Ciudad de México, 15 de diciembre 2017. En menos de una hora y media, la Cámara de Diputados aprobó en una breve sesión la Ley de Seguridad Interior que la mañana de este mismo viernes le envió el Senado de la República, por lo que ahora sólo hace falta su promulgación.
Con 262 votos a favor, la mayoría de legisladores del Partido Revolucionarios institucional (PRI) y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM), algunos panistas y Encuentro Social, 25 votos en contra y ninguna abstención se avaló el dictamen.
La ley ha sido rechazada por organizaciones civiles nacionales e internacionales. Las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otros, pidieron en reiteradas ocasiones al Congreso no aprobar el dictamen.
Entre los principales cambios aprobados por los senadores del PRI, PVEM y PAN, la madrugada de este viernes, destaca la adición de un artículo transitorio, el quinto, en el que se establece que 180 días después de la entrada en vigor de la ley, los gobernadores y los presidentes municipales donde las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad, deberán presentar un programa, con plazos, acciones y presupuesto, para fortalecer a las policías locales.
Además, según senadores priistas, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no podrá excederse de un año, aunque podrá prorrogarse por decisión del Presidente de la República si persiste la amenaza a la seguridad interior y se borró del texto que las protestas sociales no serán consideradas como amenazas a la seguridad nacional.
Según lo aprobado, el dictamen enviado a la Cámara de Diputados y aprobado antes de medio día, ajusta los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, así como el quinto transitorio, para establecer la coadyuvancia de las fuerzas armadas con la autoridad civil.
En el artículo 16 se acota que el Presidente ordenará acciones inmediatas a las dependencias “de acuerdo a sus facultades cuando haya amenazas que pongan en grave peligro la seguridad interior
También se establece que los grupos interinstitucionales que coordinen las Fuerzas Armadas estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 19, que faculta a la Secretaría de Gobernación a implementar los esquemas de coordinación, y las disposiciones que rigen al Ejército y la Marina Armada de México.
La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como crear las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.
Indica que las legislaturas locales o el Ejecutivo estatal podrán solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad para obtener una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
La declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, mismas que no podrán exceder de un año, pero con la posibilidad de prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó; y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior, explicó el Senado.
En los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy viernes de “lamentable” que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica Ley de Seguridad.
Militares y marinos asumieron tareas de seguridad pública en el marco de la guerra contra los cárteles del narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
La estrategia, sin embargo, no ha frenado la violencia, cuyos índices se encuentran en sus peores niveles en dos décadas. Pese a esto, la presencia del Ejército y de la Marina es indispensable en varias comunidades y regiones para mantener un mínimo de seguridad.
Desde entonces, el Ejército había señalado en varias ocasiones que requería una ley para regular su operación y un mecanismo en el que se estableciera una fecha para que pudieran volver a los cuarteles porque las Fuerzas Armadas no fueron creadas para combatir cárteles de la droga y otros delitos.
Texto: Redacción / DPA / Foto: Archivo Cuartoscuro
