Marchan policías comunitarios de Tixtla contra la reforma energética y piden que salga el Ejército

*Defienden la unidad de la CRAC y señalan que el gobernador Ángel Aguirre busca dividirla. El objetivo de la presencia militar en los pueblos “es imponer la explotación minera y destruir a nuestra institución comunitaria”, señalan

Zacarías Cervantes

Tixtla

Policías comunitarios armados y uniformados, así como integrantes de organizaciones sociales, marcharon ayer en esta ciudad, en contra de la reforma energética que promueve el presidente priista Enrique Peña Nieto. Se manifestaron también  en defensa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero pretende dividir, acusaron.
Tras la marcha, que terminó en un mitin alrededor de la estatua del general Vicente Guerrero, en el zócalo de esta ciudad, los representantes de los diversos contingentes también se manifestaron en contra de la militarización en el estado y en contra de que los militares se dediquen a las labores de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y exigieron su salida del territorio comunitario.
La marcha, en la que participaron unos 500 manifestantes, entre policías comunitarios e integrantes de organizaciones sociales, partió a las 11 de la mañana del crucero de la entrada de esta ciudad y después de caminar por el acceso principal llegó al Zócalo por la avenida Vicente Guerrero.
Al frente, caminaron los policías uniformados y armados de la Policía Comunitaria, que pertenecen a las cuatro comunidades de este municipio y a seis colonias de la cabecera municipal, mismos que están incorporados a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla que, según el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, ya fue desconocida y expulsada de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por las otras tres casas: la propia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec, presuntamente acusada de acciones de indisciplina.
También marcharon reducidas comisiones de agrupaciones como la Comunidad  Emperador Cuauhtémoc de Chilpancingo; de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro); de la agrupación política Yo soy 132, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y simpatizantes de la CRAC de este municipio.
Al frente, policías comunitarios portaban una manta en la que se leía: “La CRAC en defensa de la Patria”. En otra más exponía las demandas de la agrupación en esta marcha: “Respeto al territorio comunitario; no al hostigamiento del Ejército y la Marina;  no a las reformas estructurales; no a la privatización de Pemex; no al cobro del IVA a los alimentos y medicinas; no a las minas en territorios comunitarios”.
Las mismas demandas se repetían en pancartas que portaban los ciudadanos civiles que marcharon atrás de los policías comunitarios armados.
Al llegar al Zócalo de la ciudad, los más de 100 policías comunitarios  –el resto eran civiles de las diferentes organizaciones– rodearon la estatua de Vicente Guerrero y un grupo de ellos montó una guardia en lo que duró el mitin en ese mismo lugar.
En el mitin se incorporó el veterano luchador social Pablo Sandoval Cruz, quien en su intervención cuestionó la postura que ha sumido el secretario de Gobernación del gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong,  en el sentido de que las policías comunitarias son ilegales, “cuando más ilegal es el gobierno federal, porque las policías comunitarias son la raíz, el tronco, el árbol de las comunidades. Son los que realmente defienden a las comunidades”, dijo.
Por eso dijo que quienes estaban ayer allí, “reivindicativos sus derechos”, pues dijo que los policías comunitarios “van a hacer honor a la gente de sus comunidades que los sigue”. Agregó, también, que “un hombre de éstos –dijo señalando al grupo de comunitarios, formados al pie de la estatua de Vicente Guerrero– tiene más honor y ética que 100 policías de los que andan sueltos”.
Por su parte, el representante del contingente de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa expresó que el acto fue en apoyo a la Policía Comunitaria de Tixtla “por el hostigamiento que está sufriendo por parte del Ejército mexicano” y dijo que ante la violencia e inseguridad que se está viviendo en el estado, “hoy no hay otra forma de enfrentarla que impulsando la autodefensa del pueblo”. Agregó que, mientras tanto, el gobierno lo único que hace es el desarme de las policías comunitarias.
Por su parte, el promotor de la CRAC en este municipio, Gonzalo Molina González, leyó el manifiesto de la Casa de Justicia de El Paraíso en el que expresó su rechazo a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, y, asimismo, advirtió del riesgo que significa la militarización en el territorio comunitario.
“Con el pretexto de la Cruzada contra el Hambre, el Ejército y la Marina están entrando a nuestras comunidades, intimidando a nuestros pueblos y hostigando a nuestra Policía Comunitaria”, dijo.
Y agregó que el objetivo de la presencia militar en los pueblos “es imponer la explotación minera y destruir a nuestra institución comunitaria”. Denunció que el gobierno de Peña Nieto, “quiere someter a nuestros pueblos para aplicar las reformas que solo benefician a las empresas extranjeras. Por esta razón exigimos la salida inmediata del territorio comunitario de las fuerzas federales”, dijo.
Denunció que con la reforma energética el gobierno federal “quiere consumar el robo del siglo al entregar el petróleo a empresas extranjeras. Esta propuesta significa una traición a la patria, que traerá como consecuencia más miseria, hambre y desolación”, expresó.
El respaldo a la Policía Comunitaria se da luego de que en Olinalá existen denuncias de que el alcalde Eusebio González Rodríguez con el respaldo del Ejército está impulsando a un grupo de civiles armados para que enfrenten a la Policía Comunitaria y a su coordinadora Nestora Salgado. Asimismo, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, declaró que tres casas de justicia (San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco) han desconocido y expulsado a la de El Paraíso, a la que pertenece la Policía Comunitaria de Olinalá.
Molina González agregó en el pronunciamiento que leyó en el mitin que la Policía Comunitaria será defendida “haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, de la Ley 701 y de los tratados internacionales”.
Luego dijo: “nada queremos para nosotros, no nos guían ambiciones personales, no queremos formar parte de un gobierno corrupto, luchamos por cambiar este mundo, por eso estamos en contra de las reformas del gobierno federal”.
Finalizó: “desde aquí les decimos que somos representantes legítimos de nuestros pueblos y por lo tanto vamos a seguir trabajando por el desarrollo de nuestra gente”. Asimismo, adelantó que: “el intento por dividir a nuestra institución no pasará”.