Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Comisión Permanente del Congreso local citó de manera urgente a los 46 diputados locales, para aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres poderes del estado, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción; además de presentar y votar seis iniciativas de ley en un tercer periodo de sesiones extraordinario, que se agotó este viernes.
También aprobó la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, que el Congreso de Guerrero enviará al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva.
Luego de leer la agenda para el periodo extraordinario, la Mesa Directiva citó de inmediato a sesión, y a las 1:30 de la tarde se declaró quórum legal con 32 diputados presentes, es decir, mayoría simple. Otros se incorporaron en el transcurso del día, cuando la votación de los asuntos aprobados por mayoría calificada llegó a 43, con la oposición permanente de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
En todos los casos, sin excepción, se excusó la primera y segunda lectura de las iniciativas de reformas y adiciones, de las que se obtuvieron algunos datos durante la exposición de motivos.
A las 3 de la tarde se aprobó el nombramiento del fiscal especializado en el combate a la corrupción, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, propuesto por el fiscal general Jorge Zuriel de los Santos Barrila, con 38 a favor y cuatro en contra. Luego tomó protesta.
La sesión concluyó después de las 9 de la noche, con los nombramientos y toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig), cuya convocatoria cerró el miércoles, hace dos días.
Aquí, se aprobó la propuesta que llevó al pleno la Junta de Coordinación Política, de la contadora con maestría en administración, Isela Concepción Cuevas Guevara, de Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Mario Alberto Rodríguez Bello.
Se pospuso el nombramiento de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal de Anticorrupción en el estado, que presentó la Junta de Coordinación Política, por un desacuerdo en los nombres de los integrantes.
Informes aceptables: Vicario Castrejón
Este martes 14 de agosto, el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta, envió los informes de la cuenta pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el miércoles, la Comisión Permanente los turnó para su análisis a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y ayer se sometieron a votación. Los tres informes fueron aprobados sin discusión, en la primera y segunda sesiones extraordinarias, de trámite, sin discusión y por mayoría calificada.
Sobre la rapidez del proceso legislativo para la rendición de cuentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Vicario Castrejón, argumentó que el Congreso no revisa sino que valida las revisiones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hace a las entidades fiscalizadas.
Consultado por reporteros, señaló que “apenas llegaron los informes (dos días antes), los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública han trabajado, y son asuntos que tienen que desahogarse en la temporalidad que van encontrando puntos de coincidencia, de acuerdos. La ley no dice si es en un día, en un mes o en un año, la revisión es puntual”.
Señaló que los integrantes de la comisión consideraron “aceptable el informe del ejercicio de los recursos públicos, porque aprobaron los dictámenes por unanimidad”.
De acuerdo con el dictamen de la cuenta pública del gobierno del estado, la ASE fiscalizó una muestra del 43.41 por ciento sobre el total de los ingresos y los egresos devengados, que corresponden a 26 mil 657 millones de pesos.
Sin embargo, se precisa que el universo fiscalizado del gobierno del estado, formalmente, es de 61 mil 413 millones, y se encontraron ingresos devengados por 64 mil 705 millones de pesos.
En un resumen del proceso de fiscalización, la ASE menciona que se hallaron 64 observaciones en los egresos e ingresos fiscalizados, de las cuales 33 fueron solventadas y en 31 subsiste la observación.
Leyes urgentes
Sin lecturas, discusión, ni reserva de artículos, el Congreso aprobó en lo general y lo particular, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura Indígena, y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado.
En la exposición de motivos se supo que se reglamentó la ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, se modificaron los artículo 9 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para reducir de 29 a 25 el numero de magistrados, “en un plan de austeridad serio, responsable y comprometido, sin menoscabo de la impartición de justicia”.
Se reformó la Ley de Registro Civil, para garantizar la gratuidad en el primer registro del acta de nacimiento, y la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, para que el transporte ya no dependa de la Secretaría General de Gobierno, sino del jefe de la oficina del gobernador. Aseguraron que no se vulneran políticas públicas, porque la dirección del Transporte sigue bajo la dirección del Ejecutivo.
También se derogó un acuerdo sobre el suministro de energía eléctrica, que firmó el Ayuntamiento de Acapulco con una empresa pública-privada, para la prestación de servicios de energía eléctrica para la demanda de alumbrado público y bombeo municipal. Se argumentó que la empresa no cumplió con los requerimientos tecnológicos y se autorizó la iniciativa, para proteger los derechos humanos de la población.
