Un año de la golpiza a Sánchez Nava y sólo están presos tres priístas responsables

Jesús Saavedra

Chilpancingo

A un año de la salvaje golpiza que recibió Guilllermo Sánchez Nava, que lo dejó al borde de la muerte y le provocó secuelas físicas graves, las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el caso se han estancado y el proceso penal que se sigue en contra de tres presuntos autores materiales continúa, sin que se haya deslindado que haya alguna responsabilidad intelectual o más cómplices por este delito cometido en plena recta final de la elección de gobernador.
Hace exactamente un año, Sánchez Nava pasó parte del día en la sede del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), donde era representante de la coalición Guerrero nos Une del PRD, PT y entonces Convergencia, que tenía como su candidato al hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero.
De acuerdo con las constancias públicas, Guillermo Sánchez Nava o Sam, como lo conocen sus compañeros de partido, estuvo la noche del 10 de enero en sesión de trabajo con consejeros y representantes de partido, donde denunció que había colocada propaganda en lugares prohibidos y que además estaban documentando que brigadas de simpatizantes de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero del PRI, PVEM y Nueva Alianza, estaban destruyendo propaganda de Aguirre Rivero.
Coincidentemente, al salir de esa reunión recibió una serie de mensajes de texto en su teléfono móvil donde le indicaban que rumbo al Palacio de Gobierno estaba un grupo de personas destruyendo propaganda de la coalición que representaba ante el IEEG, y se dirigió en su automóvil a esa zona que se ubica a unos 300 metros del órgano electoral.
Con una pequeña cámara fotográfica en mano, Sánchez Nava sorprendió a unos 30 brigadistas del PRI destruyendo la propaganda de Ángel Aguirre y colocando la de su candidato, Manuel Añorve Baños, y decidió tomar fotografías para soportar una futura denuncia ante el IEEG.
El grupo de personas que fue sorprendida en este hecho decidió arremeter violentamente contra el dirigente del PRD, a quien bajaron a golpes de su automóvil, lo tiraron al piso, donde literalmente lo molieron a patadas y lo dejaron casi muerto, para posteriormente huir.
Al lugar llegaron compañeros de Sánchez Nava como Urbano Lucas, Sebastián de la Rosa, Misael Medrano, María del Carmen Cabrera y Beatriz Mojica, quienes lo llevaron a una clínica particular en donde la recomendación fue que se debía trasladar de inmediato a una clínica de especialidades, si se le quería salvar la vida, debido a la inflamación severa que presentaba en el cerebro, además de varias fracturas que tenía.

Zeferino no quiso prestar el
helicóptero

Esa noche Sebastián de la Rosa pidió al entonces gobernador Zeferino Torreblanca que le prestara el helicóptero que utilizaba para su transporte personal y llevar de emergencia a la ciudad de México a Guillermo Sánchez Nava, pero el gobernador no aceptó.
Han transcurrido doce meses y Sánchez Nava no se ha podido recuperar de las lesiones físicas que le provocó esa salvaje golpiza, que lo ha obligado a mantenerse en continúa atención médica en la ciudad de México; en diciembre pasado estuvo unas horas en esta capital, en una reunión muy privada con algunos de sus compañeros cercanos del PRD y sus familiares, por el motivo de su cumpleaños, pero su recuperación es lenta, progresiva y a largo plazo.
Unas horas después de la agresión, dirigentes del PRD acudieron a interponer una denuncia penal en la PGJE, que abrió ante la Fiscalía Especial de Delitos Graves la averiguación previa BRA/SC/06/0058/2011 por el delito de intento de homicidio, pero la indagatoria no avanzó en los últimos días del gobierno de Zeferino Torreblanca, a pesar de que se volvió una exigencia perredista de que se detuviera a los responsables materiales e intelectuales de esa agresión.
Con la llegada a la PGJE del perredista  Alberto López Rosas, se agilizaron las investigaciones e inclusive se citó a declarar al presidente municipal de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores.

Tres priístas detenidos

Así, el 10 de junio, cinco meses después de esa agresión, la PGJE  presentó a tres hombres, que se dijeron activistas del PRI e inclusive el que los encabezaba, Antonio López Velásquez, declaró ministerialmente que era “asesor” del gobierno municipal que encabeza Astudillo Flores.
La detención de esas personas se logró porque uno de los celulares que llevaba Sánchez Nava la noche de su agresión, seguía siendo utilizado por una de las personas que lo habían agredido, de donde le marcaban de forma insistente a Iván Arizmendi Nava, quien es una persona de filiación priísta, ligado a la CTM y que encabeza un grupo de poderosos transportistas que se encargan de la distribución de pipas de agua en esta capital, los cuales fueron beneficiados con un convenio con el gobierno de Héctor Astudillo para un programa de distribución de agua a colonias populares.
A Arizmendi Nava le marcaban de forma continua del celular de Guillermo Sánchez y fue como lo presentaron e informó que quien le marcaba era Eduardo Sánchez Abarca, vecino de la colonia Zapata, quien también fue presentado y denunció a Celso Manzano Flores, vecino de la localidad de Petaquillas; ambos se dijeron brigadistas del PRI, a quienes les pagaban 200 pesos por colocar propaganda del entonces candidato de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, Manuel Añorve Baños, y que la noche de la agresión estaban bajo las órdenes de Antonio López Velásquez, a quien implicaron en sus declaraciones ministeriales.
López Velásquez fue un activo promotor de la campaña de Astudillo Flores para la elección municipal del 2009, y en consecuencia después del triunfo electoral de ese año, fue designado encargado de un programa especial que puso en marcha el alcalde de esta capital de distribución de pipas de agua en colonias de la periferia en época de estiaje.
Durante la elección de gobernador de este año, se encargó de la colocación de propaganda de Manuel Añorve Baños en Chilpancingo.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la juez tercera penal, María del Rosario Muñiz Quezada, ante quien los inculpados ratificaron sus declaraciones, se dijeron inocentes y buscaron que se les detuviera por el delito de lesiones, que está tipificado como un delito no grave y podrían alcanzar una fianza de libertad, pero no ocurrió así y se mantuvo la acusación de intento de homicidio.
Ante la jueza, el Ministerio Público presentó 46 elementos de prueba con los que fundamenta su acusación de “tentativa de homicidio calificado”, en contra de esas tres personas, en agravio de Guillermo Sánchez Nava, en hechos ocurridos el 11 de enero del 2011.
Celso Manzano Flores y Eduardo Sánchez Abarca fueron asistidos por su abogado particular, Pedro Urbano Lauro, y ante la juez ratificaron el contenido de sus declaraciones que rindieron el 10 de junio, cuando fueron llevados en calidad de presentados ante la Fiscalía para Delitos Graves de la PGJE, encargada de las investigaciones.
En sus declaraciones los dos se deslindan de haber golpeado al dirigente perredista, pero aceptan que la noche de la agresión ellos fueron testigos de la misma y que estaban trabajando como brigadistas del PRI para colocar propaganda de Manuel Añorve y destruir propaganda de Ángel Aguirre Rivero, entonces candidatos a gobernador.
Por su parte Antonio López Velásquez también ratificó sus declaraciones donde acepta haber sido responsable de la colocación de propaganda de Manuel Añorve en esta capital y que es “comerciante y empleado del H. Ayuntamiento de esta ciudad capital, donde me desempeño como asesor en programas en general, sin ser reconocido en nómina desde hace dos meses, pero sí se me paga por parte del H. Ayuntamiento”.
En esa misma declaración también descarta que haya agredido a Sánchez Nava y que su función era “colocar propaganda del doctor Manuel Añorve Baños”.
Abunda en su declaración que recibía indicaciones en la campaña de Jesús Romero y otras “gentes, quienes eran coordinadores operativos de campaña en el estado”.
Afirmó además que la noche de la agresión colocó propaganda por el Palacio de Gobierno, pero que a las ocho de la noche se retiró a su domicilio y ya no salió, “niego rotundamente de lo que se me acusa”, sostiene en su declaración.
El momento clave de la declaración de López Velásquez fue cuando acepta ante el Ministerio Público que el 11 de enero, para la colocación de propaganda de Añorve Baños utilizó una camioneta tipo estaquitas de la marca Nissan, color blanca, porque es en esa camioneta donde se desplazaban las brigadas que agredieron a Sánchez Nava y, de acuerdo a las declaraciones ministeriales de los otros dos detenidos, encabezaba quien se dijo “asesor” del ayuntamiento capitalino.
Inclusive acepta que recibía ayuda para colocar esa propaganda y que quien les pagaba a esas personas era Jesús Romero, y les prestó una camioneta Jesús Tejeda Vargas, presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo.
Inclusive en los juzgados se presentó como abogado de Antonio López, Juan Jesús Vázquez Garnelo, quien se conoce es cuñado del presidente del patronato de la Feria, Jesús Tejeda Vargas.
Las tres personas son involucradas en la agresión a Sánchez Nava por Iván Arizmendi Nava, quien es distribuidor de pipas de agua en la capital y quien acepta en su declaración ministerial que la noche de los hechos, quien conducía la camioneta Nissan tipo estaquitas era él.
Dijo que fue invitado a participar en la campaña a invitación directa de Antonio López, a quien conoce a partir del programa que desempeñaba en el ayuntamiento de distribución de agua clorada en pipas a colonias populares.
Dijo que el día de la agresión fue citado en el estacionamiento de la tienda Liverpool, donde López Velásquez le entregó las llaves de la camioneta y la responsabilidad de trasladar a unas treinta personas para la colocación de la propaganda.
Que durante varias horas, estuvieron bebiendo bebidas embriagantes la mayoría de las personas que trasladaba y que por la noche dijo a López Velásquez que les comprara de comer a sus ayudantes para que se les pasara la embriaguez.
Que él fue a comprar tacos cerca del lugar de la agresión, cuando le avisaron que se había provocado una agresión y que se había iniciado una gresca, y que cuando llegó a unos metros del Palacio de Gobierno pudo ver a varias personas golpeando a un señor en el piso y que quien lo “remató” a patadas y a golpes fue “Antonio López Velásquez”.
Iván Arizmendi reconoce plenamente también como agresores a Celso Manzano Flores y Eduardo Sánchez Abarca, este último a quien se le encontró el celular que le habían robado a Sánchez Nava la noche de la agresión.
Arizmendi Nava sostiene además que la noche de la agresión lo dejaron solo en ese lugar mientras todos huían, luego de cometer ese acto, y que se enteró al otro día que el agredido había sido un dirigente del PRD y que no cometió ninguna falta.
La juez Muñoz Quezada dictó auto de formal prisión a esos tres hombres y determinó que la PGJE presentó suficientes elementos de prueba para responsabilizar a Celso Manzano Flores, Eduardo Sánchez Abarca y Antonio López Velázquez de “intento de homicidio calificado”, por el que no alcanzaron fianza al tipificarse como un “delito grave” y por el cual podrían enfrentar una pena de hasta diez años de cárcel como sanción.
Desde esa fecha, tras la resolución de la jueza Muñoz Quezada, se abre un período de presentación de pruebas de cargo y de descargo en un lapso de diez meses, y se desconoce el estado que guarda el proceso penal y las investigaciones de la PGJE.