Tlachinollan: el informe, base para fijar responsabilidades penales y políticas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo ayer que en el informe preliminar que emitió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, todavía no se puede apreciar quiénes son los servidores públicos a quienes se les implicarán las acciones legales, pero que sienta las bases para que las investigaciones lleguen hasta los responsables del asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Rosales Sierra, quien encabeza al grupo de abogados que presentó la solicitud de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero a nombre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ante el Congreso de la Unión por el desalojo de los estudiantes el 12 de diciembre, dijo que, por lo pronto, el informe preliminar de la investigación apunta a responsabilizar al ex procurador Alberto López Rosas.
“También queda demostrado que consecuencia de esta orden, la policía actuó y provocó la muerte de los dos estudiantes y heridas a los otros tres, lo que implica la responsabilidad penal, tanto para quienes dieron la orden  como para quienes la acataron”, explicó.
Sin embargo, agregó también que del resultado del informe se advierte que hubo responsabilidad política de parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero, por las acciones que vinieron después del desalojo, como la alteración de la escena del crimen, el intento por desviar el tratamiento de la información, la estigmatización de los normalistas como violentos y la criminalización de su movimiento.
Agregó que todas estas acciones sientan las bases para encontrar los elementos y “apuntalar” responsabilidades no solamente penales a los responsables, sino también políticas.
El abogado dijo que el informe confirma que hubo graves ilícitos cometidos por parte de las fuerzas policiacas, de las que también se podría responsabilizar a sus superiores, como la ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, violación del derecho a la vida, violación al derecho a la legalidad, violación a la seguridad jurídica, a la integridad física y al derecho a la libertad.
“Todos estos son elementos suficientes para instaurar un proceso penal y político a los responsables”, dijo el abogado.
Sin embargo, señaló que en el informe todavía no se señala con claridad a los responsables, “pero sienta las bases para que al menos algunos mandos de las corporaciones sean puestos a disposición y deslindar las responsabilidades”.
Aclaró que el que se dio a conocer el lunes no es un informe acabado, pues de parte de los estudiantes hacen falta “muchísimos” elementos por aportar, pero insistió en que por lo pronto en ese informe preliminar se da la razón a los estudiantes y sienta las bases para deslindar la responsabilidad penal y política, y ésta última corresponde al gobernador, dijo.