Seguirá el desarme y el “rescate” militar de detenidos, esta vez los de la UPOEG, advierte Aguirre

* Avala el gobernador las declaraciones “conmovedoras” de los liberados contra la Policía Comunitaria de El Paraíso

*La familia de Nestora Salgado en Seattle “no tiene idea de qué la acusan”, dice Martínez Garnelo

*Reitera que “la CRAC históricamente reconocida por la ley 701 tiene su sede en San Luis Acatlán”

*La hija de la coordinadora comunitaria en Olinalá la visitó en el reclusorio de Tepic y le dijo que cuando fue arrestada los marinos la obligaron a firmar un documento del que desconoce el contenido

*Están desaparecidos 70 policías comunitarios que fueron desarmados por soldados en Cruz Grande, dice la CRAC de El Paraíso

Seguirá el desarme y el “rescate” de detenidos, esta vez los de la UPOEG, anticipa Aguirre

*Dice que no conoce al juez Marco Antonio Ordorica, acusado de dictar por consigna suya la formal prisión contra Nestora Salgado. Avala el gobernador las declaraciones “conmovedoras” que los liberados hicieron contra la Policía Comunitaria de El Paraíso. “Se les rescató simple y llanamente porque estaban violando totalmente sus derechos humanos”, afirma en alusión a la operación militar

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió que se procederá conforme a la ley por las acciones contra los ayuntamientos de Tixtla y Ayutla, que se desarmará a quienes cometan actos fuera de la ley como los bloqueos, y que  los detenidos que tienen las policiási ciudadanas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estados de Guerrero (UPOEG) también serán rescatados, como lo hicieron fuerzas del Ejército con los que tenía la CRAC de El Paraíso.
En declaraciones después de la inauguración de la tercera asamblea nacional de la Conferencia Per-manente de Congresos locales (Copecol), el gobernador dijo que son “conmovedoras” las declaraciones de los ciudadanos que fueron rescatados por el Ejército y que la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias sólo puede actuar por usos y costumbres en delitos menores.
Al gobernador se le preguntó si continuarían las acciones de desarme de la Policía Comunitaria y el hostigamiento, y respondió que de parte de su gobierno no habrá hostigamiento, “siempre y cuando no se aparten de la ley, pero si alguien porta armas que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, están reservadas para el Ejército, pues se va a proceder al desarme, o que se den situaciones que nos están bloqueando las carreteras, en donde se cometen actos muchas veces de detenciones, porque ellos no pueden hacer funciones de jueces”.
–¿Habrá órdenes de aprehensión contra los que hicieron bloqueos, tomaron ayuntamientos?
—Sí, la ley se tendrá que seguir.
También se le preguntó si avala el desarme violento, como el ocurrido el martes en Cruz Grande, cuando los militares golpearon a mujeres indígenas y niños, y en respuesta Aguirre dijo que respalda “la aplicación irrestricta de la ley siempre respetando los derechos humanos”.
Sugirió a quienes sufrieron agresiones que acudan a las instancias correspondientes a presentar las denuncias por “cualquier situación que se haya cometido fuera de lo que establecen las leyes”.
Sobre la posibilidad de que llame al Ejército para que no vuelva a actuar de la misma forma que el martes, el gobernador dijo que todos deben ajustarse a lo que establece la Constitución “y respetarnos entre todos. Nosotros vamos a seguir en todo momento manteniendo el Estado de derecho y la aplicación de la ley y privilegiando el diálogo”.

Declaraciones “más que conmovedoras”

Sin pregunta de por medio, el gobernador se refirió a la conferencia de prensa encabezada por el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que el jueves ofrecieron las personas que habían sido detenidas por la Policía Comunitaria y fueron “rescatadas” por el gobierno del estado.
El gobernador dijo que “yo creo que los testimonios que dieron algunas de las detenidas en la casa de El Paraíso, pues yo creo que son más que conmovedoras”.
A Aguirre se le insistió sobre el reconocimiento que tiene la CRAC en la Ley 701 para la aplicación de justicia en las comunidades, y respondió que esa facultad está limitada a “delitos menores”, pero en el caso de las personas que tenía detenidas la Casa de Justicia de El Paraíso “había acusaciones de secuestro, de robo y de otras”.
En esos casos “lo que se debe hacer es entregarla de inmediato a la autoridad correspondiente”, dijo, y que en caso de que tuvieran dudas sobre el proceso para sancionar a los delincuentes la Policía Comunitaria podría haber designado un abogado coadyuvante, “pero no podemos de ninguna manera apartarnos del Estado de derecho”.
Al gobernador se le preguntó entonces por qué si las personas detenidas por la Policía Comunitaria no cometieron delitos menores, las rescató el gobierno mediante una operación militar.
Respondió que todas rindieron declaración en la Procuraduría de Justicia del estado, “y entiendo que a algunos se les han encontrado elementos para proceder a su consignación, nosotros no vamos a hacer ninguna diferenciación, la aplicación de la ley es para todos parejo”.
–Si es por delitos menores como la Policía Comunitaria puede aplicar la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, ¿por qué el gobierno del estado rescató a estas personas, las dejó libres y la coordinadora está presa en una cárcel de máxima seguridad? –se le insistió, en referencia a Nestora Salgado.
–No, no, no hagas juicios que no se correspondan. A ver, se les rescató simple y llanamente porque estaban violando totalmente sus derechos humanos, no llevaban uno ni dos días, ayer el testimonio que dio una de las señoritas es que llevaban más de tres meses y nosotros no podemos de ninguna manera permitir ese tipo de situaciones; segundo, los detenidos que vinieron, algunos policías de ese grupo lo mismo que el resto, todos han sido declarados y en el caso habrá consignaciones a quien corresponda.
–Mientras los infractores están libres la coordinadora de la Policía Comunitaria está presa –se le insistió.
–No, de ninguna manera, por qué no te acercas a la Procuraduría para que te informen cuántas personas se encuentran consignadas, entre ellos algunos que estaban detenidos en la casa de justicia de El Paraíso.
De la denuncia del abogado del Centro de Derechos Huma-nos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, de que el juez que lleva el caso de Nestora Salgado, Marco Antonio Ordorica Ortega, es un juez de consigna, el gobernador dijo que no conoce a éste.
Sobre la demanda de los transportistas de Costa Chica, que piden la liberación de sus compañeros que están detenidos en El Mesón por policías ciudadanos de la UPOEG, el gobernador dijo que esas demandas son las que se generan cuando se detiene a personas y se les retiene ilegalmente, con lo que violentan “totalmente” sus derechos.
–¿Hará lo mismo con los detenidos que tiene la UPOEG?
–Sí, es lo mismo, es parejo. Todos aquellos que se coloquen fuera de la ley por supuesto que serán detenidos. No podemos de ninguna manera aplicar la ley de la selva y que si yo en un momento dado veo que alguien aparentemente está cometiendo o cometió algún delito pues lo retenga y me lo lleve a un cuarto y viole totalmente sus derechos.

Espera dos mil policías rurales en la primera etapa

Sobre la iniciativa para la creación de la Policía Rural que envió al Congreso, el gobernador dijo que espera que los diputados puedan enriquecerla y que tiene como objetivo recoger las aspiraciones que hay en las comunidades de participar en la defensa de sus pueblos.
Indicó que en una primera etapa está previsto incorporar a la Policía Rural a unos dos mil policías.
Precisó que la iniciativa no está dirigida a la UPOEG sino que es “una convocatoria que está abierta para todos”, y que tampoco está considerado incluir a la CRAC porque la Policía Comunitaria está amparada en la Ley 701.
Aguirre Rivero dijo que la UPOEG podrá acogerse a la iniciativa de la Policía Rural o esperaría que ellos le presenten “una propuesta similar, pero desde luego creo que hoy los dos caminos son la 701 y está reforma que hacemos a la 281”.
En otro tema, el gobernador informó que las participaciones federales que recibe el estado sufrirán una disminución de 17 millones de pesos, por lo que la administración estatal deberá “recortar todo aquello que no sea prioritario y hacer ajustes donde los tenga que hacer para no caer en la tentación del endeudamiento”.
Indicó que los ajustes no afectarán los programas sociales de su gobierno, que “son intocables”.
Del informe que rendirá el presidente Enrique Peña Nieto y la evaluación que hace de los nueve meses, Aguirre Rivero dijo que el gobierno federal “ha enfrentado muchas dificultades pero ha demostrado toda la voluntad para avanzar en una senda que nos dé mejores opciones a todos los mexicanos, yo lo que le puedo decir es que yo me siento muy reconocido por todo el respaldo que nos ha dado desde que él arribó a la Presidencia”.

La familia de Nestora Salgado en Seattle “no tiene idea de qué la acusan”, dice Martínez Garnelo

*Reitera la posición del gobernador de que “la CRAC históricamente reconocida por la ley 701 tiene su sede en San Luis Acatlán”. Se retracta y ahora dice no saber quién pidió enviar a la coordinadora comunitaria a Tepic; “ah caray, eso sí no lo sé”

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que los familiares de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Néstora Salgado García, que protestaron afuera del Jackson Federal Building? de Seattle, Estados Unidos, para exigir su libertad y la intervención del gobierno de Estados Unidos en el caso no tienen “ni idea ni conocimiento de qué la acusan, por qué la acusan, por qué está en un reclusorio federal de mujeres”.
Martínez Garnelo estuvo ayer en el hotel Emporio, en Ixtapa, en donde en representación del gobernador Ángel Aguirre inauguró la Reunión Preparatoria para la Modernización Integral del Registro Civil de la Zona Sur, a la que acudieron los directores estatales de los registros civiles de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Luego del acto de inauguración, el secretario de Gobierno fue abordado por los reporteros, quienes le preguntaron sobre la protesta en la ciudad estadounidense  y dijo, en referencia al esposo de Nestora Salgado, José Luis Ávila Báez, que es una persona “que incluso está en el extranjero, que no tiene ni idea ni conocimiento de qué la acusan, por qué la acusan, por qué está en un reclusorio federal de mujeres”.
Al preguntarle si la protesta de los familiares y amigos de la detenida afecta la imagen turística de Guerrero, por su invitación a que no visiten Acapulco ni este destino turístico, sino la región de la Montaña para que conozcan las condiciones en las que viven miles de ciudadanos indígenas, Martínez Garnelo repondió que no lo afectará y añadió que el proceso se da “con apego a la legalidad, dado que dictaron auto de formal prisión, y lo más interesante, recuerde que nuestro país, México, es uno de los países que tiene un gran número de recursos incluso ante cortes nacionales e internacionales”.
Luego, sobre el desmentido del presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que no fueron los jueces quienes decidieron el traslado de Nestora Salgado a un penal de Nayarit, contestó: “Ah caray, eso sí no lo sé, lo cierto es que hubo una investigación, como hay muchas investigaciones por parte de la Procuraduría”.
“Hoy los sistemas de justicia van cambiando, ya el sistema de procuración de detener y después investigar ha cambiado, hoy se investiga y tenemos un procurador muy brillante, un investigador que estuvo trabajando en la Procuraduría General de la República y las peticiones de estas investigaciones se mandan con un juez para el libramiento de orden, si hubo orden de aprehensión y ayer, antier le dictaron auto de formal prisión, significa que hay una serie de elementos que estructuran la acción típica de un acto delictivo, yo hasta ahí puedo comentar porque realmente los detalles del proceso evidentemente que se tienen en los juzgados y en la propia Procuraduría”, expresó.
–¿Por qué mandarla a Nayarit si el proceso está aquí en Guerrero, y los delitos fueron cometidos aquí?
–Ah, bueno, ahí hay que preguntarle al peticionario, tuvo que haber una petición de alguna dependencia y las dependencias tienen la plena libertad de solicitar dónde se va a llevar a cabo un procesamiento; dentro de las condiciones o requerimientos puede ser, obviamente por el tipo de persona, por la no afectación, de contaminación cuando no hay cárceles femeninas en el estado o en otros estados de la República, hay una serie de razones por las que se traslada, sin embargo la garantía de debido proceso, la garantía de un procesamiento con estricto apego a la ley, así pudiera estar en otra parte del país, evidentemente que tiene que sujetarse a esas reglas procesales –contestó.
Sobre la percepción que tiene el gobierno del estado ante el levantamiento de ciudadanos para conformar grupos de policías comunitarias, Martínez Garnelo señaló que “dos cosas de manera muy puntual: primero, mi gobernador, el señor gobernador Ángel Aguirre, toma posesión el 1º de abril del 2011, una ley preparada entró en vigor a los ocho días de que tomó posesión el gobernador, la ley 701 donde se les permite y se les reconoce a las policías comunitarias, entonces, estamos con un gran problema de una ley con una serie de percepciones subjetivas normativamente hablando”.
“Sin embargo, lo más maravilloso y el reconocimiento del gobierno del estado es para la CRAC que históricamente está reconocida por la ley 701 y que tiene su sede en San Luis Acatlán, para mí esta postura de legalidad que establece el señor Eliseo (Villar) y toda su organización de la Policía Comunitaria, con sujeción a las condiciones de seguridad pública estatal y nacional, nos dan el parteaguas de qué es o a quiénes se les reconoce legalmente como policías comunitarias y a quiénes no se les debe reconocer como policías comunitarias”.
Continuó: “segundo, todas las manifestaciones que están haciendo nuestros paisanos, nuestros conciudadanos en algunas regiones, tenemos que remarcar o reiterar y subrayar, tienen que hacerlas dentro del marco de legalidad, el gobierno ha estado muy atento, en lo personal yo he platicado, he estado en mesas de trabajo con Eliseo, con Gonzalo (Molina), he estado en comunicación con Arturo Campos y obviamente lo que hemos hecho es la apertura incuestionable? de que tenemos un gobierno con sensibilidad y con diálogo, pero que no se rompa el marco de legalidad porque es ahí donde ya entran otras instancias y la parte política, si no se rompe, se interrumpe y eso es lo que no queremos, somos guerrerenses, estamos dentro de un mismo territorio que aparte de la pobreza, de la miseria, de tantas necesidades que históricamente tenemos, debemos de luchar por la paz y la armonía”.
–Pero es lo que está pasando, porque no hay un control –se le dijo.
—Ya empezamos, ya empezó la credencialización en San Luis Acatlán y pronto les vamos a dar una sorpresa importante porque hoy nuestros hermanos que son policías comunitarios entran exactamente en la coadyuvancia para la prevención y la persecución de delincuentes.
–Pero cada vez surgen más grupos.
–Precisamente, si surgieran 20, hay que llamarlos al diálogo y a que entren en la parte de la legalidad.
–¿Entonces el gobierno apoyaría a los grupos que sean necesarios?
–Totalmente, siempre y cuando cumplan con lo que dice la Constitución: pueblos originarios, es decir, localidades donde haya pueblos originarios que manejen usos y costumbres y que tengan lenguas, eso es lo que dice la Constitución.

Por segundo día, se mantiene en huelga de hambre el esposo de Nestora para demandar que la liberen

*La hija de la coordinadora de la CRAC en Olinalá la visitó en el reclusorio de Tepic y le dijo que cuando fue arrestada los marinos la obligaron a firmar un documento del que desconoce el contenido

Mariana Labastida

Por segundo día, el esposo de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez continúo la huelga de hambre que inició el miércoles afuera de Jackson Federal Building de Seatle, en Estados Unidos.
Informó que una de sus hijas vio a la coordinadora la tarde del miércoles, “en detalle no sé todo, me dijo que dentro de la prisión no la han maltratado, que los marinos y militares sí la maltrataron, pero donde está ahorita esta bien”.
Vía telefónica, Ávila Báez manifestó que continúa con la huelga de hambre que emprendió para exigir la libertad de Nestora Salgado, que fue detenida el 21 de agosto en Olinalá y recluida el 23 en una cárcel de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
Informó que su hija Saira Rodríguez, que vive en Guerrero, se trasladó a Tepic y vio a Nestora Salgado el miércoles por la tarde, y que estaba en esperaba de que le diera información si pudo entrar nuevamente a verla el jueves por la mañana, porque les faltaban detalles de su detención.
“Queremos saber las cosas que pasaron en el camino, a qué hora la presentaron ante el juez, de dónde a dónde la llevaron y cómo la trasladaron”, dijo Ávila Báez, quien agregó que la familia esperaba tener esa información para poder utilizarla en la defensa de su esposa.
En la edición en Internet del diario Los Angeles Press, se publicó ayer una entrevista con la hija de Nestora Salgado, Saira Rodríguez, quien la visitó en el reclusorio de Tepic, y dijo que está con vida y que al parecer no fue torturada físicamente.
“Su rostro está limpio, no se le ven moretones, pero está quebrada psicológicamente, por la gran injusticia que está viviendo, nunca la había visto así”, señaló Saira Rodríguez, quien habló con su madre a través de la reja del locutorio.
Dijo a Los Ángeles Press que cuando arrestaron a su madre, no la dejaron decir que era ciudadana estadounidense, ni le dejaron usar sus documentos de identificación. No le permitieron hacer ninguna llamada, y la obligaron a firmar un documento que desconoce el contenido, pero que supone ella era una declaración de culpabilidad por los cargos que le imputan de secuestro y tortura por denunciar a las autoridades locales sus vínculos de narcotráfico.
Cuenta Rodríguez que su madre, con la voz quebrada y con la desesperanza en la mirada, narró los hechos. Primero la detuvieron arbitrariamente unos 20 militares, en 15 vehículos y luego se la llevó la Marina en dos vehículos oficiales. El día que se la llevaron de Olinalá a Chilpancingo, durante cuatro o cinco horas, no la dejaron ir al baño.
“Dijo que todo fue muy rápido, señala la hija, y allí en Chilpancingo, la Marina la subió de prisa a un helicóptero para llevarla a Acapulco”. También dijo que no la dejaron declarar, y en la Procuraduría General de la República (PGR) la obligaron a firmar un documento que no le permitieron leer ni tampoco le dijeron de qué se trataba. De Acapulco la trasladaron a Tepic, Nayarit, al penal de máxima seguridad, donde estuvo incomunicada durante siete días de su familia.
Saira Rodríguez dijo a Los Ángeles Press que la Marina le robó sus pertenencias a Nestora, porque al solicitarlas en la PGR, los funcionarios le dijeron que la Marina no había reportado ninguna pertenencia personal.
Rodríguez hizo un recuento del robo de los militares: su bolso en el que traía su celular, documentos de la Policía comunitaria, 15 mil pesos que acaba de recaudar por la venta de gas LP para los gastos de coordinación y la policía, una cámara digital, sus anillos de matrimonio de y varias alhajas de oro.
La nota informa que Nestora Salgado tiene nacionalidad estadounidense y ha trabajado en el desarrollo de la comunidad desde hace cuatro años.  Organizó la Policía Comunitaria de Olinalá como forma de protección y seguridad contra la delincuencia organizada. Sus denuncias sobre los vínculos de narcotráfico del alcalde del PRI, Eusebio González, su secretario Omar Jiménez y el síndico Armando Patrón Jiménez, son el motivo por los que se dio la detención arbitraria y la privación de su libertad contra derecho.
Su familia lo considera un secuestro de Estado, con el que las autoridades federales están protegiendo a narcotraficantes, dice la nota informativa del diario que se publica en español.

Están desaparecidos 70 policías comunitarios que fueron desarmados en Cruz Grande: CRAC

*Son de seis comunidades indígenas de Ayutla y desde el martes se desconoce su paradero, dice el coordinador Arturo Campos. Las armas que les quitó el Ejército son unas 500, todas de bajo calibre, asegura

Zacarías Cervantes

Tixtla

El promotor de la Policía Comu-nitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Gonzalo Molina González denunció ayer que 70 policías comunitarios están “desaparecidos” luego de que los desarmó el Ejército el martes en Cruz Grande, municipio de Florencio Villlarreal.
“Queremos que el gobierno nos diga en dónde están nuestros compañeros y si cometieron algún delito que los juzguen conforme a las leyes”, dijo Gonzalo Molina, quien ofreció una conferencia de prensa en el barrio de El Fortín de esta localidad.
El dirigente de la CRAC dijo durante un recorrido que realizó por esta localidad, que observó a efectivos del Ejército afuera de las instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal.
Rodeado de sus familiares y amigos, Molina González anunció que ante el recrudecimiento de la represión del gobierno contra la Policía Comunitaria tendrán que salir a las calles para exigir la presentación de sus compañeros y que se deje en libertad a Nestora Salgado y a otros 21 comunitarios detenidos hace ocho días.
“Mañana saldremos a las calles de Tixtla y la sociedad civil nos va a respaldar en la marcha”, externó.
Agregó que este miércoles tuvo una plática con organismos internacionales de derechos humanos con quienes denunció la serie de violaciones a las garantías constitucionales de las que han sido víctimas integrantes de la Policía Comunitaria.
Sobre lo que ocurrió este martes en Cruz Grande, en la región de la Costa Chica donde efectivos del Ejército arremetieron contra mujeres indígenas y policías comunitarios que participaban en una marcha en la carretera federal, afirmó que el Ejército mexicano se excedió de sus funciones constitucionales.
Molina dio la información que transmitió por teléfono el coordinador de la CRAC de El Paraíso,  Arturo Campos de que hay “70 policías comunitarios desaparecidos”, después de que fueron desarmados en Cruz Grande. Los policías comunitarios de quienes no saben su paradero son de La Concordia, El Paraíso, Vista Alegre, Vista Chula, El Charquito y El Charco.
Dijo que en la operación los efectivos del Ejército decomisaron 500 armas de bajo calibre. El mismo martes, Campos Herrera había declarado que los policías comunitarios desarmados habían sido unos mil, y ayer rectificó esa cifra, después de recabar información de manera más precisa.
“Una de las peticiones que estamos haciendo es que también se les devuelvan las armas a los policías comunitarios”, afirmó Campos Herrera.