Apoyan a Aguirre los partidos en el Congreso para modificar la ley de derechos indígenas

*PRD y PRI, en contra de “tribunales paralelos”. En la comparecencia los funcionarios estatales hablaron de la necesidad de revisarla, revela Álvarez Angli, del PVEM. El MC habla de “abusos” de la Policía Comunitaria. Son indicaciones de Peña Nieto a Aguirre, afirma Salazar Marchán, del PT

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Los coordinadores de las fracciones en el Congreso local coincidieron en que es necesario revisar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como se los pidió el gobierno del estado, porque consideraron que es “una ley incompleta”.
Dijeron que se debe precisar en la ley la inexistencia legal de tribunales ciudadanos.
Comentaron también que en la Comisión de Gobierno ya habían platicado sobre la necesidad de revisar o reformar la Ley 701, a partir de conatos de enfrentamientos que hubo entre policías municipales y en otras ocasiones con militares y policías comunitarias, pero que esta vez tratarían de manera formal el tema.
El coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, dijo que en la comparecencia del gabinete de seguridad, no hubo una solicitud puntual del secretario de Gobier-no, Jesús Martínez Garnelo, de revisar la ley como lo hizo el domingo el gobierno del estado.
El coordinador de la bancada más grande en el Congreso local afirmó que sí es necesario “mejorar la Ley 701” y afirmó que deberá quedar claro en la legislación que no se puede permitir que “los ciudadanos sigan haciendo justicia por su propia mano”, lo que lleva al planteamiento del gobernador Ángel Aguirre de que po-drán detener a quienes cometan ilícitos pero de inmediato ponerlos a disposición de las dependencias estatales.
Se buscó al coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza, pero no atendió las llamadas, y el priista Héctor Astudillo Flores afirmó que el llamado del gobernador es entendible por los problemas que ha generado el que en la ley no estén reguladas las policías comunitarias, “la efervescencia y la cantidad de grupos que se han querido acomodar en el texto de la ley de derechos indígenas”.
Astudillo Flores afirmó que la Ley 701 menciona la existencia de la Policía Comunitaria, “pero no hay un capitulo que la desglose”, y consideró que la “revisión” va en el sentido de ampliarla.
Y que el cambio solicitado por el gobierno estatal, seguido de la solicitud de revisar o modificar la ley que los ampara, es porque los policías comunitarios “se salieron de las zonas indígenas”.
Después afirmó que el PRI y él de manera particular está “rotundamente en contra de los tribunales paralelos”, por lo que consideró que la Policía Comunitaria no debería impartir justicia.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Mario Ramos del Carmen, afirmó que la revisión es obigada por los “abusos” que ha cometido ?la Policía Comunitaria.
El coordinador de la bancada de cinco diputados consideró que hay “muchos problemas” que se deben prever en la ley, como el tipo de armamento que podrán utilizar y las demarcaciones en las que podrán portarlas, también qué delitos podrán ser “atendidos” por las policías comunitarias.
Arturo Álvarez Angli, del PVEM, dijo que en la comparecencia del miércoles pasado los funcionarios estatales hablaron de la necesidad de revisar la Ley 701 “y es una opinión compartida por la mayoría de los diputados”.
Álvarez Angli afirmó que varias veces habían platicado en la Comisión de Gobierno una posible revisión de esa ley, pero que no se había iniciado.
Afirmó que todas las leyes deben ser revisadas, y en el caso de la 701 consideró que requiere mayor precisión porque “se usa a conveniencia”,
El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán, consideró también que la ley 701 está incompleta, porque  es enunciativa y “fue creada para justificar la existencia de la CRAC, que no encajó porque es un modelo de seguridad y justicia completo”.
Pero consideró que “la arremetida del gobierno estatal contra la CRAC es por un llamado de la federación” y que las acciones del gobernador son a partir de indicaciones que recibió del presidente Enrique Peña Nieto.