Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Con 41 votos a favor y uno en contra, el pleno del Congreso local aprobó la reforma al artículo 14 de la Constitución local que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores en abril del 2017. Finalmente ayer quitaron del texto las palabras “Policía Comunitaria o Rural”.
El artículo reformado es el que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
El texto aprobado para el artículo 14 quedó de la siguiente manera: “la ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencia en las materias de seguridad pública de impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”.
Todas las fracciones, y representaciones de partidos votaron para aprobar la reforma constitucional propuesta por el gobernador. La votaron los diputados del PRI y el PVEM y también los del PRD (sin que se aprobaran sus propuestas rezagadas que supuestamente estaban negociando); los de MC, y los diputados del PAN y el PT, menos la diputada de Morena.
Como estrategia, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos integrada mayoritariamente por el PRI presentó antes al pleno un dictamen con el que se vulneraban aún más los derechos de los pueblos originarios, porque no solo desaparecía del texto la figura de Policía Comunitaria (como la envió Astudillo Flores), sino que también se apuntaba que los jueces de los tribunales competentes tendrían que validar las resoluciones tomadas dentro del sistema de justicia comunitarios.
Ese exceso en el dictamen presentado, sirvió a los diputados como Silvano Blanco, Ricardo Mejía y María del Carmen Cabrera para justificar que la propuesta del gobernador iba a impactar menos.
Sin discusión los priistas aceptaron que en lugar del dictamen de la comisión, se aprobara la del gobernador, como fue la intención desde abril del 2017.
Después de un severo posicionamiento en tribuna de la legisladora por el PRD María del Carmen Cabrera Lagunas (diputada federal electa por Morena) contra el dictamen que presentó la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos; en la votación la diputada avaló con su voto la propuesta del gobernador para eliminar de la Constitución las palabras “Policía Comunitaria o Rural”.
El texto del artículo 14 que fue reformado en abril de 2014 y modificado ayer establecía: “El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno de esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
En tribuna, María del Carmen Cabrera dijo que era “sumamente preocupante” que se intentara aprobar el dictamen que establecía que “los tribunales competentes” conociera y validaran las decisiones del sistema de justicia comunitario, sin embargo aprobó la propuesta del gobernador para quitar el reconocimiento constitucional de las policial comunitarias.
“Están en juego los derechos y libertades de nuestros pueblos originarios; y eso, no es cosa menor”; y continuó “el dictamen que nos presentan, propone lo contrario (al reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios). Incluso, la redacción propuesta por el Gobernador al artículo 14 -sin que le conceda la más mínima aprobación”, pero minutos después en la votación avaló la propuesta de Astudillo Flores.
Antes de votar a favor la propuesta del gobernador, María del Carmen Cabrera dijo que es “una falacia legislativa, pretender construir todo un marco jurídico integral en materia de derechos y cultura indígena a partir de esta redacción. No pretendan engañar a los pueblos originarios con una mentira tan burda… es obvia la pretensión de desaparecer la figura de las Policías Comunitarias y dejar inexistente también el derecho de los pueblos originarios para darse sus propios sistemas normativos en materia de seguridad y justicia”.
La reforma, “un acto de traición”: Morena
Por su parte la diputada local de Morena María de Jesús Cisneros Martínez argumentó y votó en contra la reforma constitucional.
En tribuna Cisneros Martínez les dijo a los diputados que lo que estaban por aprobar agrede directamente a la libre determinación y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas del estado.
Calificó a la reforma como un acto desesperado y les dijo que “cometen un acto de traición de la mano del gobernador, quien hace apenas cuatro años aprobó el actual texto del artículo 14 de la Constitución de Guerrero, que ahora pretenden reformar y que precisamente omitieron armonizar según lo ordenó el artículo Tercero Transitorio de la misma Constitución”.
Y recordó que ese es el motivo por el cual el Congreso está demandado ante Tribunales Federales por la vía del Juicio de Amparo.
María de Jesús reconoció que a pesar de que legalmente tienen facultades para realizar reformas “el reciente mandato popular del primero de julio, a estas alturas ya no se tiene autoridad política para lanzar una reforma constitucional”.
Les advirtió que lo que se aprobó tendría consecuencias “el pueblo no es tonto, es tonto el que piensa que el pueblo es tonto, ¿Qué no se dan cuenta? El mandato del primero de julio es contundente ya no más de lo mismo, entiéndase que la democracia la ejerció el pueblo y es una nueva luz, un nuevo camino, interpreten el mandato popular y den marcha atrás en su pretensión”.
Por su parte el coordinador de los diputados de MC, Silvano Blanco Deaquino recordó que donde tiene presencia la policial comunitaria, hay menores índices de violencia.
En tribuna recordó que “ha habido reclamos de los pueblos originarios de tener autonomía para la impartición de justicia” y que el mandato de retomar el artículo 14 es para precisar lo relacionado a la impartición de justicia de las policías comunitarias.
Mejía Berdeja recordó que el texto del artículo 14 que fue modificado ayer, tuvo como consecuencia el encarcelamiento de varios integrantes de la CRAC porque había confusión de las funciones de la policía comunitaria y por eso la CNDH recomendó que fueran más claros.
“Soy de los que cree en el estado de derecho y que hay que establecer desde la Constitución las bases para que ya en la ley secundaria se pueda legislar claramente que le toca a cada uno… la redacción que hoy se propone (ya la propuesta de Astudillo Flores), si bien no es la ideal, si es la que se puede construir de consenso”, dijo Mejía Berdeja antes de aprobar la propuesta del Ejecutivo.
Aprueba el Congreso reforma que da mayor autonomía a la Auditoría Superior del Estado
Con las modificaciones el titular de la ASE puede repetir en el cargo otro periodo de siete años, nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo, los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó esta tarde las reformas en materia de fiscalización para dar mayor autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que restan facultades al Congreso local.
Las modificaciones aprobadas en materia de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado puede repetir en el cargo un periodo (cada uno es de siete años), el titular podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de la reforma el auditor podría ser nombrado por las dos terceras partes del Congreso local por un periodo de siete años improrrogables, ahora podrá ser reelecto por un periodo más. Mientras que los auditores especiales eran propuestos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en ternas y elegidos por el pleno, también con el voto de dos terceras partes y por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser nombrados nuevamente en sus cargos por un periodo más.
Para lo anterior reformaron los artículos 145; 148; 151 numerales 1 y 2, derogaron el numeral 3; 153 y 195 fracción 11 de la Constitución.
A la sesión asistieron 42 diputados y duró aproximadamente cuatro horas. Ahí se aprobó un acuerdo a propuesta de la Jucopo. La 61 Legislatura autorizó desincorporar del servicio público diversos bienes, muebles propios de los que no se dio detalles en el pleno, y en consecuencia su baja del patrimonio del Poder Legislativo.
Se aprobó la ley para la Atención, Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, también reformas de trámite a la de de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos y sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia, del Instituto de Radio y Televisión.
Entre las reformas estuvo otra al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, del Estado de Guerrero.
Además, las reformas a las Leyes Orgánicas de los Poderes Legislativo en materia de Anticorrupción y del Judicial, así como a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, las más destacables fueron las reformas que tienen que ver con la ASE.
También se aprobaron los dictámenes relacionados con las denuncias de juicios políticos presentadas en contra de los presidentes municipales y síndicas de los municipios de Xochihuehuetlán y Arcelia, Carlos Rivera Medel, Adolfo Torales Catalán, María Luisa Balbuena Rivera y Laura López Baza, que fueron rechazadas porque la Comisión de Examen Previo no encontró pruebas en su contra.
Quedaron de primera lectura los dictámenes de reformas a la Constitución Política local y a las Leyes de Hacienda del Estado y Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Finalmente el pleno del Congreso eligió a los diputados que integrarán la Comisión Permanente en funciones de Comisión de Instalación de la 62 Legislatura durante el tercer periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, misma que estará encabezada por la diputada Elva Ramírez Venancio.
El primer vicepresidente será Víctor Manuel Martínez Toledo; el segundo Isidro Duarte Cabrera; los secretarios propietarios son Bárbara Mercado Arce y Eufemio Cesario Sánchez; los vocales propietarios son Héctor Vicario Castrejón, Cuauhtémoc Salgado Romero, Beatriz Alarcón Adame, Perfecto Rosas Martínez, Carlos Reyes Torres, Eduardo Cueva Ruiz e Iván Pachuca Domínguez.
También se informó de la presentación del informe final de la Comisión Especial para dar seguimiento puntual al ejercicio del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, y se exhortó a la siguiente Legislatura a dar continuidad a este tema.
