Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Petróleo, negocios privados y mitos estorbosos

Un sofisticado juego de falsas apariencias es la base de la estrategia del gobierno de Enrique Peña para buscar adhesión social a su proyecto de reforma petrolera, que no plantea la “venta” de Pemex pero habilidosamente deja la mesa puesta en provecho del capital privado nacional y extranjero.
Detrás de la retórica modernizadora y del empleo oportunista que el gobierno hace de la figura del general Lázaro Cárdenas, se esconde el objetivo de convertir el petróleo en un negocio privado. Eso, y ninguna otra cosa, significan los contratos de “utilidad compartida” que plantea el gobierno, contratos que son nietos de las concesiones a las que puso fin la expropiación petrolera.
En su formulación constitucional, la reforma propuesta es brutal y simple, pues consiste en eliminar del párrafo sexto del artículo 27 la prohibición de otorgar contratos y conceder a la ley reglamentaria la atribución de determinar cómo deberá realizarse la explotación del petróleo.
Dice la iniciativa: “El modelo propuesto, al igual que el cardenista, comprende dos esquemas; 1) contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, a través de autorización expresa del Gobierno Federal”.
De esa forma, aunque se mantendría la prohibición de concesionar el petróleo, la Constitución dejaría abierta –ampliamente abierta– la posibilidad de que el gobierno y Pemex firmen contratos con particulares. En esos términos, no importa que no haya concesiones y que la nación conserve la propiedad del petróleo, pues en la práctica queda despedazado el principio constitucional cardenista de impedir el lucro privado con los hidrocarburos y se produciría una transferencia real, efectiva, de la “renta” petrolera a manos privadas. Los principios rendidos al capital.
A pesar de lo evidente, la iniciativa de Peña Nieto sostiene que “se basa en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938”. Pero carece de sentido lo que sostiene el gobierno, pues lo que Cárdenas hizo fue interrumpir el control y usufructo del petróleo por parte de las empresas extranjeras, pues para el país era un absurdo abrumadoramente ruinoso, y lo que Peña Nieto pretende es entregar el negocio del petróleo a la versión actual de esas mismas empresas.
No parece posible que la reforma de la Constitución sea frenada en el Congreso, pues con sus aliados y el PAN, el PRI cuenta con la mayoría de dos tercios requerida tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores para ser aprobada. Pero sí le resulta imperioso al gobierno federal tratar de combatir el rechazo de la sociedad hacia una iniciativa que remueve valores que sustentan la identidad nacional.
Es por ello que manipula la imagen de Lázaro Cárdenas, para hacer creer que la propuesta de Peña Nieto es la misma que la del general, y promete la reducción del precio de la gasolina, del gas y de la electricidad, así como la creación de empleos, como milagrosos frutos de la admisión de la inversión privada en el petróleo. Sin embargo, todas esas promesas son falsas. No se ve cómo pueda el gobierno obtener mayores ingresos si Pemex tendría que compartir las utilidades del petróleo con empresas privadas. Esa estratagema es de sobra conocida. No hay en la historia de los gobiernos del PRI (y del PAN), un solo golpe a la sociedad que no haya estado precedido de patrióticas promesas de bienestar y beneficio social. Carlos Salinas pasó a la historia como el responsable de una gran simulación en nombre de la modernización nacional. Pero quizás ningún caso anterior sea tan traumático y de efectos prolongados como podría serlo la privatización del petróleo, capaz de de provocar una profunda reacción social.
De acuerdo con numerosas encuestas, algunas presentadas hace apenas unas semanas, la mayoría de la población se opone a una reforma de la Constitución para permitir la inversión privada en materia petrolera. Tiene especial interés la encuesta que mandó hacer la propia Cámara de Diputados a través de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, entre el 6 y el 7 de julio pasado, la cual arrojó que el 70 por ciento de los mexicanos rechaza la inversión privada. Este resultado coincide con los de la encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dada a conocer en junio, que señaló que 65 por ciento de los mexicanos está contra? la inversión privada en el sector energético y el 47 por ciento en el sector eléctrico. Encuestas similares han indicado en años anteriores un rechazo mayoritario a la posibilidad de abrir al sector privado la producción de petróleo.
Doblegar esa postura nacional, o manipular las conciencias con promesas de las que después nadie se hará responsable, es la tarea que el gobierno federal ha emprendido principalmente a través de la televisión. “Privatización” es un término al que en esa propaganda se le da el significado exclusivo de “vender”, y como Pemex no será vendido, entonces no habrá ninguna privatización. Cobra relevancia crucial lo que frente a esta campaña haga la oposición, no solamente en el Congreso, donde la batalla por la reforma constitucional y por el contenido de la ley reglamentaria será y debe ser feroz, civilizada e intelectualmente feroz, sino en las calles. Es posible que en el Congreso el PRI y el PAN se impongan, pero es bastante dudoso que puedan hacerlo en las calles.
El proyecto de Peña Nieto recoge y lleva al extremo el culto neoliberal al mercado, esa visión que todo lo somete al interés económico y para la cual resultan un estorbo los “mitos” nacionalistas y el compromiso social del Estado. Así piensa la clase política y económica dominante, y por ello ve en el petróleo sólo un apetitoso manjar al que no ha podido hincarle el diente. Por esa razón plantea reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, que consagran justamente el “mito” de la expropiación petrolera. El discurso oficial afirma que la reforma se inspira en la herencia de Cárdenas, cuando en realidad la destruye y suprime una de nuestras más sólidas fuentes de consenso nacional.

Aguirre, siempre Aguirre

En una apresurada manifestación de apoyo a la reforma energética de Peña Nieto, el gobernador Angel Aguirre Rivero dijo el martes que será un “hecho histórico”. Pero aunque el partido de Aguirre, el PRD, se opone a la reforma constitucional, no parece que su alineamiento con una causa del PRI pueda traerle alguna consecuencia. Ya es ocioso recordarle que la izquierda lo hizo gobernador.

[email protected]