El gobierno se niega a investigar los asesinatos de luchadores sociales, señala Sofía Mendoza

El gobierno se niega a investigar  los asesinatos de luchadores  sociales, dice Sofía Mendoza

De la corresponsalía

Iguala

La regidora perredista Sofía Lorena Mendoza Martínez cuestionó la postura del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien anunció que la PGR rechazó atraer el caso del triple homicidio de los activistas de la Unidad Popular.
El miércoles en Acapulco, el titular de la PGR dio a conocer la decisión de no atraer la investigación del asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, “por ser un delito del fuero común”.
Consultada ayer al respecto, Mendoza Martínez expuso que “fue un homicidio y hubo privación ilegal de la libertad y tortura, pero si el procurador dice que es un delito del fuero común, espero que al caso de Raymundo Velázquez le den el mismo trato, porque entonces se pondría en evidencia el gobierno de que no le quiere entrar a la investigación de los crímenes de los luchadores sociales”.
Repudió la impunidad en los asesinatos de luchadores sociales en Guerrero, y dijo que “prevalecerá un Estado de derecho fallido, debido a que hay inseguridad, crimen organizado en Guerrero, y con ello demuestra el gobierno que no vale nada la vida de un ciudadano en este país”.
Urgió la intervención de las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional para que pongan sus ojos en México y puedan hacer un llamado al Estado mexicano.
Por otra parte, informó que ya concluyó la entrega de pruebas a la Comisión Instructora del Congreso local para respaldar su solicitud de destitución del alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Dijo que la prueba más fehaciente para la revocación de mandato en contra del alcalde por su presunta responsabilidad en el triple homicidio de los líderes de la UP, “es la denuncia que interpusieron ante la fiscalía regional, del hostigamiento que estaban sufriendo por parte del presidente municipal, su esposa y el secretario de Seguridad Pública, los mismos luchadores sociales un día antes de su desaparición forzada”.
La regidora perredista puntualizó que ya hizo lo que le correspondía en la aportación de pruebas, “ya no está en nuestras manos y ya no tenemos más pruebas que aportar, por lo que debió haberse investigado por parte de las corporaciones procuradoras de justicia, y si no hay voluntad por parte de la autoridad no podemos hacer nada más, ellos son las instancias y el Estado debe garantizar la justicia en los delitos que se cometen y más en este tipo de crímenes”.

Piden a Aguirre garantías para la visita a Iguala de la misión del obispo Vera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó ayer mediante una carta enviada al gobernador Ángel Aguirre Rivero, que, conforme a la convencionalidad, “garantice la vida, la integridad física y sicológica” de quienes encabezarán una delegación que el próximo 20 de agosto visitará la ciudad de Iguala para verificar el estado que guarda el caso de la ejecución de tres activistas de Unidad Popular (UP).
La carta fechada ayer también hace del conocimiento público que en la visita participará el presidente de ese organismo, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López.
Mediante el documento se informa que al gobernador Ángel Aguirre Rivero “ya se le envío una documento informativo el pasado 6 de agosto, en el sentido de que el obispo José Raúl Vera López, presidente de la organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad encabezará la Misión de Observación a Iguala el próximo 20 de agosto”.
Se informa que dicha misión estará conformada, además, por el abogado Ernesto Rodríguez Cabrera  de dicha Red; el sacerdote jesuita José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el defensor de derechos humanos y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez, y la abogada Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El documento explica que la misión de observación tiene el objetivo de “sistematizar el estado de vulnerabilidad? en que se encuentran las y los activistas sociales en general y en particular las y los que integran la Unidad Popular, así como el grado de acoso en que se encuentran las familias de los activistas de la UP ejecutados el pasado mes de junio, entre ellos la familia del dirigente de esa agrupación, Arturo Hernández Cardona.
“Convocamos a los activistas sociales, defensores de derechos humanos y población a acompañarnos” a dicha misión, dice el documento.
Asimismo, la Red solicita al gobernador Ángel Aguirre que, conforme a la convencionalidad, “garantice la vida, la integridad física y sicológica de quienes encabezan, integran y participaran en esta Misión, que se encuentra? coordinada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad”.