Arremeten tres secretarios contra la CRAC y la Policía Comunitaria en su comparecencia

*La Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, dice el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo. Los indígenas aplican una justicia “del siglo XV”, acusa. A pesar de esa ley no constituyen un “régimen de justicia de excepción”, advierte el procurador Iñaki Blanco. Utiliza el procurador expresiones denigrantes para referirse a Nestora Salgado. El gobierno federal retiró del estado a 400 elementos de la Policía Federal y quedan 500: Lara Montellanos. Acusa que en San Miguel Totolapan la mayoría de los plicías municipales son escoltas del alcalde y de su esposa

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gabinete de seguridad, en el que está incluido el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ci-vil (SSPyPC), Javier Lara Mon-tellanos, y el procurador Iñaki Blanco Cabrera,? compareció ayer en privado en el Congreso local, donde los funcionarios adelantaron que ya no permitirán que las poli-cías comunitarias de la CRAC sigan impartiendo justicia en “delitos graves”.
El director de Comunicación Social del Congreso, Antonio Jiménez, negó que la comparecencia estuviera programada, a pesar de que en la sala José Francisco Ruiz Massieu estaba todo listo para la reunión y los reporteros vieron entrar a los funcionarios a la sala Armando Chavarría Barrera de la Comisión de Gobierno a las 10 de la mañana.
Aproximadamente a las 10:30  los funcionarios y diputados entraron a la sala Ruiz Massieu; la comparecencia duró más de seis horas y a ella no se permitió el acceso a los reporteros, aunque El Sur obtuvo un audio a partir del cual se elaboró esta nota.
Asistieron los diputados perredistas Nicanor Adame Serrano, Luisa Ayala Mondragón, Roger Arellano Sotelo, Tomás Hernández Palma,?Elí Camacho Goicoechea y Bernardo Ortega Jiménez; los priistas Rubén Figueroa Smutny, que es presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Omar Jalil Flores Majul y Verónica Muñoz Parra; del PAN Jorge Camacho Peñaloza; de MC Mario Ramos del Carmen y Evencio Romero Sotelo y del PVEM Karen Castrejón.

“Las famosas policías comunitarias”

El diputado perredista Nicanor Adame afirmó que las dependencias estatales de las que estaban sus titulares en la comparecencia estaban rebasadas, pero Jesús Martínez Garnelo afirmó que están trabajando por la reestructuración del tejido social, porque el principal problema que tienen es la presencia de halcones que regularmente son menores de edad.
El funcionario explicó que la Policía Rural que se pretende crear no podrá realizar persecuciones ni salir de su comunidad, tampoco recibiría un salario sino despensas u otros apoyos, “esto para mermar el crecimiento de las famosas policías comunitarias”.
Entonces dijo que no pueden dejar en manos de la Policía Comunitaria “de indígenas, la procuración de justicia, no tienen el esquema de la investigación de un delito, ellos manejan la sospecha… Eso se utilizó en el siglo XV, en la época medieval”.
Dijo que tendrán que poner reglas a las casas de justicia de San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco, las únicas que reconoció como pertenecientes a la CRAC, menos a la de El Paraíso.
“De entrada se los comento, ellos no pueden ni deben procesar delitos graves, ni delitos federales, si llevan a cabo una detención, inmediatamente tienen que ponerlo a disposición del MP, si no se viola el debido proceso”, dijo Martínez Garnelo.
“La Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, dijo el secretario de Gobierno sobre la ley de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos indígenas.
En su turno, el procurador afirmó que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y cualquier policía comunitaria debe “formar aparte del sistema de seguridad pública, su proceder debe estar apegado a la legislación sustantiva y procesal vigente de la Constitución federal y del estado”, como lo señala?el artículo 37 de la Ley 701 de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas.
En la comparecencia a puerta cerrada el procurador afirmó que los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas del estado, aunque estén amparados por la aplicación de la Ley 701, no constituyen un “régimen de justicia de excepción”.
Por eso advirtió que no pueden estar excluidos de responsabilidades penales.
Dijo que “la Ley 701 no tiene esos alcances… la ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para aplicar sus sistemas normativos y de solución a sus conflictos internos”, pero dijo que también se establece que deben de respetarse sus garantías individuales y derechos humanos.
Y detalló que en el artículo 30 y 36 de la Ley 701 se establecen las siguientes limitaciones: “no ser contrarios a la Constitución General del país y la particular del estado, no vulnerar los derechos humanos y que el procedimiento que se aplique será el que cada comunidad apruebe”.
De lo contrario, afirmó que “el procedimiento es ilegal y los encargados de aplicarlo pueden caer en conductas constitutivas de alguna infracción o delito”.
Iñaki Blanco llevó a la comparecencia el caso de la coordinaadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García: “En el caso concreto de personas menores de edad y adultos que fueron detenidos por la hoy inculpada”, dijo que no hay un sistema de justicia indígena reglamentado.
Pero afirmó que las formas y procedimientos de acceso a la justicia que se adopten deben estar apegados a las constituciones local y federal, y habló de las tres menores detenidas en Olinalá, y afirmó que se debió informar al Ministerio Público (MP).
Finalizó tratando de denigrar a Nestora Salgado: “No obstante que tiene estudios de secundaria incompleta”, afirmó que no pertenece a ningún grupo indígena, “tiene la capacidad de entender, ello le permite comprender la posibilidad del carácter antijurídico de sus acciones”, por eso dijo que el MP ?consideró que se le tenía que fincar responsabilidad por la comisión de delito de secuestro agravado.
El procurador reiteró a los diputados su versión de que Salgado García solicitó el pago de dinero en efectivo a cambio de la libertad.
Antes, el secretario de Seguridad Pública informó que “por la situación del país”, en el último mes el gobierno federal retiró del estado a 400 elementos de la Policía Federal y de 900 que estaban sólo quedan 500.
Justificó los pocos resultados en materia de seguridad porque de los “4 mil 400 elementos de la policía estatal sólo tenemos mil 233 en las calles”, y los municipios también están limitados y regularmente piden refuerzo a la dependencia.
Dijo que hay casos en que la po-licía estatal se tiene que hacer cargo completamente de la seguridad, co-mo en San Miguel Totolapan, donde “tienen?17 policías, seis es-tán con el presidente municipal co-mo escolta, cinco con la señora y cuatro cuidan el palacio municipal y sólo el resto patrulla el municipio”.
Por eso, Lara Montellanos discretamente justificó la creación de grupos de autodefensa como en Xaltianguis, donde dijo que el municipio destinó a dos policías de avanzada edad y el estado envió otros dos “para?ese mundo de habitantes”, y afirmó que?la Policía Rural será una solución.
Después a la intervención de Iñaki Blanco, el diputado panista Jorge Camacho Peñaloza pidió a los asistentes, a excepción de diputados y funcionarios, que se retiraran de la sala José Francisco Ruiz Massieu.
Incluso solicitó la salida de los trabajadores de seguridad del Congreso local, y pidió entregar sus teléfonos celulares para evitar que se realizaran grabaciones.