Si no es reinstalado demandará al Trife que asuma la jurisdicción de los diputados locales y lo haga, dice en la Ciudad de México
Sólo se fundamentará el dictamen, adelanta Vicario
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: El Sur
Chilpancingo, Guerrero. El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, anunció una denuncia penal contra el auditor estatal Alfonso Damián Peralta por dar a conocer de manera “facciosa” información preliminar a sus auditorías con la finalidad de afectarlo políticamente por órdenes del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Este martes en conferencia de prensa en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, Leyva y su abogado Julio Antonio Hernández Barros anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) la resolución del Congreso de negarle su regreso al cargo, y le solicitará que asuma la jurisdicción del Congreso local y ordene su reinstalación en un plazo de tres días; y que el caso lo llevarán hasta la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Leyva reiteró que el motivo por el que no se le permite regresar es “totalmente político”, y explicó que la licencia que solicitó al Congreso fue por “manipulación directa del gobernador en el Congreso para que se me haga un juicio de revocación de mandato sobre temas de basura que tienen un principio y un origen de hace cerca de 12 años, tiempo durante el cual el actual gobernador fue presidente municipal durante dos ocasiones”.
Leyva Mena dijo ahí también que la solicitud de licencia la pidió por tiempo indefinido “porque así me presionó el secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame, y en el entendido de que en 180 días que dura la revocación de mandato, nosotros íbamos a regresar”, pero el trato no se cumplió y cuando quiso reincorporarse al cargo el Poder Legislativo se lo negó.
Por eso afirmó que “las causas son obviamente de carácter de tipo político, porque hay que entender que hay que entender que en estos cuatro meses han reincorporado a cerca de 60 funcionarios públicos y políticos que han solicitado su reincorporación o solicitud de licencia y solamente en mi caso no se me ha reincorporado”.
El alcalde con licencia llamó al gobierno federal para que ponga atención a lo que ocurre en Guerrero porque “hay un quebranto del Estado de derecho muy grave, muy delicado que vamos a acudir a las instancias internacionales para demandar”.
También pidió al presidente Enrique Peña Nieto que dimensione el incumplimiento “de una resolución de un tribunal federal electoral, creo también y hago una denuncia pública de la intromisión que hace un gobernador al Poder Judicial del Estado y al Congreso del estado y eso no puede establecerse en un Estado democrático, sino en un Estado de carácter absolutista”.
Pidió al gobierno federal “meter manos en el asunto” para que no caigan en responsabilidades “por su falta de actuación y de su tolerancia hacia gobernadores que hoy son causa de procedimientos de carácter jurídico en su contra y de repudio social”.
Uso indebido del cargo de parte del auditor
De los desvíos de recursos de los que se le acusan por más de 110 millones de pesos, dijo que ya tiene integrada la cuenta pública, pero aún no la ha entregado a la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque el gobernador está utilizando a Damián Peralta para “golpearme”.
El motivo por el que no la ha entregado es porque “estamos en un litigio jurídico y segundo porque el auditor ha sido un matraquero del gobernador para acusarme sin tener la cuenta pública en sus manos, y la posibilidad del quebranto financiero no la puede determinar si no ha concluido el proceso de fiscalización”.
Dijo que la ASE puso una denuncia penal en su contra por peculado, a pesar de que ese delito encuadra cuando un servidor público desvía recursos para fines personales o el dinero ingresa a cuentas familiares, “no es mi caso, todo el recurso público venido de la federación está considerado en transacciones y transferencias bancarias de las que no tocamos ni un solo peso y donde ese dinero está perfectamente acreditado”.
Además, dijo que otro de los motivos por el que no entrega la cuenta pública a la ASE es porque el auditor utilizará esa información de manera facciosa en contra de su imagen, por eso dijo que presentó la demanda penal en su contra “porque la ley es muy clara cuando se hace uso indebido del cargo que tiene”.
Afirmó que “el aparato de las auditorías, con el auditor encima, está tratando de clasificar delitos cuando ni siquiera hemos entregado la cuenta pública”, después “se le demandará penalmente por el uso de su cargo, que de manera indiscriminada me ha acusado de desvíos de recursos y de desacato, sin haber concluido el proceso de fiscalización y donde la ley le prohíbe expresamente señalar ese tipo de aseveraciones”.
Por su parte el abogado Hernández Barros explicó que la ley establece que el auditor está imposibilitado para dar información o datos que “arrojen sus propias auditorías en forma preliminar y en este ha incumplido esa obligación, que la propia ley señala con el castigo de destitución, incluso con penas privativas de la libertad y nosotros presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado”.
El explicó que de acuerdo con la ley local “los servidores públicos de la auditoría y en su caso los auditores deberán guardar estricta reserva y confidencialidad de la información y documentos a los que tengan acceso con motivo de su función, de no hacerlo serán objeto de responsabilidades”.
En la conferencia el abogado también explicó que la resolución del tribunal electoral es clara en el sentido de que la licencia de Leyva Mena es por tiempo indefinido y por esa razón, tendría que dejarlo regresar cuando éste lo solicite.
Confió en que el Congreso acate la resolución y reinstale a Leyva Mena y así “demuestren que quieren abonar al Estado de derecho”.
Pero si el Poder Legislativo decidiera insistir en negarle a Leyva Mena su derecho a regresar al cargo para el que fue electo dijo que “iríamos de nuevo al Tribunal para solicitar asumiendo la jurisdicción del Congreso, que fue incompetente para dictaminar por sí mismo, reinstale a Marco Leyva directamente”.
La causa de esta petición radica en que el Congreso “incurrió una vez más en la violación a los derechos humanos y político-electoral a ser votado en su vertiente a ocupar el cargo para el que fue electo Leyva Mena por la ciudadanía, y a la garantía de fundamentación y motivación de los actos de autoridad”.
(En la imagen: El abogado Julio Antonio Hernández Barros y el alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, ayer en la conferencia en la Ciudad de México. Foto: El Sur)
Sólo se fundamentará el dictamen y no
se reinstalará a Leyva, adelanta Vicario
Texto: Rosalba Ramírez García
Chilpancingo, Guerrero. Durante la sesión del Congreso local se dio lectura a la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca el dictamen que niega el regreso al cargo y funciones del alcalde con licencia de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, y se envió a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
La diputada secretaria de la Mesa Directiva Linda Rosalía Navarrete de la O leyó la cédula de notificación del Tribunal Electoral que ordenó emitir un nuevo pronunciamiento en un término de cinco días hábiles.
La orden es de la Sala Regional de la Cuarta circunscripción Plurinominal de la Ciudad de México, en la que se señala que la resolución del Congreso carece de fundamentación y motivación.
El pleno pidió a la Comisión de Asuntos Políticos que presente un dictamen en los términos que establece el fallo para que sea discutido, votado y en su caso aprobado y se citó a sesión el próximo lunes cuando se vence el plazo de cinco días hábiles.
El presidente de la Junta de Coordinación Política Héctor Vicario Castrejón afirmó que el Poder Legislativo de Guerrero acatará la orden de fundamentar y motivar el dictamen que aprobaron en la sesión del 12 de abril.
Primero dijo que presentarán el mismo dictamen contra el regreso de Leyva Mena al cargo de alcalde, pero se ampliará con la motivación y fundamentación solicitadas.
Pero después dijo que la comisión determinará si cambia el sentido del dictamen o presenta el mismo pero ampliado en su fundamentación, “se nos pide fundar y motivar, y eso es lo que vamos hacer y respetar a la gente que se ha expresado en este espacio”, dijo en referencia a los grupos que solicitaron el juicio de revocación de mandato.
Reiteró que el tribunal no ordenó reinstalar a Leyva y así darán cumplimiento, presentando un dictamen motivado y fundamentado.
En respuesta a lo dicho horas antes en conferencia de prensa en la Ciudad de México por el alcalde con licencia, en el sentido de que se le impide regresar por motivos políticos, Vicario Castrejón dijo que “somos un poder soberano y aquí somos los diputados los que tomamos las decisiones y exigimos respeto al trabajo que realizamos los legisladores”.
En la sesión también se tomó protesta como diputado a Josué Flores Alvarado, suplente de Irving Adrián Granda (PRI).
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