Tlachinollan

La ofensiva gubernamental contra los derechos de los pueblos indígenas

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

A semana y media de que el Ejército y la Marina emprendieran la persecución encarnizada, el desarme violento, las detenciones ilegales y los traslados forzosos  contra miembros de la policía comunitaria de Olinalá, Tlatlauquitepec, El Paraíso y Quiahuitepec, pertenecientes a la casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres,  quedó de manifiesto la animadversión, el etnocentrismo y la agresión que prevalece entre las autoridades mestizas de los tres niveles de gobierno, contra la población indígena que ejerce sus derechos colectivos, frente a un Estado que los sojuzga y criminaliza.
Las autoridades civiles y militares, de mutuo acuerdo y de manera deliberada, convinieron en ignorar y vulnerar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente y en nuestra carta magna. Pisotearon la dignidad de sus autoridades, denigraron su honor, los sometieron  y amedrentaron para exhibirlos como delincuentes de alta peligrosidad. Desde el miércoles 20 de agosto hasta este miércoles 28, los militares llevaban en su lista a 42 policías comunitarios detenidos, siendo 41 de ellos indígenas: 37 del pueblo na savi, cuatro del pueblo nahua y una coordinadora, de la población mestiza de Olinalá.
A ninguna autoridad militar o civil le interesó (ni forma parte de sus planes), conocer y respetar los derechos propios de los pueblos indígenas que están plasmados en sus sistemas normativos, en sus órganos de gobierno y en sus sistemas de seguridad y justicia. También se expresan de manera ejemplar en sus métodos de consulta y en su  toma de decisiones. La visión colonialista y racista de las autoridades del estado los ha orillado a cometer atrocidades y a justificar cualquier acción injerencista que violenta el modo de vivir de los pueblos. Las autoridades adolecen de conocimientos básicos sobre los derechos y las culturas de los pueblos. No asumen los compromisos internacionales firmados por México; de respetar los derechos específicos de las poblaciones originarias, sus territorios, su libre determinación y sus sistemas de gobierno, seguridad y justicia. El complejo de superioridad que tienen las autoridades mestizas los hace creer que tienen todo el poder para someter con el uso de la fuerza y el manejo faccioso de la ley a los indígenas que se organizan de manera autónoma y a contrapelo de las instituciones que los discrimina, los extorsiona y los criminaliza.
En Guerrero persiste un sistema caciquil sumamente racista y pendenciero, que usa a los policías y el mismo Ejército para detener, reprimir, torturar, encarcelar, desparecer y matar a los y las que luchan por la justicia; a quienes denuncian las atrocidades del gobierno, sus actos delincuenciales, su colusión con el crimen organizado y su actitud perversa de violentar los derechos humanos y de proteger a los perpetradores.
En este movimiento pendular de los gobiernos autoritarios, vivimos un momento regresivo en cuanto al reconocimiento y respeto de los derechos individuales y colectivos. Las reformas constitucionales recién impuestas por las cúpulas partidistas,  como la laboral y la educativa, están diseñadas para conculcar los derechos conquistados por los trabajadores. La embestida es contra una clase social dominada,  a la que perciben que está fragmentada y debilitada, que la tienen sometida por las políticas privatizadoras y clientelares.
En este proceso de domesticación de la plutocracia partidaria, los gobiernos se ven obligados a utilizar al Ejército y la Marina para contener el malestar social, para reprimir a los movimientos disruptores y para cancelar cualquier forma de organización social o comunitaria alternativa. Queda prohibido poner en entredicho el modelo hegemónico de gobernar y de organizar a la sociedad desde las directrices gubernamentales.
Los derechos humanos, más que una política de Estado es un discurso falaz, cargado de hipocresía y ruindad. En Guerrero lo constatamos con los casos de las desapariciones forzadas desde la época de la guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la masacre de El Charco, las violaciones sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo, las ejecuciones de Raúl Lucas y Manuel Ponce, el asesinato de Armando Chavarría, las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, las ejecuciones de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría; las ejecuciones de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros de la Unidad Popular y la del luchador social Raymundo Velázquez. Los gobernantes usan como falsete los derechos humanos para congraciarse con los organismos intergubernamentales que les piden cuentas y también para adornar la fachada de un Estado devastado, donde impera la violencia y la corrupción y donde los grupos de la delincuencia han logrado imponer su ley. No es casual ver a un gobierno impune, que lo mismo le da colocar en una secretaría a un funcionario que enfrenta un juicio político por el asesinato de dos estudiantes (y cuya investigación no ha arrojado resultados favorables para los familiares de las víctimas), que poner al presidente del Tribunal de Justicia como su secretario de Gobierno, para reafirmar el poder omnímodo del Ejecutivo.  El gobierno de Guerrero naufraga, da bandazos, manotea y en medio de su atolondramiento pide auxilio para que el Ejército y la Marina tomen el control de la situación y pongan el orden como ha sido costumbre en Guerrero: violentando los derechos humanos de la población pobre.
Las autoridades de Guerrero han pisoteado los derechos de los pueblos indígenas. Han tirado por la borda todo el trabajo colectivo y propositivo que han construido las comunidades para garantizarse seguridad y para contar con un sistema de justicia efectivo y gratuito. La formación de las policías comunitarias es parte sustantiva de sus sistemas normativos que están reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que con la reforma del artículo primero de nuestra Constitución, ya forma parte de las leyes que nos rigen. A nivel estatal la Ley 701 es un instrumento jurídico que reconoce explícitamente el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas y les da el mismo estatus jurídico a las autoridades comunitarias, que previenen el delito, procuran y administran justicia e incorporan a los detenidos a un proceso de reeducación comunitaria.
Lo que han hecho los militares y los marinos con el respaldo de las autoridades estatales y municipales, fue violentar los derechos de los policías comunitarios. Nunca los trataron como policías legalmente reconocidos, nombrados en asambleas, elegidos para velar por la seguridad de la población, para cumplir los ordenamientos legales de las y los coordinadores; de resguardar a los detenidos y de hacer los recorridos y acompañamientos que requieren las demás casas de justicia, y que implican desplazamientos más allá del territorio comunitario. Desconociendo estos procedimientos propios de los comunitarios, los militares y los marinos hicieron operativos ostentos para desarmarlos,  detenerlos sin orden de aprehensión. Para desmantelar sus espacios comunitarios destinados a la reeducación, señalándolos como secuestradores y como responsables de cometer delitos por la portación de armas. Se les configuraron delitos sin tomar en cuenta la función que desempeñan dentro de su sistema de justicia. Los militares y marinos se erigieron como ministerios públicos, policías ministeriales y jueces. Tratando en todo momento como delincuentes de alta peligrosidad a gente sencilla que se encontraba cumpliendo con una responsabilidad comunitaria.
La detención de Nestora Salgado García muestra toda la cadena de violaciones a sus derechos humanos que tuvo como fin exhibirla como una delincuente de alta peligrosidad, al grado que la trasladaron de manera arbitraria a un penal de alta seguridad. Fue detenida sin orden de aprehensión; la detención fue realizada por militares y marinos que no están facultados por la ley para realizar este tipo de acciones, también se le mantuvo incomunicada. Los delitos por los que se le acusan no justifican el traslado a un penal federal. Las autoridades no permitieron que abogados de su confianza la representaran legalmente. El juez violentó el principio pro persona al impedir que personas de su confianza la representaran, arguyendo un formalismo jurídico, de que el escrito presentado fuera ratificado por ella. La misma autoridad judicial impidió que sus abogados pudieran presentar pruebas para su defendida, al cerrar las puertas del juzgado antes de que venciera el plazo constitucional. De igual manera se dictó auto de formal prisión antes de que se venciera el plazo de las 144 horas.
Estas graves violaciones a los derechos humanos de Nestora no sólo tienen la intención de denigrar su trayectoria como coordinadora de la policía comunitaria y de refundirla en un penal federal lejos del estado, para doblegarla y atemorizar a todos sus compañeras y compañeros, sino que existen intereses políticos muy altos que están atizando la hoguera para destruir el sistema de seguridad y justicia comunitaria. Siguen obcecados en desmantelar a todos los grupos de la Policía Comunitaria y a que se continúen las operaciones militares para desarmarlos y detenerlos. Se trata de meter en el mismo costal a todas las expresiones de los sistemas comunitarios de seguridad, ya sean policías comunitarios de las cuatro Casas de Justicia o los policías ciudadanos pertenecientes al Sistema de Seguridad y Justicia de la UPOEG o a la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo. Porque no toleran que los pueblos ejerzan su derecho a la libre determinación y tengan el control de su territorio, para liberarlo de los grupos del crimen organizado y de cualquier amenaza externa.
Para el gobierno, ahora todos los que se encontraban detenidos por las autoridades comunitarias del Paraíso y que están acusados de secuestros, homicidios, extorsiones, delincuencia organizada, delitos contra la salud, son víctimas del sistema comunitario, por eso a varios de ellos ya los puso en libertad, para que regresen (como ya lo están haciendo) a los lugares donde cometieron atrocidades. La lógica gubernamental que impera es detener a las policías comunitarias para dejarle el campo libre a los grupos de la delincuencia, que son funcionales al sistema gubernamental sostenido por la corrupción y la impunidad. El ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas expresados en su sistema de justicia y seguridad aparece para el gobierno como un sistema de alta peligrosidad, al igual que los policías comunitarios, porque amenazan con depurar al mismo sistema de seguridad estatal que está sometido por los intereses de la delincuencia organizada.