Ciudad de México, 5 de octubre de 2021. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reprogramó los dos primeros interrogatorios a ex funcionarios del Conacyt, programados para este martes, ante la sospecha inicial de que uno de los fiscales del caso tuviera Covid, lo cual ya fue descartado.
Los ex funcionarios que fueron citados a declarar para este martes, y cuyas diligencias no se llevaron a cabo, son María Mónica Ramírez Bernal y Rafael Pando Cerón, este último ex director de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt.
La primera llegó puntual para su cita de las 11:00 horas, pero luego de ingresar al edificio de la FEMDO, en Reforma 75, le informaron que no se llevaría a cabo su comparecencia, debido a que uno de los responsables del caso se haría la prueba del Covid-19.
Fuentes federales precisaron que, si bien había la sospecha de que uno de los fiscales del caso hubiese sido contagiado de coronavirus, debido a algún síntoma, esa posibilidad fue descartada esta tarde al practicarse una prueba cuyo resultado salió negativo.
De cualquier forma, justificaron la aplicación del protocolo interno para la pandemia y, en principio, decidieron reprogramar los dos citatorios de este martes.
Este miércoles y jueves están citados a declarar Julia Tagüeña Parga y Patricia Zúñiga Cendejas, ex coordinadora y fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), respectivamente.
También José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, quienes igualmente se desempeñaron como coordinadores del FCCyT.
A los 31 académicos, científicos y ex funcionarios se les investiga por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al FCCyT, de enero de 2013 a junio de 2019.
Debido a que el Foro fue constituido ante un notario como una asociación civil, la FGR considera que es ajena a la estructura del Conacyt y, por tanto, cada peso que recibió de dicho consejo sería ilícito.
En dos ocasiones, la Fiscalía trató en dos ocasiones de obtener las órdenes de aprehensión contra los indiciados, pero en la primera el juez de control devolvió el expediente y en la segunda negó los mandamientos de captura por falta de elementos.
Al negar las aprehensiones, el Juez federal Gregorio Salazar Hernández determinó que el financiamiento de 244 millones estaba previsto en el Estatuto y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras normas, por lo que no había ningún recurso ilícito.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
