Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El mensaje de Peña Nieto y la cacería de ciudadanos en Guerrero

Un susurro militar en el oído presidencial pudo haber originado la advertencia de Enrique Peña contra aquellos que, en el ancho mar de la incompetencia gubernamental en la guerra contra el crimen organizado, osan por sus propios medios combatir a la delincuencia y proteger su vida, la integridad de su familia y su patrimonio.
Ese es el absurdo significado del mensaje del Presidente, de apariencia coherente en abstracto pero irresponsable en el contexto del México real, en el que tiene el potencial de desatar no el cumplimiento de la ley sino una auténtica cacería de ciudadanos cuya motivación para movilizarse es la inseguridad pública que el gobierno no es capaz de erradicar.
En un sentido más amplio, ese discurso promueve el inmovilismo social y el miedo al Estado, una vieja postura incongruente con la presunta democratización del país.
“El gobierno de la República le da la bienvenida a una sociedad civil organizada, activa, propositiva… pero el gobierno de la República no tolerará que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios”, dijo textualmente Peña Nieto. Líneas atrás, al proclamar triunfal una reducción de 13.7 por ciento en el número de homicidios dolosos entre diciembre de 2012 y julio de 2013, había expresado que el ciudadano es “el centro de los esfuerzos de la política de seguridad y de justicia que prioriza la reducción de la violencia”. Contradictoriamente primero reivindica a los ciudadanos y más adelante los condena a la persecución del Estado, pues esos ciudadanos son los mismos en un caso y otro: víctimas y defensores al mismo tiempo.
Las circunstancias que la advertencia presidencial ignora colocan en una situación de extrema indefensión a la sociedad: si no se moviliza cae en manos de la delincuencia, y si se moviliza para protegerse se ve expuesta a ser perseguida por el gobierno. La inaplicabilidad práctica de la fórmula legalista de Peña Nieto la hace insensata e inútil, pues frente a un ataque del crimen nadie se va a poner a meditar si defenderse supone una violación de la ley.
Ese es precisamente el escenario al que ha arrojado a la población la incapacidad y la complicidad de las corporaciones de seguridad del gobierno, federal y estatales, y es lo que explica el surgimiento de policías ciudadanas y la expansión de la Policía Comunitaria que en Guerrero existe desde hace 18 años. No es por gusto, es porque la pasividad implica agresión o muerte, y es imposible, como pretende el discurso de Peña Nieto, situar la respetabilidad institucional por encima de la vida de los ciudadanos.
En Guerrero tal mensaje tuvo ya un efecto pernicioso, evidente en la ferocidad de la batida emprendida por el gobierno contra la casa comunitaria de El Paraíso. El gobernador Ángel Aguirre Rivero parece interpretar las palabras de Peña Nieto como un permiso para reprimir la iniciativa popular sin reparar en los medios empleados, de ahí que esta semana haya intensificado la campaña contra Nestora Salgado y destrozado más la ley para fabricarle delitos adicionales al de por sí insostenible de “secuestro agravado”.
El caso de Nestora Salgado –como el de las decenas de policías comunitarios de la Casa de El Paraíso que están detenidos– es paradigmático del enturbiamiento institucional que se puede producir con la aplicación desde el gobierno de criterios retorcidos que suplantan el espíritu de la ley.
El gobernador Ángel Aguirre y la Procuraduría se empecinan ahora en desconocer a la Policía Comunitaria y a toda la Casa de Justicia de El Paraíso, legal, formal y públicamente incorporada a la CRAC, para negarle en consecuencia a Nestora Salgado todo vínculo con esa organización social. Lo hacen pese a que era justamente en cumplimiento de su función de coordinadora en Olinalá que la dirigente social acudía a las reuniones y mantenía una fluida interlocución pública con el gobierno. Días antes de su detención por el Ejército y la Marina, Nestora Salgado acudió al Palacio de Gobierno a un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de la cual se publicaron fotografías en los diarios. Con todo eso, es acusada de “secuestro” por la detención del síndico Armando Patrón Jiménez, realizada de acuerdo con los ordenamientos que rigen a la Policía Comunitaria de la CRAC y por cargos que fueron dados a conocer públicamente. Aun si en esa detención –o en alguna otra– se hubiera cometido alguna irregularidad o abuso por parte de la Policía Comunitaria, que no es el caso, resulta arbitrario clasificar el arresto del síndico como un secuestro y descargar contra Nestora Salgado toda la saña gubernamental. En el colmo de la mala fe y la manipulación de la ley, el procurador Iñaki Blanco y el propio gobernador Ángel Aguirre mantienen la postura de que la detención del síndico fue un secuestro, cuando el propio Patrón Jiménez dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que carecía de pruebas para acusar a Nestora Salgado de haber pedido a su familia un “rescate” por su liberación. (Y puestos en la hipótesis del secuestro, ¿lo cometió ella solita? ¿Por qué los demás policías comunitarios que intervinieron en el “secuestro” no han sido acusados?).
El empeño de Aguirre por encarcelar a Nestora Salgado a cualquier costo para complacer al Ejército y ahora al presidente Peña Nieto, lo ha llevado a tergiversar las resoluciones de la asamblea de la CRAC realizada el sábado pasado, que explícitamente, sin lugar a dudas, rechazó expulsar a la Casa de El Paraíso como planteaba el grupo de Eliseo Villar Castillo y resolvió exigir la liberación de todos los policías comunitarios detenidos, incluida Nestora Salgado. En un hecho sorpresivo, durante la reunión de representantes de la CRAC con funcionarios gubernamentales en el Palacio de Gobierno el martes –como a las que iba Nestora Salgado–, el acuerdo de la asamblea fue desconocido y la coordinadora en Olinalá excluida de la lista de detenidos cuya liberación es negociada con el gobierno. El impacto de la campaña destructiva de Aguirre contra la CRAC y la Policía Comunitaria quedó expuesto nuevamente ahí de una manera grotesca, pues el mismo coordinador de la Casa de San Luis Acatlán, Eliseo Villar, dio otra vez la espalda a Nestora Salgado, se alineó a la postura de Aguirre y también desconoció el acuerdo de la asamblea.
Enredado en la imposibilidad de acreditar el delito de secuestro que se atribuye a Nestora Salgado, el gobierno recurre a todas las triquiñuelas que le facilita el poder para avanzar en su propósito de someterla. En contubernio con el juez que lleva el caso, ha impedido que el abogado del Centro Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, asuma la defensa de la dirigente social, y también pretende desvirtuar el alcance de la Ley 701 que ampara la existencia y actividad de la CRAC y de la Policía Comunitaria. En una actitud insólita, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, que antes fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas “se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, es decir en una trampa, un estorbo. Esa sola declaración transparenta la arbitrariedad que pretende consumar el gobierno de Aguirre contra Nestora Salgado, quien a pesar de toda la vocinglería oficial no cometió un secuestro ni ha sido expulsada de la CRAC, por lo que conserva la protección de la Ley 701. El gobernador busca ahora justificarse políticamente en el mensaje de Peña Nieto, pero ni con el peso del poder presidencial detrás suyo se ve cómo pueda prosperar jurídicamente la infamia que dirige personalmente contra una mujer inocente de cargos que le han sido fabricados.

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