y municipales.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández planteó que estaban para ver las condiciones de regreso de la familia de Angélica y que no se debía seguir con los matrimonios forzados, que no se puede pagar por una niña como si fuera una res que compran para una fiesta y además encarcelarlas para que devolvieran el dinero porque se violentan sus derechos y se configuran delitos como privación ilegal de la libertad.
Y que sabía que eso no se hacía en las comunidades, que era de apenas porque estaba llegando el dinero de quienes están en Estados Unidos. En tanto hablaba, manifestó “me acaban de informar que alguien fue a tirar la puerta de la casa de Manuel y Concepción, saben que quien hizo eso puede ir a la cárcel, es un delito, ya se deben de dejar de hacer esas cosas porque si no el pueblo va seguir con mala fama, ya no sólo por encarcelar niñas”. Eso no genera tranquilidad y eso es responsabilidad del comisario y su comitiva y de la gente que vive aquí, deben investigar, si no lo hacen se vuelven cómplices”.
El alcalde Bernardo Ponce mencionó que su administración a través de la sindicatura está enviando oficios a los comisarios y delegados explicándoles sobre la violencia contra mujeres y de los matrimonios arreglados o venta de mujeres que es un delito y pueden caer en responsabilidades si los avalan.
Además de hacer pláticas directas en las comunidades que estaban recorriendo y que espera tener resultados en su administración porque se está coordinando con las autoridades comunitarias “independientemente si recibo apoyo o no de allá arriba, estoy haciendo cosas a mi manera que considero pueden ayudar para cambiar estas prácticas que antes tenían otro contexto en los usos y costumbres”.
La secretaria de la Mujer, Violeta Pino dijo que los matrimonios forzados deben erradicarse y se comprometió a coordinar trabajos, de igual manera fue la participación de la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso.
Los compromisos
El presidente municipal Bernardo Ponce se comprometió con la síndica a continuar con las reuniones en las comunidades con los comisarios y delegados, sobre todo con los entrantes para que no continúen formalizando matrimonios forzados con pagos monetarios, ya que les pueden fincar responsabilidades penales porque la costumbre no dice que hay que vender a las niñas.
Además de cumplir las medidas de protección decretadas por la Fiscalía del Estado para que se garantice la integridad física de todos los miembros de la familia de Angélica, que fueron notificadas al director de Seguridad y la síndica, Hildeberta Moreno Flores, por el fiscal regional, Ramiro Rivera Martínez.
Además de que buscará una reunión con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, para que los maestros de los niveles preescolar, primaria y secundaria cumplan con su trabajo y acudan a comunidad, porque ese día era lunes y las aulas estaban cerradas con candados.
También buscará hablar con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez, para que se envíe personal médico y medicamentos a los centros de salud y que se realicen las obras de pavimentación de calle y rastrilleo de caminos, que ya se hizo.
La petición de salud y educación será reforzada por las autoridades estatales que estuvieron en la reunión mediante oficios.
Tlachinollan se comprometió a entregar el acuerdo y formalizar una petición a la gobernadora, Evelyn Salgado para que atienda con maestros, personal médico y medicamentos a la población, así como mejorar el camino de terracería.
Las autoridades presentes estarán atentas a que las autoridades municipales y comunitarias velen por la seguridad de la familia de la menor y si alguien la molesta, amenace o intimide se actuará en su contra iniciando el procedimiento legal correspondiente.
Los padres de familia, principales del pueblo y las autoridades dijeron que entienden la situación y se comprometen a respetar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y no los obligarán a formalizar matrimonios forzados a cambio de dinero.
Además de que las autoridades vigilarán que no se continúen realizando matrimonios forzados, evitarán privar de la libertad a los padres y madres de menores de edad a los que les exijan la devolución del dinero pagado por matrimonios arreglados.
La secretaria de la mujer, Violeta Pino Girón, de manera concreta se comprometió iniciar un proceso de capacitación con los comisarios, prin cipales, mujeres, adolescentes, niñas y niños, para que conozcan sus derechos y la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytan a ofrecer asesoría jurídica y capacitación en temas derechos humanos de las mujeres para lo cual el presidente generará los espacios para garantizarlas.
Aquí así son las costumbres
Un poblador dijo que tienen muchas carencias porque no llegan los maestros de preescolar, primaria y telesecundaria; que padecen de atención a la salud donde las mujeres mueren por muerte materna, que los programas sociales no llegan o los recursos se regresan porque los maestros no reportan y que en esas condiciones no ayudaban a las mujeres ni jóvenes, y si piden cambiar cosas, les generarán condiciones.
Otro poblador habló de la carencia de apoyo del gobierno por lo que tienen que emigrar en busca de trabajo como jornaleros y sólo tienen algunos granos de maíz de la siembra de temporal sin más oportunidades.
Reconoció que él casó a su hijo e hizo el trato con los papás de su esposa, porque así es la costumbre del pueblo, que hicieron comida y que dio dinero. Que ahí escogen a la mujer que debe acompañar al marido, quien debe prepararle sus alimentos, lavarle la ropa.
Dijo que ven mal que una mujer platique con un hombre o envíe mensajes por celular porque eso genera problemas y que tal vez en la ciudad es de otra manera en que una mujer puede andar con uno terminar la relación y salir con otro hombre.
Agregó que este martes habría dos bodas en el pueblo porque cada comunidad es diferente y vive diferente y lo que pasó es un problema de las familias y no quieren reunión tras reunión.
Otro poblador que fue sacado porque estaba alcoholizado mencionó que en las comunidades cercanas se piden cantidades más elevadas para dar a las hijas en matrimonio, que no es solo aquí.
Los reeducados y el encarcelado
En las últimas intervenciones, quien se identificó como abogado preguntó sobre la situación jurídica del comisario de Joya Real, de los dos coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) que están siendo reeducados en San Luis Acatlán y de otro detenido (Rutilo) que lleva dos meses.
Barrera Hernández respondió que los de la CRAC-PC acordaron estar en la comunidad para atender el asunto y desconocía porqué no cumplieron el compromiso ya que la comisión que acudió fue para ver las condiciones para el regreso de la familia y los otros dos menores y la Fiscalía y el Ministerio Público están por los asuntos legales.
Pidió al abogado que no engañara a la gente, que explicara bien, porque se acordó que primero se debe generar las condiciones en la comunidad para las familias desplazadas y luego se abordarían otros temas que son asuntos de la CRAC-PC.
Un poblador lo secundó diciendo que las cosas no están siendo parejas porque la autoridad no es responsable de lo que había pasado, sino que trató de arreglar el problema de esos días y que se pide la libertad de los policías comunitarios porque trataron de arreglar el problema entre las familias.
Se acercaron familiares de los policías comunitarios de Dos Ríos para pedir su libertad porque tal vez se equivocaron al intervenir, pero consideran su detención injusta y piden que los dejen libres.
Texto y foto: Carmen González Benicio
