Chilpancingo, Guerrero, a 2 de julio de 2025.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) aprobó su reglamento interno, así como el cambio de sede de su casa de justicia de Rincón de Chautla a Alcozacán.
Asimismo, acordó solicitar una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exigirle que atienda las demandas de sus pueblos, que no han resuelto desde hace tres años los tres órdenes de gobierno.
El promotor de la agrupación, Sixto Mendoza Limpia informó que en la asamblea se realizó el 19 de junio, pero hasta este martes se dieron a conocer los resolutivos, y participaron 15 pueblos nahuas; 12 de Chilapa y tres de José Joaquín de Herrera.
De las de Chilapa las más grandes son Alcozacán, Zacapexco, Acahuehuetlán, Rincón de Chautla, Tula y Xolotepec, en tanto que de José Joaquín de Herrera participaron Amatitlán, Tierra Blanca y Pueblo Viejo.
La CRAC-PF informó que sus policías comunitarias venían trabajando en materia de seguridad y justicia con un reglamento que no estaba aprobado en asamblea por los pueblos, y lo aplicaban sólo por usos y costumbres.
“Vimos que esa no era la mejor manera de trabajar, que era necesario que el reglamento se aprobara en una asamblea para que las sanciones se respetaran por todos los pueblos”, explicó el promotor Mendoza Limpia.
En el reglamento aprobado se establecen las sanciones a quienes sean detenidos por la Comunitaria cuando cometan algún delito.
Por ejemplo, quien cometa homicidio calificado recibirá una sentencia de 80 años de reeducación; un homicidio en grado de tentativa 40, robo simple 35 y la misma sentencia recibirá quien robe ganado (abigeato), así como la reparación del daño “o lo que haya hecho el delincuente”.
El promotor de la CRAC-PF aseguró que en su territorio no se cometen delitos graves, por la presencia de la Policía Comunitaria. Recordó que se cometió hace cuatro años el asesinato de una señora y el responsable ya fue “sentenciado y se le está aplicando la justicia”.
El detenido está en proceso de reeducación y no fue entregado a las autoridades comunes, “porque estamos seguros que lo hubieran liberado y todos cuando salen llegan a las comunidades con más furia en contra de la población, por eso mejor nosotros aquí lo estamos reeducando”.
Hasta este martes la CRAC-PF tenía en proceso de reeducación a cinco personas; el sentenciado por el delito de homicidio y el resto por delitos menores, como incumplir con las responsabilidades en sus familias “o borrachos que se dedican a puro tomar y ya no quieren trabajar”, contó Mendoza Limpia.
Aclaró que en su sistema de justicia los que están en proceso de reeducación no están encerrados, “como en las cárceles del Gobierno, con rejas, aquí están libres” pero hacen trabajo comunitario en los pueblos.
En la asamblea también aprobaron el cambio de la sede de la Casa de Justicia; antes estaba en la comunidad de Rincón de Chautla, pero por acuerdo de las autoridades de los 15 pueblos la cambiaron a Alcozacán.
Piden un cajero ante acoso de Los Ardillos, educación y la reparación de los caminos
También acordaron solicitar una reunión con la gobernadora para recordarle las demandas que tienen pendientes por resolver los tres órdenes de Gobierno desde hace tres años.
Solicitan la instalación de un cajero del Banco del Bienestar en Alcozacán para que cobren los programas sociales, porque debido a la violencia del grupo delictivo Los Ardillos, cada vez que tienen que salir a Chilapa tienen que pedir resguardo policiaco.
Mendoza Limpia denunció que tampoco les han cumplido con los caminos artesanales, de Alcozacán a Buena Vista, de 3 kilómetros; así como los de Tula y Amatitlán.
Otra de las obras incumplidas, en este caso por el gobierno estatal, es la escuela del bachillerato intercultural, “ahorita los jóvenes están estudiando en una casa prestada y queremos tres aulas, una dirección, mas dos baños, “pero el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) nos dice que no hay recurso”.
También han pedido la construcción del hospital regional y un mercado en la misma comunidad de Alcozacán, pero tampoco les han cumplido.
Piden, además, la reconstrucción de la carretera Chilapa-Hueycantenango en la que la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), sólo realizó reparaciones en los tramos donde hubo derrumbes durante las lluvias del huracán John el año pasado.
De acuerdo con el dirigente indígena en la mayoría del tramo desde Chilapa hasta Hueycantenango ya se encuentra “llena de baches porque nomas vinieron a reparar donde había derrumbes, pero el resto quedó inservible no hicieron bien su trabajo, van arreglando por partes”.
En la asamblea los representantes de las 15 comunidades acordaron enviar un oficio a la gobernadora Salgado Pineda para que convoque a una reunión con autoridades de los tres ordenes de gobierno que tienen que ver con la solución de sus necesidades “para llegar a un acuerdo y que nos digan que proyecto nos van a cumplir primero”, dijo el promotor de la CRAC-PF.
Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
