Podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice López Rosas

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El ex procurador Alberto López Rosas anticipó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la “persecución política” ejercida en su contra por las autoridades federales, a las que acusó de no querer investigar a la Policía Federal por el desalojo violento del pasado 12 de diciembre, cuando murieron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, responsabilizó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, “por las acciones que sobre mi persona ocurran”, y reiteró que están a salvo sus derechos políticos.
Y adelantó que de ser necesario acudirá ante la CIDH, pues “no puede seguirse atropellando a la institución en el estado, ni puede seguirse sesgando una investigación que debe ser tratada con claridad”.
Luego dijo que quisieron involucrarlo en los homicidios, “no pudieron hacerlo (y) se maneja que podemos recibir 14 años de prisión”, todo para “proteger a los verdaderos culpables”.
Por su parte, la PGR emitió un boletín de prensa en que destaca que se le dictó auto de formal prisión y que en caso de ser hallado culpable podría enfrentar una pena de 10 años por el delito de obstrucción de la justicia y por encubrimiento tres años.
López Rosas ofreció ayer antes del mediodía una conferencia de prensa en un restaurante del centro de esta ciudad, donde fijó una postura pública luego de que el Juzgado Primero de Distrito le dictara auto de formal prisión el pasado martes por la noche.
El ex procurador dijo que se le acusa de encubrimiento porque la PGR dice que “intenté encubrir a los policías ministeriales, sobre todo a los hoy procesados Rey David Cortés Flores e Ismael Salinas Matadamas, como autores materiales, e intentando desviar la investigación al insistir en que se abrieran líneas de investigación hacia la corporación federal, que fue la autoridad primera en llegar fuertemente armada y que accionaron sus armas cuando menos 22 de ellos como aparece en los dictámenes de la propia PGR”.
Y que el delito contra la administración de la justicia que pesa en su contra es por  “la liberación de 24 presuntos manifestantes, ocurrida un día después de los hechos”, pues la PGR considera que “debimos haberlos puesto a disposición” de un juez “cuando invariablemente se han declarado incompetentes para conocer de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación en el tramo que ocurrieron los hechos que han dado lugar a este caso”.
Subrayó que ambos “ilícitos no son considerados como graves” y que ninguno lo vincula “con actos de tortura, de represión o de homicidio, como era la pretensión inicial del órgano acusador”.
Explicó que luego del desalojo, “la PGR se abstuvo de requerir la entrega de los presuntos manifestantes retenidos, por indolencia, esquivando asumir su facultad de investigación, sabiendo que estaban en el área de seguridad de la PGJE y después extrañamente se dice agraviada por su liberación provisional bajo reserva de ley”.
Luego dijo que “existen testimonios que han hecho señalamientos directos sobre la corporación federal, obran dictámenes en los mismos sentidos y otros elementos de convicción que han sido esquivados para establecer una responsabilidad penal en contra de servidores públicos y ex servidores de la PGJE”.
Además ofreció su solidaridad a sus ex colaboradores, “que han tenido la experiencia de ser víctimas de esta persecución por parte de la PGR”.
Por último enfatizó “que resulta inaudito que en este caso el contenido de diversos videos captados el día de los hechos sean ignorados por las autoridades investigadoras federales. A través de videos se está llegando a la verdad en el caso de Florence Cassez; a través de ellos se logró la detención de los que incendiaron el Casino Royale en Monterrey, así también con videos se conocieron los hechos de Aguas Blancas y en el caso de Ayotzinapa la autoridad federal los ignora, en detrimento de la justicia”.
En las preguntas, el ex procurador insistió en defender a los agentes ministeriales y funcionarios implicados en el desalojo, pues “es un montaje más con el interés de sacrificar a elementos de la PGJE para mantener la im-punidad en las filas de la Policía Federal”.
Se quejó además de la “pasividad en el PRD, que se está privilegiando otros aspectos, me parece que han sido indiferentes y en el pecado llevarán la penitencia, pero vamos a demostrar nuestra inocencia y que las instancias federales están mintiendo”.