Aumentarán sanciones a autoridades por la no entrega a tiempo de informes financieros y cuenta pública, determina el Congreso local. Acuerda iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución federal, a fin de que la extorsión sea considerada en el catálogo de delitos graves merecedores de prisión preventiva oficiosa
Chilpancingo, Guerrero, 9 de mayo de 2024. El Congreso local aprobó por unanimidad, reformas a la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, para que realicen en tiempo real, y para aumentar sanciones por la no entrega a tiempo de informes financieros y cuenta pública.
También fijó plazos para el nombramiento del Auditor Superior del Estado, y nuevas reglas operativas para evitar conflictos por ausencia del anterior titular, al final de la anterior legislatura y el primer año de este periodo.
Además, acordó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Federal, a fin de que la extorsión sea considerada en el catálogo de delitos graves merecedores de prisión preventiva oficiosa.
Como asunto urgente y de obvia resolución, aprobó un exhorto a las autoridades de los tres niveles para gestionar con la mayor eficacia el riesgo ante los incendios.
El presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, Jacinto González Varona, expuso que las reformas a la Ley 468 fortalecen la fiscalización y brindan certeza a la ciudadanía sobre el ejercicio y uso de los recursos públicos otorgados a los poderes estatales, órganos autónomos e instituciones encargadas de proveer servicios y bienestar social a la población.
Aumenta sanciones por incumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública, con multas de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, independientemente del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales. Implementará el buzón digital para agilizar y economizar los canales de comunicación en los procesos administrativos, para im-pactar positivamente en el cumplimiento de la rendición de cuentas.
Establece que la ausencia definitiva del titular de la ASE será cubierta por las personas titulares de las auditorías especiales, en el orden que señale el Reglamento, y el Congreso tendrá un plazo no mayor a 30 días para emitir la convocatoria para nombrar al nuevo. Mientras se desarrolla la convocatoria, “bajo ninguna circunstancia, los auditores especiales podrán contratar personal ni modificar los salarios”.
Por separado, el presidente de la Comisión recordó “que la legislatura pasada los dejó sin auditor, renunciaron los auditores especiales y la que se quedó, quitó, puso y liquidó porque la ley se lo permitía”. Destacó el derecho de audiencia para los exalcaldes, para que puedan solventar aun sin ser servidores públicos, y evitar que se les sancionen porque la nueva autoridad se niegue a presentar los informes de la anterior administración.
Reveló que hay extorsiones de los alcaldes entrantes a los salientes, para que solventen las observaciones del periodo anterior, a fin de que los ayuden. “El cuarto año es el peor para los alcaldes”, enfatizó.
Sobre el buzón digital, explicó que el SAT emplazó a la auditoría a que se aprobaran las reformas para poder autorizar las firmas Fiel a los alcaldes, y poder verificar información sobre el pago de impuestos, que es lo que en la ASE no se refleja.
“La autoría será en tiempo real. La Cuenta Pública será como una declaración ante el SAT, que estará verificando los pagos”. Destacó que ocho o diez estados en el país tendrán buzón digital.
Exhorto y dictamen
El diputado de Morena, Antonio Helguera Jiménez pidió exhortar al secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado. Roberto Arroyo Matus, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal Rosa Icela Martínez Velázquez, para que de manera coordinada operen con mayor eficacia la gestión integral de riesgos, ante los incendios forestales que se presentan en el estado de Guerrero.
Demandó que se destinen los recursos materiales y humanos necesarios para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, planta productiva y el medio ambiente. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos presentó en segunda lectura la iniciativa del diputado Joaquín Badillo Escamilla, en el marco nacional del debate sobre la eliminación de la figura de prisión preventiva oficiosa que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México.
En tribuna, Badillo, señaló que el delito afecta tanto a empresarios como a pequeños comerciantes, principalmente en Acapulco, en donde se concentra la mayor economía del estado. Denunció que el delito de la extorsión, la cuota y el derecho de piso ha generado un estancamiento en el desarrollo económico del país, ha hecho que personas, hombres y mujeres de bien incluso puedan perder la vida, y lo que nos parece algo que aún no hemos podido identificar, cuál es la razón por la que este delito se incrementa y también tiene un alto índice de impunidad (…) es delito que no es denunciado ya que una de las razones es que no se considera delito grave”.
En las Iniciativas, premio al mérito civil Laureana Wright La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández propuso incluir el premio estatal al mérito de Periodismo de Género y Feminismo Laureana Wright, en la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero.
La diputada de Morena, Citlali Calixto Jiménez propuso la Ley de Consulta a las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, que servirá de base para un trabajo legislativo acorde con las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, que se ha pronunciado en diversas sentencias, sobre la importancia de que el Congreso de Guerrero realice este ejercicio.
En tribuna, explicó que el instrumento tiene propósito de que grupo “históricamente silenciado, vulnerado, violentado y oprimido” y las organizaciones que las representan sean tomados en cuenta durante el proceso legislativo, “pues son ellas quienes viven de manera directa los efectos de las medidas que, en dado caso, se emiten desde el Estado”. El diputado de Morena, Fortunato Hernández Carbajal planteó una iniciativa de Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Guerrero para tener políticas, programas y acciones que incentiven y desarrollen la actividad en la entidad, propiciando el acceso a este derecho de toda la población.
También de Morena, el diputado Carlos Cruz López propuso la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos Deli-tos, para que la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Erradicación, Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Trata de Personas en Guerrero, e instituciones estatales y municipales, realicen campañas de prevención permanentes.
En comunicados, se informó que el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Ca-macho Mancilla, ratificó su solicitud de juicio político al alcalde de Coahuayutla, Rafael Martínez Ramírez. No se precisaron los motivos.
Texto: Lourdes Chávez/Foto: Archivo
