Apunta a la Conagua de la administración de Fox la indagatoria sobre las inundaciones en Acapulco

Agencia Reforma

Ciudad de México

La investigación por las inundaciones en Acapulco apunta, en el caso del gobierno federal, a la gestión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la administración de Vicente Fox.
En la víspera de la presentación del diagnóstico de daños por lluvias, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó que se indaga la participación del organismo en la autorización a los cambios de uso de suelo en el puerto, cuando la Conagua era encabezada por Cristóbal Jaime Jáquez.
“Se pidió un análisis de en qué momento la Conagua autorizó que los cauces del Río Sabana y los humedales de la Laguna de Tres Palos tuviesen cambios de uso de suelo. Debió haber una solicitud de autorización a la Conagua.
“Lo que se determinó es: “haber Conagua, haz un análisis histórico (…) porque tienes que tener  la documentación’. La Conagua tiene una altísima responsabilidad histórica en el cambio de uso de suelo de las zonas de humedales y causes de los ríos”, señaló en entrevista.
Para que las autoridades de Acapulco dieran autorización a las constructoras para edificar fraccionamientos y condominios, recalcó Puente, debió darse antes un cambio de uso de suelo que permitiera, por ejemplo, modificar el cauce de los ríos.
“Si el plan estatal de desarrollo (estatal) implica que tú (como autoridad municipal) tienes derecho a dar autorización sobre los usos, quiere decir que anteriormente a ti alguien te cambió el uso de suelo, porque tu no cambias el uso de suelo.
“Para tal efecto, alguien tuvo que haber cambiado el uso de suelo para que (el municipio) otorgue una licencia de construcción. Se determinó que la Conagua y la Sedatu, junto con las autoridades estatales, hagan un análisis más profundo”, explicó.
Reforma publicó ayer que Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó que hay responsabilidades de todos los niveles de Gobierno en la urbanización de zonas de riesgo.
Puente refrendó lo anterior y consideró que también hay responsabilidades de las empresas inmobiliarias, por no disponer de un canal de desagüe de aguas pluviales acorde a las necesidades y requerimientos.
“Yo diría que hay, no solamente omisiones de los tres órdenes de Gobierno, sino adicionalmente de las propias empresas que hicieron los cálculos sobre los canales que construyeron que no permitieron el desahogo de las aguas pluviales.
“En el análisis que hicimos, la infraestructura  inmobiliaria quedó pequeña; el llamado canal GEO, que lo ubicamos todos, es un canal que no tiene en sus estudios la consideración de la volumetría de aguas que puede manejar el río La Sabana en su salida hacia el mar”, expuso.
Puente enfatizó que las recientes inundaciones en el puerto son resultado de una serie de factores como los cambios de uso de suelo, el otorgamiento de licencias de construcción en zonas inundables y la no consideración del Atlas de Riesgos.