Diputados cambian la Constitución para señalar que es responsabilidad del Estado y la sociedad la protección del menor sobre cualquier uso y costumbre, y a velar por su desarrollo personal integral
Chilpancingo, Guerrero, 30 de junio de 2022. El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución estatal, con las que se modifican tres artículos para establecer la responsabilidad del Estado y la sociedad sobre la protección del menor sobre cualquier uso y costumbre, y a velar por su desarrollo personal integral.
De acuerdo con lo aprobado, esto se hará adoptando las medidas necesarias, que es el primer paso para que en las leyes reglamentarias se prohíban los matrimonios forzados de niños y adolescentes.
La iniciativa de reforma fue propuesta por la diputada perredista Susana Paola Juárez Gómez, y el dictamen fundamentado por el morenista Jacinto González, quien señaló que ésta plantea el reconocimiento pleno de los derechos de los niños y adolescentes, dentro de la Constitución Política del Estado, para que estos derechos no sean inferiores a los denominados “usos y costumbres”.
También se refirió a que hay pueblos originarios en los que se realizan malas prácticas, que menoscaban los derechos de los niños y adolescentes, que son justificados por usos y costumbres, que el consentimiento de quien deba unirse en matrimonio, siendo menor de edad, “debe estar regulado por la autoridad y no puede dejarse a simple arbitrio de una comunidad o grupo de personas en particular”.
Durante el periodo extraordinario de sesiones que se realizó este miércoles, también por unanimidad se aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, para incluir la violencia obstétrica, como toda acción u omisión de profesionales y personal de la salud, tanto del ámbito público como el privado, que cause daño o perjuicio físico, sexual, psicológico y de cualquier índole, a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio.
Se trata de un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, para establecer que la violencia obstétrica se considera un tipo de violencia de género que evidencia relaciones de poder asimétricas entre el personal médico, especialmente en los hombres con las mujeres, mismo que se ha normalizado tanto, que las mujeres no son conscientes de que están siendo víctimas.
En la argumentación para esta reforma, se destacó que en Guerrero el 26.3 por ciento de los embarazos presentaron violencia obstétrica durante su atención, y se establece que es toda acción u omisión de profesionales y personal de la salud, de los ámbitos público y privado, que cause daño o perjuicio físico, sexual, psicológico y de cualquier índole a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, y que se exprese en la falta u obstaculización de acceso a servicios de salud sexual o reproductiva; trato discriminatorio y menoscabo a las mujeres; medicación sin considerar el contexto particular de cada una de éstas, y práctica innecesaria, no autorizada ni consentida, y sin información suficiente de intervenciones o procedimientos quirúrgicos.
También se incluye la falta de acceso, manipulación o negación de información; las prácticas que violenten la intimidad de las mujeres a través de tocamientos o exhibiciones innecesarias a sus cuerpos; ausencia o falta de aplicación de protocolos de actuación, políticas públicas, reglamentos y acciones en espacios públicos dirigidas al cuidado de las mujeres en estas etapas y de aplicación de protocolos de actuación, políticas públicas, reglamentos y acciones en espacios públicos, dirigidas al cuidado de las mujeres cuyos productos nacen muertos, entre otras.
En la misma sesión, se aprobaron los dictámenes de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de la Ley de Participación Ciudadana del Estado.
También se emitió un juicio en contra del regidor de Teloloapan, Manuel Bustamante Blas, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.
Así como un exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero y de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, para que den solución al conflicto interno del Instituto Tecnológico Superior de Costa Chica.
En una segunda sesión, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, para integrar la Comisión Especial encargada de expedir la convocatoria y oportunamente dictaminar sobre las candidaturas que se presenten para elegir al recipiendario de la presea Sentimientos de la Nación.
Texto: Rosalba Ramírez García
