Chilpancingo, Guerrero, a 12 de marzo de 2025.- Autoridades de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunieron el lunes con el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y con el secretario de Seguridad Pública, Josué Barrón Sevilla, con quienes trataron asuntos de seguridad en las zonas donde opera la Policía Comunitaria.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Ramón Jiménez informó que uno de los asuntos que trataron fue el caso de la Policía Comunitaria de la Casa de Enlace de Escalerilla San Juan, donde según reportes en redes sociales de Internet, están ocurriendo enfrentamientos con un grupo armado de Huitzapula, municipio de Atlixtac, y se ha dicho que la CRAC no permite la entrada del Ejército, de lo cual se deslindaron.
Por su parte, el gobierno del estado informó en un boletín de prensa que el objetivo de la reunión fue “establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en las comunidades de pueblos originarios de Guerrero, en estricto apego al marco jurídico vigente”.
La reunión de las autoridades comunitarias y los funcionarios del gobierno estatal se dio a unos días de que cinco policías comunitarios de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, detenidos el 17 de febrero en Tlapa, fueron vinculados a proceso por portación de armas de fuego.
Asimismo, luego de que un grupo de policías comunitarios de la Casa de Enlace de Escalerillas San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas lleva más de dos semanas enfrentándose de manera intermitente a un grupo de civiles armados de Huitzapula, municipio de Atlixtac. El grupo de policías comunitarios ha sido vinculado en las redes sociales con el grupo delictivo de Los Ardillos.
Consultado por teléfono, el coordinador Ramón Jiménez declaró que plantearon en la reunión trabajar de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal “para la seguridad de la gente de los pueblos”.
Informó: “les dijimos que nosotros no nos oponemos a que vengan a realizar operativos o a hacer su trabajo como gobierno en nuestro territorio. Simplemente queremos ir con ellos (en los operativos) para trabajar de manera conjunta por la seguridad de toda la gente”, declaró.
El coordinador explicó que fue pertinente la aclaración “porque luego se malentiende y se dice que nosotros no les queremos dar el paso con la Policía Comunitaria y nos fuimos a deslindar de eso, les dijimos que nosotros, por el contrario, queremos que nos apoye el gobierno”.
Indicó que les dijeron que el trabajo que está haciendo la Policía Comunitaria le corresponde hacerlo al gobierno pero que por usos y costumbres de los pueblos indígenas “también estamos haciendo ese trabajo en lo que se pueda”.
El coordinador de la CRAC aseguró que la reunión no tuvo nada que ver con el caso de los cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco y fueron detenidos.
Sin embargo, reconoció que sí tuvo que ver “con lo que está pasando en San Juan Escalerillas”, indicó en referencia a los enfrentamientos que han venido ocurriendo sobre todo en Huitzapula, entre un grupo de la Policía Comunitaria contra civiles armados del pueblo.
“Nosotros fuimos (a la reunión) para deslindarnos, porque allá sí no se permite que suba el gobierno, dicen que solamente ellos. Entonces nosotros fuimos a decirles que como sistema comunitario no podemos decirles que no suban, puesto que para eso son gobierno”.
En el lugar del enfrentamiento no hay Policía Comunitaria
Ramón Jiménez aclaró que en esos pueblos donde se están dando los enfrentamientos en las colindancias de Zapotitlán Tablas y Atlixtac no hay Policía Comunitaria de la CRAC y que, por lo tanto, puede entrar el gobierno a investigar lo que está pasando.
Con respecto al diagnóstico que le presentaron de la seguridad en las zonas donde opera la Policía Comunitaria, dijo que explicaron que hay garantías de seguridad, “que tenemos algunos errores en los pueblos, pero que como Casa de Justicia los reconocemos y que queremos colaborar con el gobierno para garantizar más seguridad a los pueblos”.
Indicó que el propio subsecretario Rodríguez Cisneros estuvo de acuerdo con ellos y reconoció el trabajo que realizan en sus comunidades.
El boletín
Por su parte, el gobierno del estado informó en su comunicado que el objetivo de la reunión con los representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC fue establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en las comunidades de pueblos originarios de Guerrero, “en estricto apego al marco jurídico vigente”.
Agregó que les presentaron un análisis de la situación de seguridad en sus comunidades y propusieron estrategias de coordinación con las instituciones de seguridad pública.
“Asimismo, manifestaron su disposición para colaborar en la construcción de la gobernabilidad, siempre dentro del ámbito de sus competencias y respetando los derechos humanos”.
Se informó que el subsecretario Rodríguez Cisneros “reiteró el compromiso del gobierno del estado y el respeto a los pueblos originarios, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aplicables”.
Además de que se comprometió a fortalecer la coordinación con las autoridades comunitarias, a través de la regulación y la promoción de la sana convivencia.
Se informó que el secretario de Seguridad Pública, Josué Barrón Sevilla reconoció la disposición de la CRAC-PC para ajustarse a la normatividad vigente y ofreció el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para facilitar este proceso.
También se dijo que el gobierno del estado y los integrantes de la CRAC-PC acordaron mantener mesas de trabajo para dar seguimiento y coordinarse con las instituciones de seguridad y fortalecer la gobernabilidad en las comunidades.
Reportan siete muertos y enfrentamientos que van de pueblos de Atlixtac a Zapotitlán
Al menos siete muertos han dejado enfrentamientos intermitentes entre dos grupos armados que comenzaron el 27 de febrero en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, y que se han extendido a otras comunidades ubicadas en las colindancias de este municipio y el de Zapotitlán Tablas.
En una carta enviada el 5 de marzo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los pobladores de Huitzapula denuncian que los gobiernos federal y estatal los han dejado solos ante la violencia generada por dos grupos que se disputan el territorio.
En tanto que en un boletín de prensa el gobierno del estado informó el 7 de marzo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del Ejército sostuvieron ese día reuniones con líderes ejidales y representantes comunitarios de Atlixtac, “para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en la región”.
Según el documento enviado a la presidenta Sheinbaum, uno de los grupos armados se presenta como Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), pero en los hechos es un brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos que pretende desplazar al otro que controla la población actualmente.
Las autoridades de los pueblos, que por temor a las represalias sólo respaldan el escrito con sellos de las comunidades, refieren que la violencia comenzó con el enfrentamiento entre dos familias el 26 de octubre de 2024 con resultado de dos muertos.
Pero indican que los enfrentamientos reiniciaron este 27 de febrero pasado, cuando unos 200 hombres armados que se presentan como policías comunitarios entraron a Huitzapula en 15 camionetas y atacaron algunas casas y vehículos, con resultado de cinco campesinos muertos.
Antes, integrantes del grupo armado adversario, habían asesinado a balazos a un policía comunitario e incendiaron una camioneta y un automóvil cerca de Atlixtac, lo que habría motivado la irrupción a Huitzapula en busca de los agresores.
En tanto que el viernes pasado un hombre fue encontrado desmembrado en una de las calles de Huitzapula dentro de una bolsa negra de plástico y fueron señalados como responsables los “policías comunitarios”.
Los pobladores tanto de esta localidad como de comunidades vecinas han insistido mediante mensajes por Facebook al gobierno federal y estatal que envíen soldados y agentes de la Guardia Nacional para que se encarguen de la seguridad.
“Ni la Guardia Nacional, ni el Ejército Mexicano, ni la Policía Estatal intervinieren. Las autoridades no hacen nada”, reprochó una vecina.
Además, el 3 de marzo, autoridades de al menos 10 pueblos enviaron una carta a la presidenta Sheinbaum Pardo a quien le exponen la grave situación de violencia que está viviendo.
Refieren que desde el 27 de febrero no han cesado los enfrentamientos cerca de sus localidades, sin que haya intervenido el ejército ni la Guardia Nacional para pacificar la zona.
“A cuatro días de que iniciaron estos enfrentamientos en esta región por la supuesta policía comunitaria siguen manteniendo bajo asedio a la población”.
Aclaran: “Decimos supuesta policía comunitaria porque sabemos que no lo son, estas personas se escudan de comunitarios para atacar a San Pedro Huitzapula, hacer sus fechorías y poder ingresar a las comunidades como lo quieren hacer con nosotros”.
Denuncian que han pedido ayuda y el resguardo por parte de la Guardia Nacional y del 93 Batallón de infantería ubicado en Tlapa “y hasta el momento no hemos recibido tal resguardo por parte de la seguridad”.
De acuerdo al comunicado sellado por las comunidades y firmado por las autoridades, derivado de la violencia de los últimos días se suspendieron las clases en las escuelas de todos los niveles.
“Nos están matando y la Guardia Nacional y el ejército mirando de lejos quien gana porque ellos no se quieren enfrentar con estos criminales, ni mucho menos”.
Concluye: “Este es un grito de auxilio a quien nos escuche ¿o será porque somos indígenas nos discriminan?, ¿ante quién debemos acudir?. La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha tomado cartas en el asunto”, reprochan.
En un boletín de prensa el gobierno del estado informó el 7 de marzo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del ejército mexicano sostuvieron ese día reuniones con líderes ejidales y representantes comunitarios de Atlixtac “para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en la región”.
Se informa que durante el encuentro en la comisaría ejidal de San Pedro Huitzapula Norte, “se establecieron acuerdos para mejorar la comunicación con la comunidad y atender sus inquietudes en materia de seguridad. “Además, se reforzó la importancia del uso de los números de emergencia 9-1-1 y 089 para la denuncia ciudadana”.
El comunicado añade que posteriormente, en la comunidad de Lucerito, se dialogó con representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), “destacando la importancia de respetar la normatividad vigente en el marco de la Ley 701 y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad”.
De acuerdo al boletín, en la reunión se acordó impulsar acciones de proximidad social y prevención del delito, promoviendo la denuncia ciudadana y la realización de programas comunitarios en beneficio de los habitantes del municipio y sus localidades.
Pero mediante otro llamado por Facebook, pobladores señalan que hasta el 10 de marzo “la situación sigue siendo crítica. Los grupos armados siguen en la zona y los habitantes temen una nueva masacre”.
Indican que el gobierno aún está a tiempo de actuar. “Si no lo hace, será responsable de lo que ocurra en Huitzapula”.
Piden el retiro inmediato de los grupos armados de la CRAC de San Juan Escalerillas, garantías de seguridad y protección para la comunidad, atención a las familias afectadas, especialmente a niños y niñas, así como justicia para las víctimas de la violencia.
“El conflicto en San Pedro Huitzapula es un reflejo del abandono que sufren muchas comunidades indígenas en México. Mientras el gobierno ignora la crisis, los habitantes resisten con la esperanza de que su historia no quede en el olvido”, denuncia otro de los pobladores en Facebook.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Gobierno del estado
