Los servidores públicos que desacaten la orden serán removidos del cargo, de acuerdo con la nueva norma. Con esto se dará certeza a las familias de las víctimas y no se tendrán que esperar a las 72 que marca la ley.
Chilpancingo, Guerrero, 22 de marzo de 2019. El Congreso local aprobó por unanimidad la reforma para que el Ministerio Público inicie la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en las primeras 24 horas y no se tengan que esperar a las 72 que fija la ley, desde que se reporta su ausencia.
La reforma fue propuesta del diputado de MC Arturo López Sugía, quien festejó que la legislatura esté interesada en “contribuir en generar un marco jurídico a favor de las víctimas y que permita al Ministerio Público una actuación inmediata una vez conociendo la denuncia correspondiente”.
La reforma fue para añadir las fracciones a los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Se presentó por parte de la bancada del PRD una reserva del artículo 11 para que no sea necesaria una alerta de género para motivar la búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas.
Con la modificación al artículo 21 donde se estableció la remoción del Ministerio Público que desacate ordenar la búsqueda inmediata, “con esto se dará certeza a las familias de que las personas serán buscadas de inmediato o de lo contrario el servidor público será removido del cargo”, afirmó Arturo López.
En tanto el diputado de Morena Marco Antonio Cabada Arias presentó una propuesta de acuerdo parlamentario, por lo que se crea de la Comisión Especial de atención a personas que sufren desplazamiento forzado interno en Guerrero y dar acompañamiento a los Colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos.
La propuesta del diputado establece que la Comisión Especial durará el tiempo que sea necesario para cumplir los motivos de su creación, sin exceder en su caso, el ejercicio constitucional de la presente Legislatura, y se encargará de “generar políticas públicas de protección a las personas forzadas a desplazarse internamente y evitar que sean receptores de amenazas y violencia, analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito, garantizando el estado de derecho a la propiedad y las personas desplazadas y la revisión del marco normativo y las autoridades obligadas en su atención”; ambas propuestas fueron turnadas a comisiones.
Congreso designará a los auditores especiales
El diputado de Morena Marco Antonio Cabada Arias también presentó al pleno una iniciativa de decreto de reforma a la Constitución del estado con la que se regresaría la Congreso local la facultad de designar a sus nuevos auditores especiales de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El morenista argumentó que con la reforma se pretende “evitar una parálisis legislativa en la Comisión de Puntos Constitucionales y Jurídicos y en su momento en los ayuntamientos por injerencia de otro Poder, por no convenir a sus intereses, es que se presenta esta reforma constitucional para continuar con la implementación de una verdadera rendición de cuentas y no una simulación”, leyó en tribuna.
A finales de julio pasado, el pleno del Congreso (de mayoría priista) aprobó reformas al artículo 151, con las que se le quitó la facultad al Poder Legislativo de nombrar a los cuatro auditores especiales, y en consecuencia también la autoridad de removerlos por las causas graves (eso solo lo podrá hacer el titular de la ASE).
En tribuna, Cabada Arias afirmó que “la política pública de rendición de cuentas no solamente es transparencia, (si no que) implica otras instituciones cuya naturaleza puede ser un control político, jurisdiccional e inclusive administrativo, o también como le suelen llamar dentro del ámbito de la doctrina del derecho administrativo, los controles internos y externos de la administración pública para referirse a un solo poder”.
Y recordó que la designación del auditor Superior del Estado por siete años y los Auditores Especiales por cuatro años se realizó por el Congreso local en julio del año 2014, sin la intromisión de otro Poder o de designación interna del auditor; y la temporalidad de los segundos ya feneció hace ocho meses, pero aún continúan en sus encargos.
Pero explicó que, en tanto “no se realice el trámite de renovación la actuación de auditorías se realiza al sector central, órganos autónomos, ayuntamientos y de evaluación al desempeño, esta irregularidad en la que estamos incurriendo, puede llevar a vicios de origen que impida la verdadera rendición de cuentas y evitar la corrupción que impera en los sujetos obligados que reciben recursos públicos”.
Recordó también que la nueva facultad que le dan al auditor para nombrar a los auditores especiales, pero como la disposición contrariaba a la Constitución, se estableció en el artículo primero transitorio, que apunta que lo relativo al nombramiento de los auditores especiales, entrará en vigor hasta que entren en vigor las reformas y adiciones a la Constitución.
“Siendo una norma que surgió sin fundamento constitucional, lo que motivo que la Constitución se reformará por intereses ajenos a este Poder Legislativo”, dijo el morenista. Y argumentó que esa modificación no es parte del sistema estatal anticorrupción, “como erróneamente el legislador local lo trato de justificar”.
Y consideró que en la pasada legislatura “volvió a cometer una irregularidad, ya que eximió de responsabilidad penal, política y administrativa a los auditores especiales, por tanto, la reforma, es a todas luces contraria al Sistema Nacional Anticorrupción”.
Piden informe del Fidetur
Otra propuesta aprobada fue un exhorto al Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de datos personales del Estado de Guerrero, para que verifique el cumplimiento de la publicación de la información que debe realizar el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (Fidetur).
También que al presidente del Comité y al Director Operativo del Fideicomiso, Pedro Haces Sordo y Abraham Garay Velázquez rindan un informe pormenorizado y documentado de la asignación, distribución y destino de los recursos públicos por concepto del Impuesto sobre Hospedaje, recibido de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2018.
El punto de acuerdo fue aprobado a cinco meses de que lo presentó la diputada de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, quien fundamentó en tribuna el dictamen emitido por las Comisiones Unidad de Turismo y de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que fue aprobado por unanimidad.
A finales de octubre pasado, la diputada propuso el exhorto, y argumentó en tribuna que la corrupción, el uso discrecional de los recursos y la falta de rendición de cuentas por parte del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (Fidetur) han originado el fracaso en la promoción turística de Acapulco.
Reducir financiamiento a partidos
Mientras que la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, también de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 132 inciso “a” en su fracción primera de la ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en el cual se pretende reducir el multiplicador a la mitad que permitiría disminuir el financiamiento público al 50 por ciento a los partidos políticos en Guerrero.
La propuesta la presentó después de que en la Cámara de diputados la morenista Tatiana Clouthier presentó una propuesta de reforma al artículo 41 Constitucional sobre la reducción al financiamiento de los partidos políticos al 50 por ciento.
En tribuna del Congreso local, la diputada argumentó que de acuerdo con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), para el ejercicio fiscal 2019, los siete partidos políticos que mantuvieron su registro tras las elecciones del año pasado ejercerán un monto total de 138 millones 614 mil 980 pesos, en caso de aprobarse la reducción se estaría ahorrando 69 millones de pesos 307 mil 490 pesos.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jessica Torres
