Liberan bajo fianza a 11 de los 12 policías comunitarios de Zitlaltepec
*Uno no salió por estar acusado de portar un arma prohibida. Fueron golpeados a patadas en el penal de Chilpancingo, denuncia el comandante Santiago de Jesús Gálvez. Buscará que se cambie el auto de formal prisión mediante un amparo o recurso de inconformidad, anticipa el abogado Vidulfo Rosales
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Tras el pago de una fianza, ayer salieron de prisión 11 de los 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, detenidos por soldados hace nueve días en Cochoapa el Grande, para continuar su proceso en libertad luego de que el juzgado séptimo de distrito dictó auto de formal prisión contra todos por el uso de armas sin licencia y de una carabina 30-30 de uso exclusivo del Ejército.
El único que no alcanzó libertad bajo caución fue Samuel Ramírez Gálvez, de 18 años de edad, hijo de la coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc, Beatriz Gálvez Macario, acusado del uso del arma reglamentaria.
Entre los liberados, el comandante regional de Zitlaltepec, Santiago de Jesús Gálvez, denunció que cuando ingresaron al penal fueron golpeados a patadas, pero no identificó a sus agresores. Sólo indicó que un custodio abrió el acceso donde un grupo los esperaba.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que el director del penal les dijo que el detenido que quedaba tendría garantías de seguridad, lo que también pidieron al secretario de Seguridad Pública, Javier Lara Montellanos.
De Jesús Gálvez confirmó que los liberados regresarán a sus comunidades, todos son originarios de Zitlaltepec y anexos, para continuar su labor como Policía Comunitaria.
Luego, Rosales Sierra destacó que la juez del juzgado séptimo de distrito reconoció en su resolución que los detenidos son policías comunitarios amparados en la Ley estatal 701, que les da facultades para desempeñar tareas de seguridad pública, de investigación y procuración de justicia, sin embargo privilegió la Ley de Uso de Armas de Fuego y Explosivos para dictar el auto de formal prisión.
En este sentido, adelantó que va a pugnar que se modifique el auto de formal prisión por uno de libertad, a través de un recurso de inconformidad o de un amparo, que habrá de revisar con el equipo legal.
Desde que fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) por la policía municipal de Cochoapa el Grande, el agente del Ministerio Público federal fijó fianzas para los detenidos, pero Rosales Sierra explicó que el monto era muy alto y no había dinero para depositar la caución.
Pero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) consiguió el dinero para la fianza, más baja, que se fijó en el juzgado séptimo de distrito, de nueve mil 138 pesos por persona, para continuar el proceso en libertad.
Precisó que el detenido, el más joven de entre los policías comunitarios que se quedó en prisión, tendrá el mismo proceso que sus compañeros; “hemos pedido todas las garantías al director, porque supimos de actos de agresión de la comunidad del penal, que querían atentar contra ellos”. El caso de los 12 policías está en la causa penal 61/2013.
En consulta por separado, el comandante regional de la Casa de Justicia de de Zitlaltepec confirmó que tenían autorización, incluso la petición del síndico de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, para intervenir en un conflicto entre particulares en su jurisdicción.
El caso se discutió en la Casa de Justicia de Zitlaltepec, que pertenece al municipio de Metlatónoc, y el domingo 6 de octubre entraron a Cochoapa el Grande a detener a uno de los señalados para que les presentara su versión de los hechos.
Peor en lugar de la concretar la diligencia, fueron detenidos por soldados, por el uso de escopetas y pistolas calibre 22 y 9 milímetros, y entregados por la policía municipal a la PGR.
La semana pasada, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, informó que recibieron un cheque del síndico de Cochoapa para cubrir la fianza de los detenidos, porque él era responsable de la operación “y los traicionó”.