De no modificarse los desincentivos fiscales que existen y por los cuales está detenida la exploración, se podría hablar de que a dicha actividad le queda de vida de 10 años, señala el director general de Industrias Peñoles, que opera la mina Capela, Fernando Alanís Ortega.
Acapulco, Guerrero, 24 de octubre de 2019. El director general de Industrias Peñoles, que opera la mina Capela en Teloloapan, Fernando Alanís Ortega, informó que la empresa le apuesta al blindaje social ante la situación de inseguridad que puede existir en ese municipio.
El también presidente de la Cámara Minera de México (Canimex) externó que los dos retos más importantes son cambiar la percepción y romper los mitos que se tiene de la actividad. Alanis Ortega consideró que de no modificarse los desincentivos fiscales que existen y por los cuales están detenida la exploración minera, se podría hablar que dicha actividad le quede un periodo de vida de 10 años.
En declaraciones después de su ponencia Retos de la Minería en México, dentro del programa de actividades de la XXXII Convención Internacional Minera, respecto a la situación de seguridad en Guerrero, principalmente en Teloloapan, donde hay grupos de autodefensas, y en diciembre empezará a funcionar la minera Capela de Industrias Peñoles, Alanís Ortega indicó que llevan más de cinco años trabajando en la comunidad con actividad social, y espera que sea la misma que los proteja ante cualquier situación de inseguridad.
“Hoy tenemos la aceptación total de la comunidad, le apostamos al blindaje social como el mejor antídoto para la situación que hay ahí. La comunidad sabemos que nos quiere, nosotros queremos a la comunidad, los necesitamos a ellos y creo que estamos demostrando que podemos ser una fuente importante de empleo, de derrama económica en la región y de opciones adicionales para los jóvenes que tengan un futuro digno y asegurado con nosotros”, indicó.
Resaltó que se les dio carrera técnica a 104 jóvenes de diferentes comunidades de Teloloapan, que después de capacitarlos y llevarlos a otras instalaciones de Industria Peñoles se integrarán a trabajar en Capela.
Alanís Ortega dijo que en dicha mina se invierten 340 millones de dólares, se generarán mil empleos directos, más mil 400 indirectos y están apoyando con contadores a la comunidad para la creación de 70 micro empresas de servicios que buscan estén formalizadas para que paguen impuestos, den seguridad social a sus trabajadores y sean los proveedores de la mina.
En el caso de la situación en Guerrero, señaló que solamente la minera Media Luna está afiliada a la Canimex, y sabe que toda situación de inseguridad la han denunciado para hacer un trabajo conjunto con las autoridades y seguir con el funcionamiento de la misma.
Respecto a la situación de la minería ante las actuales políticas públicas con el pago de impuestos y derechos, así como las restricciones para la exploración, Alanís Ortega explicó que se va a hipotecar el futuro del país si no se dan las condiciones para permitir la exploración de áreas para ubicar yacimientos de minerales, porque sin dicha acción no se pueden abrir nuevas minas.
Expuso que en promedio una mina se estima tiene una duración de 10 años, y si no se puede explorar nuevos lugares se acabarán las existentes y con ello la actividad. También insistió en que el pago del 46 por ciento de impuestos y derechos es muy elevado, lo que hace que México pierda competitividad ante otros países.
Durante la conferencia, en el salón La Colorada, Alanís Ortega reiteró que cuando no hay certeza jurídica se dejan de tener inversiones y recursos, e indicó que hay variables de la operación que se pueden prever, pero las que no pueden manejarlas son las que están relacionadas con política.
Recalcó necesaria la eliminación de los desincentivos fiscales de la política pública, que se requieren pactos de estabilidad fiscal, deducción de gastos de descapote, revisión del fondo Minero. Una “política pública promotora del aprovechamiento de la riqueza geológica que tiene el país y genera confianza”.
Expuso que se requiere mejorar el mecanismo para la devolución del IVA, blindar la actividad minera, dar certidumbre de las concesiones, promover la eficacia administrativa.
Recalcó que los principales retos que se tienen es cambiar la percepción y romper los mitos que existe sobre la actividad minera, y consideró que se debe de mejorar la comunicación y los beneficios que se llevan a los comunidades, para que se conozcan los índices de desarrollo en los que ha influido la minería.
Alanís Ortega informó que a julio de este año la minería emplea a más de 584 mil personas, que el Fondo Minero se distribuía en 212 municipios de 25 estados, el 73 por ciento de la producción minera proviene de 30 municipios. La industria minera representa el 2.4 del PIB Nacional y el 8.2 del PIB industrial; en el 2018, la minería pago en impuestos y derechos casi 47 mil millones de pesos, y tienen que cumplir con mil 077 obligaciones.
Indicó que en México el 17 por ciento de quienes laboran en las minas son mujeres, y que el crecimiento se da porque con las nuevas tecnologías no se requiere fuerza sino mentes y éstas no tienen género.
En una proyección que hizo de un crecimiento de .4 por ciento más a lo que actualmente se esta trabajando, dijo que se podrían generar 50 mil empleos, se invertirían más 460 millones de pesos, se harían pagos por impuestos y derechos de más de 23 mil millones de pesos y se incrementarían los beneficios sociales.
Texto: Mariana Labastida / Foto: Jesús Trigo
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