Pide Larequi al secretario de Gobierno terminar la depuración del transporte que inició en enero

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el estado, Juan Larequi Radilla solicitó el consentimiento del secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez para terminar el proceso de depuración del transporte en Chilpancingo.
En una carta firmada por Juan María Larequi Radilla y fechada el 13 de marzo de este año, el funcionario pide a Salgado Gómez “su anuencia para terminar con el proceso  de depuración del transporte en la ciudad de Chilpancingo”.
Al respecto, vía telefónica se le preguntó al delegado de la dependencia en la zona centro, Eurípides Navarrete Vásquez, pues no se pudo localizar al titular.
Sin embargo, dijo que a él no se le informa nada al respecto y que el proceso de concesiones está a cargo del dirigente transportista Mario Cerecero Torres, quien es también el encargado del área de concesiones de la Dirección Técnica de Transportes.
Al pedirle que facilitara alguna forma para localizar a su compañero de trabajo, dijo desconocer el número particular de Cerecero Torres y el de su oficina.
El proceso de depuración del transporte comenzó el pasado 16 de enero mediante la organización de asambleas en las que se inscribieron y participaron 386 aspirantes a una de las 76 concesiones que el gobierno del estado tiene planeado entregar este año.
Las asambleas siguieron hasta el 26 de enero y el propio Larequi Radilla dio a conocer que sólo 5 habían pasado “de manera limpia” las examinaciones de sus colegas, pues fueron los taxistas quienes votaron para aprobar, o desaprobar la antigüedad que cada trabajador del volante día que tiene laborando. El resto fue impugnado y entró en un proceso de investigación del cual a la fecha no se sabe sobre los avances.
El 13 de febrero unos 40 taxistas protestaron afuera de Casa Guerrero y días después partieron en caravana unas 100 unidades de taxis hasta Palacio de Gobierno, donde denunciaron que había riesgo de que los transportistas se las quedaran y las repartieran a discreción, además de que a cada trabajador que ya había generado antigüedad, se le pedían al menos 150 mil pesos por concesión.
El 21 de Febrero, Juan Larequi informó que buscaba que los trabajadores se pusieran de acuerdo en a quién le correspondían las concesiones por antigüedad y que el proceso de investigación iba apenas en 30 por ciento, por lo que urgía la participación de los trabajadores.
Desde entonces no se ha informado al respecto.