Madrid, España, 26 de mayo de 2023. El pleno del Congreso de Perú aprobó el informe final de la comisión de fiscalización en el que se recomida denunciar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo, en esta ocasión por supuestos delitos de corrupción en la puesta en marcha de una serie de proyectos de inversión en tres localidades rurales.
La iniciativa, que contó con 61 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, sostiene que Castillo estaría al frente de una organización criminal en la que también estaría incluida su esposa, Lilia Paredes Navarro, para quien la Fiscalía pidió recientemente ocho años de cárcel por estos hechos.
Castillo, según esta comisión, habría incurrido en los delitos de colusión, tráfico de influencias y actividades incompatibles con el cargo al ejecutar, bajo un decreto de urgencia, varios proyectos de inversión en los municipios de Anguía, Chachapoyas y Chadín, informa el diario ‘La República’.
Según el presidente de esta comisión, el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura hay “elementos indiciarios” de que Castillo habría recibido 4 millones de soles (1 millón de euros), según la versión de otro de los investigados, el que fuera asesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara.
Por estos mismos cargos también se recomienda la denuncia del que fuera su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López. El resto de participantes en esta supuesta red criminal son el ya mencionado Marrufo Alcántara, el exalcalde de Anguía José Medina Guerrero y el investigado Hugo Espino Lucana.
La Fiscalía de Perú retrasa al 6 de junio la citación de Boluarte por la muerte de civiles en manifestaciones
La Fiscalía de Perú ha retrasado una semana la citación a la presidenta Dina Boluarte para declarar en el marco de una investigación por presunto genocidio por la muerte de cerca de 60 civiles durante las protestas en contra de su Gobierno.
La defensa de la mandataria había solicitado al Ministerio Público que reprogramase la citación, prevista en un primer momento para el próximo miércoles, pues coincidía con una “actividad oficial” programada con antelación a las diligencias.
La Fiscalía de Perú lleva a cabo una investigación preliminar por el presunto delito de genocidio por la respuesta de las autoridades a una serie de manifestaciones que se tornaron violentas y sacudieron el país sudamericano a comienzos de año.
Una vez conocida la noticia, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, recalcó la “vocación de colaboración” de la jefa de Estado para cerrar un capítulo que, dice, “no tiene sentido”, y adelantó que la mandataria acudiría a la citación.
Las mencionadas protestas antigubernamentales arrancaron después de que el entonces presidente, Pedro Castillo, fuera destituido y detenido por un intento de arrogarse más poderes en una maniobra que desde las autoridades peruanas catalogaron como “autogolpe de Estado”.
Tras esto, Boluarte, quien hasta entonces había ejercido como vicepresidenta, tomó las riendas del país. La población, sin embargo, mostró su descontento y exigió a la mandataria renunciar al cargo y convocar elecciones.
Texto: Europa Press
