Se reúnen la CRAC de Cirino y la UPOEG; buscan un frente con El Paraíso y Temalacatzingo

*La Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón exige la libertad de los detenidos de Ayutla y Olinalá y condena la actuación del Ejército, rechaza la Policía Rural, la credencialización y las comisiones de diálogo

En la asamblea denominada Reunión contra la represión y por la solidaridad, con unos 800 asistentes, ayer en esta comunidad, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e integrantes de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, disidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Policía Comunitaria (PC), formaron una comisión para entablar pláticas con integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso y con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, con la finalidad de hacer una reunión estatal más amplia y hacer un frente y así defenderse de los atropellos del gobierno.
En la reunión donde participaron dirigentes de la UPOEG y de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, los oradores se centraron en la unidad de los organismos que se encargan de combatir a la delincuencia y proporcionar la seguridad a sus comunidades.
En su intervención el fundador de la CRAC, Apolonio Cruz Rosas, dijo que el dinero que se le dio a cada policía de la CRAC que dirige Eliseo Villar Castillo (diez mil pesos según se dijo) lo dio el propio gobierno, “para comprar conciencias”, que fue esa la condición para credencializar a los policías. Dijo que los dirigentes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán ya están visitando las comunidades con la intención de quitar de los cargos a personas que les estorban.
Expuso que la propuesta de ellos como fundadores y de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón es seguir con el proyecto original de la CRAC, “limpio, sin veneno. Lo que se vaya a hacer será acuerdo de la asamblea, así empezaos y así vamos a seguir”, que en caso de que los coordinadores o alguien con algún cargo cometa algún atropello, la asamblea lo sancionará, “sobre ese camino debemos de seguir trabajando”,  dijo a los presentes.
Por su parte el comandante regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande, dijo que es necesario que los grupos de seguridad que existen en el estado se unan porque están “contra un monstruo, no estamos contra algo sencillo”, que reconoce que en el área de San Luis Acatlán no hay una delincuencia como lo que se vive en otros municipios como Cruz Grande, Xaltianguis y otros en los que Policía Ciudadana tiene presencia, que en estos municipios el pueblo se organizó y en pocos días logró reducir el número de secuestros, extorsiones y robos, que ahora empiezan a surgir de nueva cuenta.
Expuso que antes no tenían problemas con el gobierno, que esto fue después de que los pueblos empezaron organizarse para abatir la delincuencia, “¿acaso por perseguir a delincuentes, vamos a acabar todos perseguidos?”, cuestionó. Dijo que luego de lograr la tranquilidad en los pueblos, ahora el gobierno federal está militarizando las zonas de influencia de la UPOEG con el “pretexto” de instalar los comedores comunitarios como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Afirmó que luego del empiezo de la militarización, en el municipio de San Marcos, regresaron las extorsiones y asesinatos y que incluso anteayer hubo un secuestro.
En la reunión se estuvo entregando a los asistentes un escrito de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, en donde se señala que el problema que existe en la CRAC es por la imposición de personas que con ideas verticales y la falta de definición política ante el gobierno “lastimaron nuestro proyecto. Se dejó de consultar a los pueblos”, que por ello es necesario reconstruir el territorio comunitario, “donde el pueblo manda y el gobierno obedece”. Se enfatiza que el Estado ha estado usando  todo tipo de artimañas “para confrontarnos, dividirnos, cooptarnos, comprarnos”.
Exponen que el gobierno federal y estatal ocuparon a los supuestos dirigentes para difamar a las comunidades con desinformaciones, pues éstos recibieron dinero y con esto le dieron la espalda a las comunidades; que el poder enloqueció a los dirigentes “que incluso llegaron agredir y encarcelar a nuestras autoridades”, en clara alusión al actuar del coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo. Se ejemplifica el desalojo violento que se dio el 12 de febrero a cargo de “ilegítimas” fuerzas especiales de la CRAC, que ello quedará marcado en la memoria de los pueblos.
Explican que es necesario que la CRAC-PC recupere su esencia y sus principios, que las autoridades comunitarias, coordinadores y consejeros no pueden “andar por la libre” porque pueden ser cooptados por el poder y el dinero. Reiteran que la asamblea es y será la máxima autoridad para que nadie negocie a espaldas del pueblo.
En el documento  los integrantes de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón municipio de Malinaltepec condenan la actuación del Ejército, rechazan el mando único y la propuesta de la creación de la Policía Rural pues atenta con la “autonomía y la libre determinación” de los pueblos indígenas. Asimismo rechazan la credencialización, las comisiones de diálogo “representan una burla” y exigen la libertad de los detenidos de Ayutla y Olinalá.
En la reunión estuvieron representantes de la UPOEG de los diferentes municipios de Costa Chica, el dirigente de esta organización, Bruno Plácido Valerio; los coordinadores de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón; autoridades comunitarias aglutinadas en esta casa y Policías Comunitarios de las comunidades aledañas, con alrededor de 800 asistentes.
Bruno Plácido Valerio confirmó que su compañero Enrique Zarco fue detenido por el Ejército cuando iba de regreso, luego de tener la reunión en Playa Ventura, asimismo dijo que los castrenses retuvieron un autobús donde iban simpatizantes de la UPOEG, dijo que espera que este lunes quede libre. Expuso que todo esto forma parte de la represión del gobierno federal. (Misael Damián / El Carmen, San Luis Acatlán).