Enfila al fracaso evaluación policial; ampliarán plazo

Rolando Herrera /?Agencia Reforma

Ciudad de México

La certificación de los policías en el país está entrampada.
Por segunda vez, se busca ampliar el plazo que se estableció hace cinco años en la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional para que todos los agentes policiacos fueran sometidos a una evaluación.
Dicho requisito es obligatorio para la permanencia de los elementos en los cuerpos de seguridad pública, entre ellos policías – tanto preventivos como de investigación-, agentes del Ministerio Público, peritos y custodios.
Así como para todo el personal vinculado a tareas de seguridad pública, procuración de justicia y prisiones.
La alta rotación del personal policial, la poca capacidad que se tenía al principio para realizar la evaluación -conformada por cuatro pruebas: poligráfica, toxicológica, psicológica y de entorno social-, así como el desinterés de algunos estados y municipios, son algunos factores que han provocado el retraso en la certificación, de acuerdo con autoridades.
En el caso de la rotación del personal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha calculado que ronda el 30 por ciento anual, lo que significa que cada año 130 mil policías salen de las corporaciones y un número equivalente lo sustituye.
Esto ocasiona una disminución en el porcentaje de personal certificado, mientras que los nuevos elemento aumentan el universo a evaluar.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor el 3 de enero de 2009, estableció un plazo de cuatro años para que todos los policías del País fueran evaluados y certificados.
Sin embargo, al arranque del proceso de certificación sólo el gobierno federal contaba con un Centro de Control de Confianza, encargado de realizar las evaluaciones, y fue en los años posteriores que en los estados se conformaron estas instituciones de manera paulatina.
También en el inicio, no se contaba con los suficientes expertos en poligrafía y psicología, así como técnicos en visitas de entorno socioeconómico, para avanzar rápidamente; en 2011, el déficit de estos especialistas era de mil 758, que representaban el 69 por ciento del total requerido.
El plazo para tener a todo el personal certificado, se cumplió el 3 de enero pasado; sin embargo, como ya se tenía la certeza de que no se cumplirá con la meta, el Legislativo ya había aprobado previamente una prórroga de 10 meses, la cual vence el próximo 29 de octubre.
No obstante, el Senado de la República aprobó ayer una nueva iniciativa para extender 12 meses más la fecha límite para completar el proceso.
Si la Cámara de Diputados no aprueba la nueva prórroga que ayer votó el Senado, todos las actuaciones que a partir del 30 octubre realice el personal que no esté certificado, podrían ser calificadas como ilegales y caerse en los tribunales.